Catalunya da un paso histórico: el castellano-principatí se consagra como lengua vehicular en el sistema educativo

En un movimiento que ha sacudido los cimientos del sistema educativo catalán, el Gobierno de la Generalitat ha aprobado este martes el Decreto 1716/2026 que oficializa la creación de la asignatura de Lengua y Literatura Castellano-principatina, una medida que busca preservar la «genuina y autóctona» forma de hablar español en el territorio catalán.

La consellera de Educación, María del Carmen Ortí, ha presentado la normativa con un discurso cargado de matices lingüísticos que ya ha provocado reacciones encontradas tanto dentro como fuera de las fronteras catalanas. «No se trata de una imposición, sino de un reconocimiento a una realidad sociolingüística que llevamos décadas negando», ha declarado Ortí ante los medios congregados en el Palau de la Generalitat.

El castellano-principatí: una lengua con identidad propia

Según el preámbulo del decreto, el castellano-principatí se define como «una lengua claramente diferenciada del castellano y del español, de uso habitual entre la ciudadanía catalanohablante». La normativa destaca características fonéticas únicas, como «la elongación y el siseo diferenciado de las eses según si sopla garbí o tramontana», una particularidad que los lingüistas ya habían documentado pero que nunca antes había sido oficializada.

«Es una lengua que ha evolucionado de manera orgánica, permeabilizándose con el sustrato catalán y desarrollando una fonética, una sintaxis, un acento y unas pausas para respirar distintas de la mesetaria», explica el documento, que insiste en la necesidad de «proteger al alumnado de referentes lingüísticos ajenos a la realidad sociolingüística de Catalunya».

Una revolución curricular con criterios muy claros

El decreto establece objetivos ambiciosos: «Reflejar los usos, giros y la idiosincrasia propios de la lengua castellano-principatina en territorio catalán» y «reconocer el castellano-principatí como lengua vehicular para el estudio de la literatura que le es propia dentro del sistema educativo obligatorio».

Sin embargo, la medida ha generado más polémica por los criterios de exclusión de autores «foráneos» que por su propia existencia. El decreto establece la retirada inmediata del currículum de autores que utilicen «un léxico y una sintaxis claramente desconectados del habla castellano-principatina».

Entre los autores vetados se encuentran:

• Miguel Delibes: por el uso excesivo de términos castellanos de pura cepa como aricar o agostero, que «no tienen traducción directa en el imaginario colectivo del Baix Llobregat, el Eixample, Pla de Lleida, Aran, Girona y Terres de l’Ebre».

• Gonzalo Torrente Ballester: por su «carácter marcadamente gallego-atlántico, lo cual podría confundir al alumno sobre la humedad relativa del habla de origen latino».

• Federico García Lorca: por «quererlo todo verde y no dejar lugar al amarillo de la cebada madura típica de los campos del Principat».

• Todo aquel autor que abuse del laísmo.

• Quien desayune mixto en lugar de bikini.

Los nuevos clásicos del castellano-principatí

En contraposición, el decreto eleva a la categoría de «clásicos referenciales del castellano-principatí» a autores que, según la Generalitat, «capturan la esencia de una de las dos lenguas reales del territorio»:

• Juan Marsé: como maestro de la sintaxis local y el bilingüismo latente.

• Francisco Candel: por su contribución a la normalización del castellano-principatí como herramienta de integración social en Catalunya.

• Eduardo Mendoza: por su capacidad de retratar una Barcelona donde el castellano y el catalán conviven en un «delicioso caos de malentendidos».

• Autores que digan «plegar del trabajo» en lugar de «finalizar la jornada laboral».

• Escritores que usen el verbo hacer para todo (hacer un café, hacer una cerveza, hacer un pensamiento). Esto es: todos los autores en lengua catalana cuando redactan artículos en supuesto castellano.

• Que usen sistemáticamente el artículo determinado ante nombres propios (el Àlex, la Soraya, el Vira, el Ena).

