Argentina se paraliza en la cuarta huelga general contra Milei en 26 meses: el objetivo es frenar la reforma laboral
Buenos Aires, 19 de febrero de 2026 — Argentina vivió este jueves su cuarta huelga general en menos de dos años y medio de gestión del presidente Javier Milei, un paro que no solo evidenció el descontento social sino que buscó detener en seco la aprobación de la reforma de la Ley de Contratos de Trabajo, una de las medidas más polémicas del gobierno libertario.
Desde las primeras horas del día, el país amaneció con un silencio inusual en las calles: comercios cerrados, transporte público reducido al mínimo, escuelas sin clases y oficinas públicas prácticamente desiertas. La medida de fuerza, convocada por la CGT (Confederación General del Trabajo) y la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina), contó con un acatamiento masivo que, según estimaciones sindicales, superó el 80 % en todo el territorio nacional.
El reclamo central es el proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo, que prevé flexibilizar las condiciones de contratación, reducir indemnizaciones por despido, ampliar el período de prueba y facilitar los despidos colectivos. Para los sindicatos, se trata de una «ley antipopular» que «ataca derechos históricos conquistados por los trabajadores» y que profundizaría la precarización laboral en un contexto de inflación superior al 180 % anual y una pobreza que afecta a más del 45 % de la población.
Milei, quien asumió en diciembre de 2023 con un discurso antiestatista y liberalizador, defendió la reforma como «imprescindible para reactivar la economía y generar empleo formal». En su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario afirmó que «el statu quo laboral argentino es insostenible» y que «sin flexibilización, las empresas no podrán contratar ni invertir». Sin embargo, la resistencia sindical y social ha logrado postergar su tratamiento en el Congreso, donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia y depende de alianzas estratégicas.
La huelga de este jueves no solo fue la más contundente desde el inicio del gobierno de Milei, sino también la que mayor coordinación exhibió entre las centrales obreras, a pesar de las diferencias internas. En varias ciudades, como Buenos Aires, Córdoba y Rosario, miles de personas se concentraron en las plazas principales y marcharon hasta el Congreso Nacional, donde instalaron ollas populares y realizaron actos culturales en señal de protesta.
El ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó el impacto de la medida y aseguró que «el país no se detiene» porque «la mayoría de los sectores productivos siguen trabajando». No obstante, fuentes del sector transporte y comercio confirmaron pérdidas millonarias durante la jornada, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde el transporte público funcionó a menos del 30 % de su capacidad.
El contexto político es complejo: Milei llegó al poder con un discurso rupturista que prometía «acabar con la casta política», pero su gestión se ha visto marcada por una alta conflictividad social y una caída sostenida en su popularidad. Según la última encuesta de la consultora Synopsis, solo el 28 % de los argentinos aprueba su gestión, mientras que el 62 % considera que las medidas económicas han perjudicado a los sectores más vulnerables.
La reforma laboral, que ya fue aprobada en diputados tras un tenso debate, aguarda su tratamiento en el Senado, donde el oficialismo necesita al menos 11 votos de la oposición para lograr media sanción. La huelga de este jueves busca presionar a senadores e intendentes del conurbano bonaerense, claves para definir el futuro de la iniciativa.
Mientras tanto, organizaciones sociales y movimientos de izquierda convocaron a un «plenario nacional contra el hambre y la precarización» para la próxima semana, en un intento por unificar las demandas y ampliar el frente de resistencia al gobierno.
¿Qué está en juego?
Más allá de la reforma laboral, la huelga simboliza una disputa más profunda por el modelo de país: Milei apuesta por un Estado mínimo, libre mercado y ajuste fiscal, mientras que la oposición y los movimientos sociales reclaman un rol activo del Estado en la protección social y el trabajo digno. El desenlace de esta pulseada definirá no solo el futuro inmediato del gobierno, sino también el rumbo económico y social de Argentina en los próximos años.
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