Pareja de Queens se declara culpable de robar salarios a trabajadores de limpieza: tendrán que pagar más de $28,000 dólares
NUEVA YORK — En un caso que expone las prácticas abusivas de algunas empresas de servicios domésticos, Christian Pérez y su esposa Inés Pérez Miranda, junto con sus dos compañías de limpieza, se declararon culpables en la Corte Suprema de Queens de no pagar los salarios prometidos a sus empleados, una acción que les costará más de $28,000 dólares en restitución y posibles penas de cárcel.
Los hechos que conmocionaron a la comunidad laboral
Según documentos judiciales, Christian Pérez, de 40 años, y Inés Pérez Miranda, de 42, operaban dos empresas de limpieza en Queens: Cleaning Pass LLC y Cleaning Pass Set It and Forget It LLC. El esposo se desempeñaba como director general, manejando todas las cuentas bancarias, presentando declaraciones legales y supervisando las reservas de clientes y nóminas. Su esposa actuaba como agente administrativa y supervisaba directamente a los trabajadores.
La trama comenzó cuando Pérez publicó anuncios en redes sociales y plataformas digitales buscando personal de limpieza, prometiendo salarios justos y reembolso por productos de limpieza. Cuatro personas fueron contratadas inicialmente con la garantía de que recibirían su pago dentro de los siete días posteriores a completar el trabajo.
Un sistema de explotación meticulosamente organizado
Los trabajadores debían descargar aplicaciones móviles para registrar sus horas de entrada y salida en diferentes ubicaciones residenciales y comerciales. Además, se les exigía pedir permiso expreso antes de abandonar sus lugares de trabajo, creando un ambiente de control extremo.
Sin embargo, lo que comenzó como una oportunidad laboral se convirtió en una pesadilla de impago sistemático. La pareja empleó múltiples estrategias para evitar pagar a sus empleados:
- Retención de cheques de nómina hasta recibir permiso expreso para cobrarlos
- Emisión de cheques con fecha futura que nunca llegaban a materializarse
- Cheques emitidos desde cuentas sin fondos suficientes
- Exigencia de abandonar inmediatamente los lugares de trabajo sin compensación
- Negativa a reembolsar los gastos en productos de limpieza prometidos inicialmente
El calvario de los trabajadores afectados
Las víctimas, identificadas como 30 trabajadores en total, intentaron recuperar sus salarios mediante múltiples mensajes de texto y videos enviados a la pareja Pérez. Documentaron cada intento de comunicación, creando un rastro de evidencia que demostraba la negativa sistemática a pagar.
Un trabajador relató cómo trabajó durante semanas completando contratos residenciales y comerciales, solo para recibir como respuesta que «los fondos no estaban disponibles» o que debía «esperar hasta la próxima semana». Otro describió cómo le entregaron un cheque que rebotó al intentar cobrarlo, y cuando lo reportó, le dijeron que era su problema resolverlo con el banco.
La investigación que destapó el fraude
La Oficina de Vivienda y Protección del Trabajador de la Fiscalía de Queens, liderada por la fiscal Melinda Katz, inició una investigación exhaustiva que reveló el patrón de explotación. Los investigadores descubrieron que la pareja había estado operando este esquema durante meses, afectando a múltiples trabajadores inmigrantes y locales que dependían de esos ingresos para sus familias.
La evidencia recopilada incluyó registros bancarios que mostraban transferencias sospechosas, comunicaciones entre la pareja y los trabajadores, y testimonios detallados de las víctimas sobre las condiciones laborales impuestas.
El veredicto y las consecuencias legales
Christian Pérez se declaró culpable de conspiración para defraudar, hurto mayor e incumplimiento del pago de salarios. Su esposa, Inés Pérez Miranda, se declaró culpable específicamente de incumplimiento del pago de salarios. Ambas empresas fueron incluidas en el acuerdo de culpabilidad.
El juez Peter Vallone Jr., de la Corte Suprema de Queens, ordenó una restitución total de $28,277.91 dólares, la mayoría de los cuales ya ha sido pagada a las víctimas. Además, se les prohibió constituir cualquier empresa en el estado de Nueva York durante cinco años.
La sentencia formal está programada para el 22 de abril, donde se espera que Christian Pérez reciba cinco años de libertad condicional, mientras que su esposa ya fue sentenciada a libertad condicional.
Reacciones de las autoridades
La fiscal Melinda Katz enfatizó la importancia de este caso: «Estos acusados no pagaron a los empleados de su empresa de limpieza miles de dólares en salarios ganados legítimamente. Gracias a una investigación de mi Oficina de Vivienda y Protección del Trabajador, pudimos poner fin a la explotación perpetrada por estos acusados y obtener una indemnización para sus víctimas».
Roberta Reardon, Comisionada de Trabajo del estado de Nueva York, añadió: «Nuestra misión es proteger a la fuerza laboral de Nueva York, lo que incluye recuperar los salarios robados. Esta sentencia servirá como ejemplo de lo que les sucede a los empleadores sin escrúpulos que intentan explotar a sus trabajadores».
Un llamado a la acción para otros trabajadores
La fiscal Katz hizo un llamado directo a otros trabajadores que puedan estar sufriendo situaciones similares: «Si ha sido víctima de robo de salario comuníquese con mi oficina al 718-286-6673. Agradezco a nuestros colaboradores del Departamento de Trabajo del estado Nueva York por su apoyo en este caso».
El impacto en la comunidad inmigrante
Este caso ha resonado particularmente en la comunidad inmigrante de Queens, donde muchas familias dependen de trabajos de limpieza y mantenimiento. Los expertos señalan que este tipo de explotación es especialmente común en industrias donde los trabajadores son vulnerables debido a barreras lingüísticas o estatus migratorio.
María González, activista comunitaria, comentó: «Muchos trabajadores no denuncian porque temen perder sus trabajos o enfrentar represalias. Este caso muestra que hay recursos y que las autoridades están dispuestas a proteger a los más vulnerables».
Medidas preventivas y educación laboral
Tras este caso, varias organizaciones comunitarias han intensificado sus esfuerzos de educación laboral, ofreciendo talleres sobre derechos de los trabajadores, cómo identificar empleadores fraudulentos y dónde buscar ayuda.
Carlos Mendoza, director de una organización de derechos laborales, explicó: «Estamos viendo un aumento en la demanda de información sobre cómo protegerse. Los trabajadores necesitan saber que tienen derechos, independientemente de su estatus migratorio».
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Fuente: Oficina del Fiscal de Distrito de Queens
Fecha: Diciembre 2025
Crédito de imagen: eldiariony.com
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