Los reproches cruzados entre el Ministerio de Félix Bolaños y la institución que preside Isabel Perelló se multiplican a cuenta de las nuevas plazas judiciales

El pulso institucional entre el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños, y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), presidido por Isabel Perelló, se ha recrudecido en los últimos días a raíz de la propuesta de nuevas plazas judiciales. Lo que en un principio se presentó como una medida técnica para agilizar la justicia se ha convertido en un nuevo frente de tensión entre el Ejecutivo y el órgano de gobierno de los jueces, evidenciando una vez más la profunda desconfianza mutua que caracteriza su relación.

La controversia estalló cuando el Gobierno anunció un plan para crear 200 nuevas plazas judiciales, argumentando que era necesario para reducir las listas de espera y mejorar la eficiencia del sistema. Sin embargo, el CGPJ, que tiene potestad para autorizar la creación de nuevos juzgados y plazas, respondió con un rotundo rechazo, alegando que la propuesta carecía de rigor y no se ajustaba a las necesidades reales del sistema.

Desde el Ministerio, se acusó al CGPJ de «obstaculizar el funcionamiento de la justicia» y de actuar con «una actitud meramente burocrática». Fuentes cercanas a Bolaños afirmaron que «el CGPJ está más preocupado por mantener su poder que por garantizar el derecho de los ciudadanos a una justicia rápida y eficaz». Además, se insinuó que la negativa del órgano judicial podría estar motivada por razones políticas, dada la actual composición del CGPJ, cuyo mandato expiró hace años sin que se haya logrado renovar.

Por su parte, el CGPJ, a través de su portavoz, respondió con dureza: «No se puede jugar con la justicia como si fuera un mero trámite administrativo. Las plazas judiciales no se crean por decreto, sino que deben responder a un análisis pormenorizado de las necesidades de cada territorio». Perelló subrayó que «el Ministerio está intentando imponer su agenda sin escuchar a quienes conocen mejor el sistema», y advirtió que «esta actitud solo contribuye a debilitar la independencia judicial».

El debate se ha trasladado también al ámbito parlamentario, donde los partidos políticos han tomado posiciones encontradas. Mientras que el PSOE y Sumar han defendido la propuesta del Gobierno como una «medida urgente e imprescindible», la oposición, liderada por el PP y Vox, ha acusado al Ejecutivo de «utilizar la justicia como moneda de cambio en sus pactos con los independentistas». Incluso algunos sectores de Unidas Podemos han mostrado reservas, argumentando que la creación de plazas debe ir acompañada de una reforma estructural del sistema judicial.

Los expertos consultados por este diario señalan que el enfrentamiento entre el Ministerio y el CGPJ no es nuevo, pero sí ha alcanzado un nivel de tensión inédito. «Estamos asistiendo a una lucha por el control de la justicia que va más allá de las plazas judiciales», afirma el catedrático de Derecho Constitucional Carlos García. «El Gobierno quiere mostrar que puede impulsar reformas sin depender del CGPJ, mientras que este último intenta reafirmar su papel como garante de la independencia judicial».

La polémica ha generado un intenso debate en las redes sociales, donde hashtags como #JusticiaBloqueada, #PlazasJudiciales y #CGPJvsGobierno se han convertido en tendencia. Los ciudadanos, por su parte, expresan su frustración ante lo que perciben como una «lucha de egos» que retrasa aún más la resolución de sus problemas legales. «Esto no es más que una pelea entre políticos y jueces que nos deja a los ciudadanos de rehenes», lamenta en Twitter un usuario identificado como @JusticiaYa.

Mientras tanto, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha pedido a ambas partes que «dejen de lado sus diferencias y se centren en lo que realmente importa: garantizar el derecho de los ciudadanos a una justicia eficaz y rápida». En un comunicado, la APM ha recordado que «la creación de plazas judiciales es una herramienta necesaria, pero debe hacerse con rigor y consenso».

El pulso entre el Ministerio de Félix Bolaños y el CGPJ presidido por Isabel Perelló parece lejos de resolverse. Mientras tanto, la justicia española sigue atascada en una maraña de reproches cruzados que, una vez más, evidencian la necesidad de una reforma profunda del sistema. ¿Lograrán ambas partes encontrar un punto de encuentro, o continuará la justicia siendo rehén de la política? La respuesta, por ahora, está en el aire.

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