El PP catalán anuncia recurso al TC contra la ley de limitación de compra de vivienda pactada por el Govern y los comunes

El Partido Popular de Catalunya ha confirmado este sábado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley impulsada por el Govern de la Generalitat y los comunes para limitar la compra especulativa de vivienda en Catalunya, si finalmente es aprobada en el pleno del Parlament. El anuncio lo ha realizado el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, durante un acto político celebrado en Valls (Alt Camp), donde ha calificado la normativa como un «ataque inaceptable a la propiedad privada».

«Como es un ataque a la propiedad privada inaceptable, lo llevaremos al Tribunal Constitucional en cuanto tengamos los mecanismos oportunos para hacerlo», ha afirmado Fernández en declaraciones a la prensa, dejando claro que su formación no se quedará de brazos cruzados ante lo que consideran una intromisión en los derechos fundamentales de los propietarios.

El pacto entre el Govern y los comunes, cerrado el pasado jueves, establece la prohibición de la compra especulativa de vivienda, lo que se traducirá en una reforma de la ley de urbanismo que entrará en vigor antes del verano. El objetivo es garantizar que los pisos se destinen a residencia habitual o a alquiler a un precio con tope, con el fin de frenar la especulación inmobiliaria y garantizar el derecho a la vivienda.

Fernández, que también es diputado en el Parlament catalán, ha defendido que el derecho a la vivienda, «que está recogido en la Constitución», es «absolutamente compatible con el derecho a la propiedad privada», ya que «no se puede entender un derecho sin el otro». Para el dirigente popular, no le corresponde a los propietarios privados «garantizar el derecho a la vivienda», sino a «los gobiernos y a los poderes públicos».

«Con lo que se está haciendo en Catalunya y en el conjunto de España se seguirá destruyendo el futuro de las próximas generaciones», ha indicado Fernández, mostrando su preocupación por las consecuencias económicas que, a su juicio, tendrá esta normativa.

En un tono especialmente crítico, el líder del PP catalán ha acusado al Govern de estar «cubanizando» el mercado de la vivienda con unas medidas «que consiguen exactamente el efecto contrario de lo que pretenden», como es el caso del límite de los precios al alquiler. Esta comparación con el modelo cubano ha generado cierta controversia, al tratarse de una alusión directa a un sistema político y económico muy distinto al vigente en España.

Previamente, durante un acto en Lleida, Fernández ya había arremetido contra esta ley que, según él, «acabará incrementando la especulación», justo al contrario de lo que busca. Además, ha advertido de que «funcionarios, con el carné en la boca del PSOE o de los comunes van a ser los árbitros que van a decidir quienes son los especuladores y quien no», con «las consecuencias que tiene eso».

La crítica del PP no es aislada. También el sector inmobiliario y la patronal catalana Foment del Treball han puesto el grito en el cielo con esta normativa, advirtiendo de que podría reducir aún más la oferta de alquiler y disparar los precios. Junts, por su parte, ha acusado al Ejecutivo de Salvador Illa de «exportar el modelo de Ada Colau en Barcelona a toda Catalunya», en referencia a las políticas impulsadas por la alcaldesa de Barcelona, conocida por su firme defensa de la regulación del mercado de la vivienda.

La ley, que aún debe ser aprobada en el Parlament, ha generado un intenso debate político y social en Catalunya, enfrentando a quienes consideran que es necesaria para garantizar el derecho a la vivienda y frenar la especulación, con quienes la ven como una intromisión en la propiedad privada y un obstáculo para la inversión.

La decisión del PP de recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional, en caso de ser aprobada, abre un nuevo capítulo en la disputa por el control del mercado de la vivienda en Catalunya, y pone de manifiesto las profundas diferencias ideológicas que existen en torno a este asunto.

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