El PSOE prepara ya la derrota del decreto contra los desahucios tras el bloqueo de PP, Vox y Junts

El Gobierno socialista se encamina hacia una nueva derrota parlamentaria este jueves en el Congreso, donde tiene previsto debatir y votar la convalidación de cuatro decretos ley que el Ejecutivo remitió hace semanas para tratar de blindar el escudo social frente a la crisis provocada por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida. Fuentes socialistas reconocen que mantienen contactos con todas las formaciones hasta el último momento, pero ya preparan el terreno para una nueva derrota simbólica, especialmente en el decreto que incluye medidas urgentes contra la vulnerabilidad social en materia de vivienda.

Un bloque homogéneo de la derecha

PP, Vox, UPN y Junts ya actuaron como un bloque parlamentario cohesionado hace un mes, cuando tumbaron con sus 178 votos un macrodecreto que incluía la revalorización de 13 millones de pensiones, la actualización del ingreso mínimo vital para 800.000 personas y otras ayudas sociales. Entonces, la derecha exigió al Gobierno que separara las actuaciones para aceptar la subida de pensiones, pero se negó a asumir las medidas antidesahucios porque consideran que favorecen la ocupación.

Este año, el PNV protestó y corrigió algunos aspectos en el apartado de los desahucios para proteger más a los dueños de dos viviendas, pero Junts mantiene su oposición y votará en contra de ese apartado, según fuentes de su dirección. El PSOE culpa más al PP que a Junts de este fracaso porque gobierna en más comunidades y municipios.

El Gobierno busca alternativas

Sumar, Podemos, En Comú y otras formaciones aliadas del Gobierno dieron por hecho que esa norma no saldrá adelante y demandaron al Ejecutivo que no espere más y ponga en marcha un plan b para que las familias vulnerables no se queden sin protección. Esos partidos defienden que el Gobierno debería prorrogar el tope a los precios de los alquileres que se puso en práctica durante la pandemia para no perjudicar ahora a 60.000 familias a las que se le acaban los contratos.

Junts, sin embargo, no se conmueve en ese aspecto y el PSOE persiste en intentar negociar algún «intercambio de cromos» para que modifique esa oposición antes del jueves, pero empieza a planear otras opciones para que esas medidas no caigan en la papelera, aunque no las quieren precisar aún.

Los cuatro decretos en juego

El primero de los decretos establecerá ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida, fijando con independencia de la determinación posterior de responsabilidades una aportación de 72.121,46 euros por persona fallecida.

El segundo decreto, que previsiblemente será derrotado, recoge medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social en materia tributaria y relativa a recursos del sistema de financiación territorial. Pretende extender hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de procedimientos de desahucio y lanzamientos y la posibilidad hasta el 31 de enero de 2027 de solicitar compensación por parte del arrendador o propietario. Ese decreto contemplaba, además, la aportación de 20.000 millones a cuenta pendientes de 2025 para las comunidades y los ayuntamientos.

El tercer decreto, que sí recogerá un apoyo casi unánime, incluye la revalorización de las pensiones y medidas urgentes en materia de seguridad social, contemplando un incremento de esas prestaciones públicas de manera general para el año 2026 en un 2,7%, una subida del 7% para las mínimas y hasta un 11,4% para las no contributivas.

El cuarto decreto contiene actuaciones para garantizar la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia y modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, con el objetivo de incorporar un límite máximo de precios a determinados bienes y servicios en situaciones de emergencia de carácter extraordinario como las constatadas con el accidente de Adamuz.

Un debate que trasciende lo parlamentario

Patxi López, portavoz parlamentario del PSOE, subrayó que el pleno del jueves reflejará con sus votaciones los dos modelos políticos en confrontación en este año tan electoral. En el argumentario del PSOE se resalta que con los decretos planteados, el que decaerá y los otros tres que sí saldrán muy mayoritariamente, se busca beneficiar a muchos millones de personas: las familias más vulnerables y desfavorecidas, los 1.725.902 ciudadanos que perciben el bono social eléctrico o los 1.649.625 apuntados al descuento del bono social térmico, frente al bloque de la derecha que identifican con los recortes de derechos y libertades.

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