Gobierno en el ojo del huracán: Feijóo acusa a Sánchez de «saber, tapar y proteger» a presunto agresor sexual al frente de la Policía Nacional

El escándalo que sacude los cimientos del Ejecutivo español ha alcanzado este miércoles su punto más álgido, con acusaciones cruzadas que amenazan con desestabilizar aún más el ya debilitado Gobierno de coalición. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado una acusación demoledora contra Pedro Sánchez y su gabinete, sosteniendo que el Ejecutivo mantuvo durante al menos un mes al frente de la Policía Nacional a un presunto violador, ocultando deliberadamente los hechos hasta que la dimisión se volvió inevitable.

«La verdad siempre sale a la luz, y hoy hemos descubierto que el Gobierno tenía conocimiento de un delito gravísimo cometido por quien estaba al mando de nuestra Policía Nacional», declaró Feijóo en su cuenta oficial de X (antes Twitter), generando una oleada de reacciones políticas y mediáticas que han dominado la agenda nacional.

La cronología de un escándalo que estalla

Los hechos se remontan a la querella presentada por una subordinada del comisario principal José Ángel González, hasta ayer director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional. Según fuentes judiciales, la denuncia por agresión sexual fue interpuesta hace varias semanas, pero permaneció en secreto hasta que trascendió a la opinión pública este martes.

La revelación ha puesto al Gobierno en una posición defensiva, con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negando categóricamente cualquier conocimiento previo de los hechos. «Hay un desconocimiento total, no lo he tapado, ningún sindicato tuvo conocimiento de estos hechos y el mismo abogado dijo que ha mantenido en secreto los hechos hasta ayer», se excusó Marlaska en los pasadizos del Congreso antes de la sesión de control al Gobierno.

La versión del ministro contrasta frontalmente con la narrativa del PP, que sostiene que el Ejecutivo «sabía, tapó y protegió» al comisario durante semanas, permitiéndole mantener el control operativo de la Policía Nacional a pesar de las graves acusaciones en su contra.

Marlaska: «A la mínima de haberlo sabido le habríamos pedido la renuncia inmediata»

El titular de Interior ha insistido en su versión de los hechos, afirmando que supo de la querella solo ayer y que actuó con inmediatez una vez tuvo conocimiento. «A la mínima de haberlo sabido le habríamos pedido la renuncia inmediata», reiteró Marlaska, quien reconoció que tras leer la querella «no había otra decisión que requerirle (al DAO) la denuncia o si no el cese inmediato».

González presentó su renuncia al cargo como máximo mando de la Policía Nacional el mismo martes, horas después de que trascendiera la existencia de la querella. La rapidez con la que se produjo la dimisión ha alimentado las sospechas del PP sobre un posible encubrimiento gubernamental.

Cuca Gamarra reclama la dimisión de Marlaska: «Esto es intolerable»

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha ido un paso más allá en sus acusaciones, exigiendo la cabeza del ministro del Interior. «Si Marlaska no sabía lo que ocurría en su propio ministerio, es incompetente. Si lo sabía y lo tapó, es cómplice. En cualquier caso, debe dimitir de inmediato», afirmó Gamarra en una rueda de prensa que monopolizó la atención mediática.

La dirigente popular argumentó que la gravedad de los hechos y la posición de responsabilidad del acusado hacen «intolerable» cualquier demora en las explicaciones y las consecuencias. «No podemos permitir que quienes deben protegernos sean investigados por delitos tan graves», añadió Gamarra, quien anunció que su grupo registrará una batería de preguntas parlamentarias para esclarecer toda la verdad.

La reacción institucional y política

El escándalo ha provocado una cascada de reacciones en el espectro político español. Desde Unidas Podemos, socio minoritario del Gobierno, se ha exigido una investigación «exhaustiva y transparente» que aclare «hasta el último detalle» lo ocurrido. «La justicia debe actuar con toda la contundencia, y la política debe dar todas las explicaciones», declaró la portavoz de En Comú Podem en el Congreso.

