Catalanofobia en el Registro Civil: ERC y Junts denuncian la castellanización forzosa de apellidos y la negativa a catalanizar nombres

Calonge, 1998. Redactor de ‘La Vanguardia’ desde 2024. Licenciado en Periodismo por la Universitat Pompeu Fabra. Cubro la actualidad política catalana

La polémica por la denominada «catalanofobia» en el Registro Civil ha escalado hasta el Congreso de los Diputados, donde los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya han registrado sendas baterías de preguntas escritas dirigidas al Gobierno. El detonante ha sido la denuncia de Plataforma per la Llengua, que ha documentado más de 20 casos en los que funcionarios del Registro Civil han castellanizado apellidos de origen catalán o se han negado a tramitar solicitudes de catalanización de nombres propios.

Ambas formaciones independentistas han calificado estos hechos como una «grave vulneración de los derechos lingüísticos» y una muestra de «catalanofobia institucionalizada». Reclaman al Ejecutivo central que dé explicaciones inmediatas y que aclare si prevé adoptar medidas para proteger la «pluralidad lingüística» del Estado español.

Un marco jurídico «claro» que no se cumple

ERC y Junts subrayan que existe un marco jurídico «claro y aplicable» que ampara el derecho de los ciudadanos a usar su lengua propia en la inscripción registral. Sin embargo, denuncian que algunos funcionarios del Registro Civil hacen una «interpretación restrictiva de la normativa», lo que dificulta o retrasa los procedimientos de catalanización. Desde ERC añaden que, en algunos casos, se han exigido «requisitos no previstos legalmente», lo que genera inseguridad jurídica y desigualdad en el trato administrativo.

Para los posconvergentes, estos casos generan «dudas desde el punto de vista de la seguridad jurídica, la uniformidad de criterios administrativos y el respeto a los derechos lingüísticos y a la identidad personal y familiar de los catalanes». Los republicanos destacan en su escrito que «el hecho de que haya personas que quieren adecuar su nombre o apellido a su lengua se encuentren con obstáculos administrativos es inconcebible en un Estado respetuoso con su diversidad lingüística».

ERC plantea nueve preguntas al Gobierno

ERC ha presentado nueve preguntas al Gobierno, en las que le insta a aclarar si tiene conocimiento de estos casos, qué criterios se aplican, cuáles son las instrucciones que tienen los funcionarios del Registro Civil para que no haya «interpretaciones restrictivas» o qué medidas y mecanismos piensa adoptar ante estas «prácticas discriminatorias». Si no hay una actuación, la formación republicana afirma que «solo se puede interpretar como tolerancia ante estas prácticas».

Junts exige medidas disciplinarias y uniformidad

Junts, por su parte, ha presentado 13 preguntas que también versan sobre medidas que se aplican para «garantizar» el marco jurídico vigente, las indicaciones que se dan a los funcionarios, si contemplan abrir expedientes disciplinarios a los funcionarios que hacen estas «interpretaciones restrictivas» o si es una situación que también se da en otros registros civiles de fuera de Catalunya y respecto a otras lenguas del Estado.

La formación posconvergente ha registrado además preguntas en el Parlament de Catalunya, donde reclama al Govern que actúe de oficio y que exija al Gobierno central el cumplimiento de la legalidad lingüística. «No se puede permitir que en pleno siglo XXI se vulnere el derecho a la identidad lingüística de los catalanes», ha afirmado un portavoz de Junts.

Plataforma per la Llengua documenta más de 20 casos

Plataforma per la Llengua, entidad que vela por la normalización del catalán, ha documentado más de 20 casos en los que se ha producido una «castellanización forzosa» de apellidos catalanes o se ha denegado la catalanización de nombres. Entre los casos más llamativos, se encuentra el de una familia que solicitó la catalanización de su apellido «Sánchez» a «Sànchez» y se les denegó la solicitud sin argumento legal alguno. Otro caso es el de una persona que quiso cambiar su nombre «José» por «Josep» y se le exigió un certificado médico que acreditara «razones de identidad lingüística».

La entidad ha denunciado que estos casos no son aislados, sino que responden a una «práctica sistemática» de algunos funcionarios del Registro Civil, que interpretan la normativa de forma «restrictiva y castellanista». «Es una vulneración de los derechos lingüísticos y de la identidad personal de los catalanes», ha afirmado un portavoz de Plataforma per la Llengua.

El Gobierno, sin respuesta oficial

Por el momento, el Gobierno de España no ha emitido respuesta oficial a las preguntas registradas por ERC y Junts. Fuentes del Ministerio de Justicia han afirmado que están «analizando la situación» y que «en breve» darán una respuesta a las formaciones parlamentarias. Sin embargo, desde ERC han advertido de que, si no hay una actuación contundente, llevarán el caso al Tribunal Constitucional y a instancias europeas.

Una polémica que trasciende fronteras

La polémica por la catalanofobia en el Registro Civil ha trascendido fronteras y ha sido recogida por medios internacionales, que han destacado la «paradoja» de que en un Estado que presume de ser «plurinacional» se vulneren los derechos lingüísticos de una de sus lenguas cooficiales. La prensa extranjera ha destacado que este caso pone de relieve la «tensión» entre el centralismo castellano y el pluralismo lingüístico de España.

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