Perú en vilo: La batalla por la segunda vuelta y el fantasma del fraude

Lima, 22 de abril de 2026 – El polvo aún no se asienta en Perú tras una primera vuelta presidencial que ha dejado al país dividido y en vilo, con dos candidatos enfrentados por el segundo lugar en una contienda que se define por márgenes mínimos y que ha reavivado tensiones históricas entre la capital y el interior.

Keiko Fujimori, la candidata de Fuerza Popular que acaba de pasar por cuarta vez consecutiva a la segunda vuelta, lo hace ahora con el 17% de los votos, un porcentaje que le asegura el boleto a la definición del 7 de junio. Pero su acompañante en la segunda vuelta sigue siendo un misterio que mantiene en vilo a toda la nación.

El fantasma de la anulación se repite

La historia, parece, no aprende. En 2021, Fujimori solicitó la anulación de 200.000 votos distribuidos en 802 actas de las regiones de la sierra y selva peruana, intentando revertir la victoria de Pedro Castillo. Las autoridades electorales rechazaron el pedido por falta de sustento, pero quedó constancia de cómo se intentó desaparecer la voluntad popular del interior del país.

Cinco años después, la misma práctica resurge con mayor virulencia. El partido Renovación Popular, del candidato ultraderechista Rafael López Aliaga, ha presentado un centenar de pedidos de nulidad electoral contra 98 mesas de votación de la región Cajamarca, en la sierra norte. Estas mesas son precisamente donde su principal rival por el segundo lugar, el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), ha obtenido un respaldo mayoritario con 4.116 votos.

Un país dividido por 13.000 votos

Con el 93,3% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la diferencia entre Sánchez (12%) y López Aliaga (11,9%) fluctúa dramáticamente. El jueves se acortó a apenas 7.000 votos, pero este viernes volvió a estirarse a más de 13.000, manteniendo la incertidumbre hasta el último momento.

La ONPE ha informado que 5.645 actas, que representan un 6% del total, deberán ser observadas por el Jurado Electoral Especial. Este bolsón significativo moverá la aguja en una contienda tan apretada. Las actas son impugnadas por presentar inconsistencias o irregularidades, y se calcula que el proceso podría tardar entre una semana y diez días, pues debe pasar por dos instancias.

El voto rural en el centro de la tormenta

El voto rural fue el que logró la remontada transitoria de Roberto Sánchez, debido a que las actas se procesan conforme a su llegada y, dadas las brechas sociales, el sufragio del campo es de los últimos en contabilizarse. Ciertamente, el voto del extranjero —que tiende hacia la derecha— es el que podría revertir la tendencia, y los partidarios de López Aliaga mantienen la esperanza en ello. No obstante, la resolución de las actas impugnadas también marcará la diferencia.

Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, señala que «cuestionar el voto del interior no es un hecho aislado: reproduce históricas relaciones de exclusión que han marginado a poblaciones indígenas, rurales y andinas».

«Cuando un candidato como Rafael López Aliaga afirma que ‘en provincias no saben llenar un acta’, no estamos ante una opinión, sino ante una expresión de racismo y discriminación que vulnera la dignidad de millones. Y peor aún, estos discursos están siendo replicados por sus seguidores a través de insultos como ‘cholos’ o ‘serranos’, lo cual no es libertad de expresión; es violencia que reactiva una herida histórica en el país», explica Pariona.

La ultraderecha al borde del abismo

López Aliaga, el excalde de Lima, puso en duda durante una reciente entrevista con el argentino Agustín Laje que los ciudadanos de la serranía tuviesen la «formación» adecuada para procesar las actas. El candidato convocó a un mitin para denunciar un presunto fraude y exigir la anulación de los comicios. Amenazó con violentar al jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, y anunció una recompensa de casi 6.000 dólares para todo aquel funcionario electoral que le provea pruebas para demostrar las supuestas irregularidades.

Alertado porque su propuesta de pagar por información podría configurar un delito, borró el comunicado original y publicó otro donde se dirigía a la ciudadanía en general y ya no a los trabajadores de la ONPE o el JNE.

Keiko Fujimori, la gran beneficiada

Mientras la ultraderecha se desangra en acusaciones infundadas, Keiko Fujimori consolida su posición con el 17% de los votos, un porcentaje que le asegura el paso a la segunda vuelta sin sobresaltos. La candidata de Fuerza Popular, que ha pasado cuatro veces consecutivas a la definición presidencial, observa con atención cómo sus rivales se destruyen entre ellos.

La incertidumbre no se marchará pronto. Perú espera con ansiedad el conteo final, consciente de que cada voto cuenta y de que el resultado definirá no solo al próximo presidente, sino también el rumbo político de una nación profundamente dividida.

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