Por su parte, los sindicatos policiales se han mostrado consternados por la situación, exigiendo una «depuración inmediata» de responsabilidades. «Esto daña la imagen de la Policía Nacional y erosiona la confianza ciudadana en nuestras instituciones», afirmó el secretario general de Jupol, el sindicato mayoritario entre los agentes.

El Gobierno, entre la espada y la pared

La crisis ha pillado al Ejecutivo en un momento especialmente delicado, con tensiones internas por la reforma de las pensiones y la negociación presupuestaria para 2024. La acusación de encubrimiento del PP amenaza con desestabilizar aún más la frágil mayoría parlamentaria que sostiene a Sánchez.

Fuentes gubernamentales consultadas por este diario reconocen que el caso «ha generado una gran preocupación» en Moncloa, donde se teme que el escándalo pueda tener consecuencias políticas imprevisibles. «Estamos colaborando con la justicia y daremos todas las explicaciones que sean necesarias», afirmaron fuentes del gabinete de Sánchez, que por el momento se ha mantenido al margen de las declaraciones públicas.

La Justicia entra en escena

El Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que lleva el caso, ha abierto una investigación formal tras recibir la querella. Fuentes judiciales consultadas por este diario indican que el juez ha citado a declarar en los próximos días tanto a la denunciante como al comisario González, quien por el momento se acoge a su derecho a no declarar.

El magistrado también ha solicitado a Interior toda la documentación relativa a la situación laboral y el expediente profesional del comisario, así como cualquier comunicación interna sobre el caso que pudiera existir en el ministerio.

Una crisis de confianza institucional

Más allá de las consecuencias judiciales y políticas inmediatas, el escándalo ha puesto de manifiesto graves problemas de confianza en las instituciones. Expertos en seguridad y criminología consultados por este diario advierten que casos como este «erosionan la legitimidad del Estado» y generan «un clima de desafección democrática».

«Cuando quienes deben hacer cumplir la ley son sospechosos de violarla, se produce una crisis simbólica muy grave», explica el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, Javier Pérez Royo. «Esto no es solo un problema político, es un problema estructural de nuestras instituciones», añade.

El PP prepara su estrategia parlamentaria

En Génova, sede del PP, se ultiman los detalles de la estrategia parlamentaria para exprimir al máximo la crisis. Fuentes populares consultadas por este diario aseguran que Feijóo ha dado instrucciones para «ir a por todas» y convertir este escándalo en «la puntilla» para un Gobierno que consideran «agotado y deslegitimado».

El PP prepara una batería de iniciativas parlamentarias, incluyendo una moción de censura que, aunque no prosperará por la falta de apoyos, servirá para «marcar posiciones» y «obligar al PSOE y a sus socios a posicionarse», según las mismas fuentes.

La opinión pública, dividida

Las redes sociales han estallado con el escándalo, generando un intenso debate entre quienes consideran que el PP está politizando un asunto judicial y quienes exigen explicaciones inmediatas al Gobierno. Hashtags como #MarlaskaDimisión y #JusticiaParaLaDenunciante han copado las tendencias en Twitter, reflejando la polarización del debate público.

Encuestas realizadas a pie de calle en Madrid y Barcelona muestran una opinión pública dividida: mientras que una mayoría considera que el Gobierno debe dar explicaciones inmediatas, una parte significativa cree que se está montando una «caza de brujas» política contra Marlaska.

El futuro político en juego

Con el escándalo en pleno auge, el futuro político inmediato del país pende de un hilo. El PP ha dejado claro que no cejará en su empeño de vincular este caso con la «corrupción moral» del Gobierno, mientras que el Ejecutivo intenta capear el temporal con una estrategia de «transparencia total» y «colaboración plena» con la justicia.

La semana que viene será clave: el PP ha anunciado que presentará su batería de preguntas parlamentarias, mientras que el juez de la Audiencia Nacional tomará declaración al comisario González. Mientras tanto, la opinión pública espera respuestas que, por el momento, parecen no llegar.

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