El dueño del crematorio «Plenitud» recupera su libertad tras amparo federal; Fiscalía impugnará decisión

En un giro judicial que ha desatado controversia en Chihuahua, José Luis A.C., propietario del crematorio «Plenitud» donde fueron hallados 386 cadáveres en condiciones insalubres, recuperó su libertad tras obtener un amparo federal que le fue otorgado por el Juez Séptimo de Distrito. La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció de inmediato que impugnará la resolución, calificándola como «incomprensible» y advirtiendo que representa un duro golpe para las familias que buscan justicia.

Un fallo que indigna a las víctimas

El titular de la FGE, César Jáuregui, expresó su rechazo categórico a la decisión judicial y confirmó que presentará dos recursos legales: uno de revisión ante los jueces del Poder Judicial Federal y otro de queja ante los órganos de control del propio Poder Judicial, con el objetivo de que se revise la actuación del juez.

«¿Qué hemos nosotros probado? Que había 386 cadáveres sin un tratamiento adecuado, que tenían en ese lugar no días, ni meses, años y bajo las condiciones más insalubres», declaró Jáuregui durante conferencia de prensa. «Y probamos que a los familiares se les hizo entrega de urnas funerarias conteniendo restos que no correspondían a sus seres queridos».

El fiscal recordó que en una ocasión anterior, el mismo juzgado había negado un amparo similar al considerar que los cuerpos llevaban meses apilándose sin manejo adecuado, representando un riesgo para la comunidad juarense. La diferencia en las resoluciones ha generado confusión y descontento entre las autoridades estatales.

Los argumentos del juez que liberó al acusado

Según explicó Jáuregui, el juez federal que otorgó el amparo se centró en dos cuestiones lingüísticas relacionadas con los verbos rectores de los delitos que se le imputan: «ocultar» y «conservar». El magistrado consideró que estos términos no aplicaban en este caso, argumentando que los cuerpos no estaban escondidos.

Esta interpretación legal ha sido duramente criticada por la Fiscalía, que sostiene que las pruebas apuntan a un dolo evidente en el acumulamiento de los cuerpos. «Las familias que pagaban por un servicio no estaban recibiendo las cenizas de sus seres queridos», enfatizó el fiscal, subrayando la existencia de un engaño sistemático.

La estrategia legal de la Fiscalía

Ante esta situación, la FGE ha diseñado una estrategia jurídica integral para impugnar la liberación. Jáuregui advirtió que, para no entorpecer los procesos, se reservarán mayores detalles sobre la estrategia legal, pero reafirmó su compromiso de hacer todo lo que esté en manos de la institución para garantizar a las familias y sus deudos el acceso a la justicia.

El fiscal informó que ya sostuvo una reunión con las familias afectadas, a quienes dio a conocer la postura de la Fiscalía y brindó el respaldo oficial en busca de que se modifique la resolución del juez. Este acercamiento busca mantener unida a la comunidad de víctimas en su búsqueda de verdad y justicia.

Avances en la identificación de los cuerpos

A pesar del revés judicial, la Fiscalía ha logrado avances significativos en la identificación de los cuerpos hallados. Hasta el momento, se han logrado identificar 191 cuerpos, de los cuales ya se han entregado 185 a sus familiares. Además, se han practicado 152 peritajes de ADN cuyos resultados se recibirán en los próximos días, lo que podría arrojar luz sobre más casos y permitir la entrega de restos a familias que han esperado durante meses.

El proceso de identificación ha sido complejo y doloroso para las familias, muchas de las cuales descubrieron que los restos que creían pertenecer a sus seres queridos en realidad no correspondían a ellos. Este hallazgo refuerza la tesis de la Fiscalía sobre el manejo irregular y fraudulento de los cuerpos en el crematorio.

El contexto del hallazgo

El escándalo estalló el 26 de junio cuando autoridades localizaron los 386 cuerpos en condiciones deplorables en el crematorio «Plenitud». Los cadáveres se encontraban apilados sin un manejo sanitario adecuado, en estado de descomposición, lo que representaba un grave riesgo para la salud pública en Ciudad Juárez.

José Luis A.C. fue detenido y procesado por delitos relacionados con este hallazgo. Sin embargo, la noche del 13 de febrero, en acatamiento a la resolución judicial, fue liberado, generando consternación entre las familias de las víctimas y las autoridades que han trabajado en el caso.

Reacciones y perspectivas

La liberación del dueño del crematorio ha generado una ola de reacciones en redes sociales y entre la comunidad juarense. Muchos ciudadanos expresan su incredulidad ante la decisión judicial, considerando que representa un mensaje negativo en la lucha contra la impunidad.

Expertos en derecho penal han comenzado a debatir sobre las implicaciones de esta resolución y su posible impacto en casos similares. Mientras tanto, las familias de las víctimas se mantienen en vilo, esperando el resultado de los recursos legales que presentará la Fiscalía.

La Fiscalía General del Estado ha dejado claro que no bajará la guardia y continuará su labor para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a todos los responsables de esta tragedia que conmocionó a Chihuahua. El caso del crematorio «Plenitud» sigue abierto y promete nuevos capítulos en los próximos meses.

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