El régimen de excepción en El Salvador cumple casi cuatro años de vigencia: eficacia contra la criminalidad y controversias por derechos humanos

El Gobierno del presidente Nayib Bukele ha prorrogado por 48ª ocasión el estado de excepción en El Salvador, una medida extraordinaria que se mantiene vigente desde marzo de 2022 y que ha transformado radicalmente el panorama de seguridad en el país centroamericano. Esta prórroga, anunciada por las autoridades el pasado viernes, extiende un régimen que ha permitido a las fuerzas de seguridad detener y encarcelar a presuntos pandilleros sin necesidad de orden judicial, una facultad que ha sido clave en la estrategia gubernamental de «guerra contra las pandillas».

Un régimen sin precedentes en la región

El estado de excepción fue declarado inicialmente el 27 de marzo de 2022, tras una ola de asesinatos que dejó 87 víctimas mortales en tres días, atribuidos principalmente a las pandillas MS-13 y Barrio 18. Lo que comenzó como una medida temporal se ha convertido en el régimen de excepción más prolongado en la historia reciente de América Latina, con más de 1.100 días de vigencia continua.

Según datos oficiales, desde su implementación, más de 75.000 personas han sido detenidas en el marco de este régimen, muchas de ellas sin cargos formales y sin acceso inmediato a representación legal. El Gobierno argumenta que estas detenciones masivas han sido fundamentales para desarticular las estructuras criminales que durante décadas controlaron territorios enteros del país.

Resultados contundentes en materia de seguridad

El impacto del régimen de excepción en las cifras de criminalidad ha sido contundente. El Gobierno salvadoreño reporta que la tasa de homicidios se ha reducido de 38 por cada 100.000 habitantes en 2019 a menos de 3 por cada 100.000 en 2023, convirtiendo a El Salvador en uno de los países más seguros de América Latina y en el que menos homicidios registra en toda su historia reciente.

«La estrategia de seguridad ha sido un éxito rotundo», declaró el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. «Hemos recuperado el territorio que estaba en manos de las pandillas y hemos devuelto la tranquilidad a millones de salvadoreños que vivían con miedo».

El Gobierno también ha destacado la disminución de extorsiones, que prácticamente han desaparecido de las comunidades más afectadas, así como la reapertura de escuelas y centros de salud que permanecían cerrados por la presencia pandillera.

Críticas y preocupaciones internacionales

A pesar de los resultados en materia de seguridad, el régimen de excepción ha generado críticas significativas por parte de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han expresado preocupación por las detenciones masivas y las condiciones carcelarias.

Según estas organizaciones, miles de personas detenidas no tenían vínculos con pandillas, sino que fueron arrestadas por perfilamiento racial, vivir en zonas de alta incidencia delictiva o por denuncias falsas. Además, se han documentado casos de maltrato, hacinamiento en las cárceles y falta de acceso a debidos procesos legales.

El Gobierno de Bukele ha rechazado estas críticas, argumentando que las medidas extraordinarias son necesarias para enfrentar una amenaza extraordinaria. «Quienes critican nuestro modelo de seguridad no han vivido el terror de las pandillas», ha declarado el presidente Bukele en múltiples ocasiones.

Impacto económico y social

El régimen de excepción ha tenido también implicaciones económicas significativas. El Gobierno ha destinado miles de millones de dólares a la construcción de mega-cárceles, como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que alberga a más de 12.000 reos en condiciones de alta seguridad. Esta inversión ha sido posible gracias a los ingresos generados por la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal y por las remesas familiares, que han aumentado durante la administración Bukele.

En el ámbito social, la percepción de seguridad ha mejorado notablemente. Encuestas recientes indican que más del 90% de los salvadoreños aprueba la gestión de seguridad del presidente Bukele, quien ha consolidado su popularidad y se perfila como favorito para las próximas elecciones presidenciales de 2024.

Perspectivas futuras

La prórroga número 48 del estado de excepción plantea preguntas sobre la sostenibilidad a largo plazo de este modelo de seguridad. Expertos consultados por este medio señalan que, aunque las cifras de criminalidad son alentadoras, la concentración de poder en las fuerzas de seguridad y la suspensión de garantías constitucionales podrían tener consecuencias negativas en el futuro.

«El desafío ahora es mantener la seguridad sin necesidad de un régimen de excepción permanente», afirma un analista de seguridad que prefirió mantener el anonimato. «El Gobierno debe trabajar en la prevención, la reinserción social y el fortalecimiento de las instituciones para evitar una recaída en la violencia».

Mientras tanto, El Salvador continúa siendo observado de cerca por otros países de la región que enfrentan desafíos similares con el crimen organizado. La experiencia salvadoreña, con sus logros y controversias, se ha convertido en un caso de estudio para naciones que buscan soluciones efectivas a la violencia pandillera.

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