San Salvador, El Salvador – El Gobierno del presidente Nayib Bukele ha extendido por trigésimo octava ocasión el estado de excepción, una medida de excepción que cumple este mes casi cuatro años en vigor y que ha reconfigurado por completo el panorama de seguridad en el país.

La decisión, anunciada a través de medios oficiales, mantiene vigentes las facultades extraordinarias que permiten a las fuerzas de seguridad detener y encarcelar a presuntos miembros de pandillas sin necesidad de orden judicial. Desde su implementación en marzo de 2022, más de 75,000 personas han sido detenidas bajo este régimen, según cifras oficiales, en una ofensiva sin precedentes contra las estructuras criminales que durante décadas controlaron amplias zonas del territorio nacional.

El estado de excepción suspende varios derechos constitucionales, entre ellos la libertad de asociación, el derecho a la defensa y la inviolabilidad de la correspondencia. Su extensión automática cada 30 días ha generado un debate polarizado: para el oficialismo, es la herramienta clave que ha permitido reducir la tasa de homicidios de 38 por cada 100,000 habitantes en 2019 a menos de 4 en 2023, niveles nunca antes vistos en la historia moderna del país. Para críticos y organizaciones de derechos humanos, representa un retroceso democrático que ha llevado a detenciones arbitrarias, abusos policiales y condiciones inhumanas en centros penitenciarios superpoblados.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, defendió la prórroga al asegurar que «el régimen de excepción ha sido el escudo que protege a los salvadoreños de la extorsión, el sicariato y el terror que imponían las pandillas». En paralelo, el presidente Bukele ha consolidado una imagen de «mano dura» que, según encuestas internas, cuenta con el respaldo de más del 80 % de la población, convencida de que la seguridad ha mejorado de forma radical.

No obstante, organizaciones como la Asociación de Promotores y Defensores de Derechos Humanos de El Salvador (APRODEHÉS) denuncian que miles de detenidos son personas inocentes, incluyendo menores de edad y adultos mayores, capturados por perfilamiento racial o por vivir en zonas marcadas como «rojas» por las autoridades. «El miedo a la delincuencia no justifica el miedo al Estado», afirmó en un comunicado reciente un grupo de activistas locales.

En el plano internacional, la medida ha recibido críticas de la ONU, la CIDH y varios gobiernos europeos, que han pedido garantías de debido proceso. Sin embargo, aliados estratégicos como Estados Unidos han mantenido una postura ambigua: si bien condenan las violaciones de derechos humanos, reconocen la drástica reducción de la violencia y han reanudado cooperación en materia de seguridad.

El próximo mes, cuando se cumplan oficialmente cuatro años de vigencia, se abre la incógnita sobre el futuro del régimen: ¿seguirá prorrogándose indefinidamente o se establecerá un nuevo marco legal que mantenga la estrategia de seguridad sin las medidas de excepción? Por ahora, en las calles de San Salvador y otras ciudades, la sensación de normalidad contrasta con el silencio forzado de miles de familias que denuncian la desaparición de seres queridos sin juicio previo.

Con este escenario, El Salvador se ha convertido en un caso único en el continente: un país que cambió la narrativa de la violencia por la del control absoluto, pagando un costo político y ético que sigue siendo materia de debate nacional e internacional.

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