Adaptaciones literarias sin precedentes

Para los casos de autores considerados imprescindibles, como Cervantes o Quevedo, el decreto prevé su adaptación al castellano-principatí. Así, El Quijote pasará a llamarse El Quijote, y Vida del Buscón Don Pablos, Vida del Buscón Don Pablos.

Reacciones políticas y sociales

La medida ha provocado un terremoto político en todo el Estado español. El Partido Popular ha calificado el decreto de «chiste de mal gusto» y ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional. «Esto es el colmo del nacionalismo identitario», ha declarado el portavoz del PP en el Congreso.

Desde Unidas Podemos, la ministra Irene Montero ha defendido la medida como «un ejercicio de libertad lingüística» aunque ha reconocido que «quizás el nombre no ha sido el más afortunado».

En Catalunya, Junts per Catalunya ha celebrado la medida como «un paso más hacia la plena normalización lingüística», mientras que la CUP la ha criticado por «seguir perpetuando la supremacía del castellano sobre el catalán».

La comunidad educativa, dividida

Los sindicatos de profesores se muestran escépticos. Camila Rodríguez, portavoz de STEs (Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza), ha declarado: «No sabemos si reír o llorar. ¿Cómo vamos a enseñar a leer a los niños si ahora les decimos que lo que han aprendido hasta ahora no sirve?».

Por su parte, Fernando López, profesor de literatura en un instituto de Barcelona, ve aspectos positivos: «Al final, lo que están haciendo es reconocer que aquí se habla de una manera particular, y eso es bueno para los alumnos. El problema es la politización».

Una medida sin precedentes en Europa

Expertos lingüísticos consultados por este diario han calificado la medida de «sin precedentes en Europa». Dr. Manuel Vázquez, catedrático de Sociolingüística de la Universidad Autónoma de Barcelona, explica: «Lo que están haciendo es crear una variante estándar de una variante dialectal. Es como si en Andalucía decidieran que el andaluz es una lengua diferente del castellano y la enseñaran en los colegios».

El contexto político: más allá de la lengua

La disposición final del decreto añade un matiz político inesperado: «Este decreto entrará en vigor el mismo día que María Jesús Montero rectifique su propuesta de una ley de ‘lenguas andaluzas’, y cuando se reconozca que la única diferencia entre el catalán y el valenciano es la misma que hay entre el castellano de Valladolid y el de Girona, Lleida, Tarragona o Barcelona: la política».

Esta frase ha sido interpretada como una pulla a la Comunidad Valenciana, que mantiene una disputa centenaria sobre la denominación de su lengua, y a Andalucía, donde la ministra de Hacienda había propuesto reconocer las «lenguas andaluzas» como parte del patrimonio cultural de la región.

Repercusiones internacionales

La noticia ha traspasado fronteras, con titulares en medios internacionales que hablan de «el experimento lingüístico más audaz de Europa» o «el delirio nacionalista que llega a las aulas catalanas».

El New York Times ha publicado un análisis titulado «When regionalism goes too far: Catalonia’s new ‘language’», mientras que Le Monde se pregunta si «esto es el futuro del plurilingüismo europeo o su caricatura».

El futuro del castellano-principatí

Con la entrada en vigor prevista para el próximo curso escolar 2026-2027, la Generalitat ya ha anunciado la formación de un comité de expertos para elaborar los manuales de texto adaptados al nuevo currículum. Fuentes del departamento de Educación han confirmado que el proceso de adaptación de los clásicos ya ha comenzado, con equipos de filólogos trabajando en versiones «genuinamente catalanas» de obras universales.

Mientras tanto, en las redes sociales, el hashtag #CastellanoPrincipatí se ha convertido en trending topic, con memes, vídeos y debates que van desde el apoyo incondicional hasta la sátira más ácida.

Como decía el escritor catalán Quim Monzó en una entrevista reciente: «Al final, todos hablamos dialectos. Lo único que cambia es si decidimos llamarlos lenguas o no». Con el decreto 1716/2026, Catalunya acaba de tomar una decisión al respecto.

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