Madrid, 20 de marzo de 2026 – La Audiencia Nacional ha dado un plazo de cinco días hábiles a los acusados en la macrocausa conocida como Operación Nexo para que acrediten la existencia de fondos suficientes que cubran una eventual condena económica. La medida, adoptada por el juez instructor en el auto de apertura de juicio oral, busca garantizar la ejecutividad de la sentencia y evitar que, llegado el caso, los condenados se declaren insolventes para eludir el pago de multas, indemnizaciones o decomisos.

La decisión se produce en un contexto de gran complejidad procesal, ya que el procedimiento investiga durante más de cinco años una red de corrupción empresarial y política que habría desviado más de 450 millones de euros mediante contratos públicos irregulares, sobrecostes ficticios y triangulaciones societarias en paraísos fiscales. Entre los 23 procesados figuran altos cargos de empresas constructoras, exconsejeros autonómicos y un ex alto funcionario del Ministerio de Fomento, todos ellos acusados de delitos de cohecho, malversación, fraude fiscal y organización criminal.

El magistrado instructor, tras recibir el informe de la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil, consideró que existía un riesgo real de ocultación de patrimonio o disolución de sociedades vinculadas a los acusados. Por ello, en el auto notificado este martes, establece un mecanismo de garantía financiera que deberá cumplimentarse antes del próximo 27 de marzo. Los imputados deberán presentar, individualmente o a través de sus representantes legales, documentación que acredite la titularidad de bienes inmuebles, cuentas bancarias, participaciones sociales o activos financieros cuyo valor cubra, al menos, el 50 % de la suma de las penas económicas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares.

En caso de no acreditarse dicha capacidad económica o de detectarse intentos de ocultación, la Sala acordará de forma inmediata el embargo preventivo de bienes, tanto nacionales como en el extranjero, así como la intervención de cuentas y la paralización de cualquier operación de transmisión de activos. Además, se ha activado la colaboración con la UIF (Unidad de Información Financiera) para rastrear movimientos sospechosos en los últimos doce meses.

Esta medida no es nueva en el ámbito de la justicia penal económica, pero su aplicación masiva a una veintena de acusados de forma simultánea sí lo es. La Sala argumenta que la complejidad de las estructuras societarias y la existencia de sociedades pantalla exigen una actuación contundente para evitar que, una vez concluya el proceso, los condenados queden fuera del alcance de la justicia.

El juicio, previsto para el próximo mes de mayo, se prevé como uno de los más largos de la última década, con más de 200 testigos citados, decenas de peritos económicos y la participación de cinco acusaciones particulares, entre ellas varias asociaciones de consumidores y la Asociación de Técnicos de Hacienda. La Fiscalía solicita penas que suman más de 200 años de prisión y multas por valor de 180 millones de euros, mientras que las acusaciones particulares elevan las peticiones hasta los 320 millones en concepto de responsabilidad civil.

El auto de apertura también fija las medidas de seguridad para el desarrollo del juicio, incluyendo la instalación de un sistema de retransmisión en diferido para evitar filtraciones y la protección de testigos sensibles. Asimismo, se ha habilitado una sala anexa con capacidad para 200 personas, ante el previsible interés mediático y social que despertará el desarrollo de las sesiones.

Los abogados defensores han anunciado que recurrirán la medida, argumentando que la imposición de garantías económicas previas vulnera el principio de presunción de inocencia y podría suponer una presión desproporcionada sobre los acusados. No obstante, la Sala ha rechazado de forma contundente este argumento, recordando que se trata de una medida cautelar de naturaleza civil, no penal, y que su finalidad es garantizar la efectividad de la justicia.

Mientras tanto, fuentes cercanas a la investigación aseguran que ya se han detectado movimientos atípicos en algunas de las cuentas investigadas, incluyendo transferencias a paraísos fiscales y reestructuraciones societarias exprés. La Guardia Civil ha activado un dispositivo de seguimiento para evitar cualquier intento de ocultación patrimonial en los próximos días.

El plazo de cinco días se presenta, por tanto, como una cuenta atrás no solo para los acusados, sino también para el sistema judicial, que deberá demostrar su capacidad para hacer efectiva la justicia económica en un caso que ha puesto en jaque durante años a la clase política y empresarial española. El resultado de este pulso entre garantías procesales y eficacia punitiva podría marcar un precedente en futuros casos de corrupción de gran envergadura.

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