La IGAE detecta irregularidades en contratos de Adif y Carreteras bajo sospecha de amaños del caso Koldo

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) del Ministerio de Hacienda ha remitido a la Audiencia Nacional un informe forense que sacude el corazón del caso Koldo: al menos once contratos de Adif, Adif Alta Velocidad y la Dirección General de Carreteras presentan indicios de irregularidades que apuntan a presuntas manipulaciones a favor de empresas constructoras afines al entorno del exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García.

El magistrado Leopoldo Puente, del Tribunal Supremo, había reclamado este análisis en septiembre de 2024, pero el traspaso de la causa a la Audiencia Nacional —tras la pérdida de aforamiento de Ábalos— ha derivado el informe al Juzgado Central de Instrucción número 2, cuyo titular, Ismael Moreno, investiga en una pieza separada los supuestos amaños de obra pública orquestados por la trama liderada por Santos Cerdán (secretario de Organización del PSOE), Ábalos y García.

El informe: once contratos bajo la lupa

El documento de la IGAE examina cinco contratos de Adif y Adif Alta Velocidad y seis expedientes de la Dirección General de Carreteras. En todos ellos, las empresas adjudicatarias son las mismas: Acciona Construcción (frecuentemente en UTE con Ferrovial Agroman), Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Estas firmas, según la investigación, habrían sido las principales beneficiarias de un sistema de «dedazos» que habría funcionado desde el Ministerio de Transportes.

En el caso de Adif, el informe se detiene en tres contratos de gran cuantía adjudicados a Acciona en UTE con Ferrovial. Los técnicos de Hacienda destacan «anomalías en los criterios de valoración» y «desviaciones en la aplicación de los pliegos» que, unidos a la ausencia de justificación técnica en las puntuaciones, dibujan un patrón sospechoso. En paralelo, se analizan dos contratos de menor importe concedidos a una UTE entre OPR y ASCH Infraestructuras, donde también se detectan «irregularidades en la documentación aportada» y «posibles incumplimientos de requisitos de solvencia».

En la Dirección General de Carreteras, el foco recae sobre seis expedientes licitados en plazos muy cercanos y con características técnicas similares, lo que refuerza la hipótesis de una estrategia coordinada para direccionar la contratación. La IGAE subraya, en varios de estos casos, la «falta de concurrencia real» y la «discrecionalidad en la valoración de ofertas».

Un contexto judicial en plena ebullición

El magistrado Moreno, que ya imputó a Cerdán, Ábalos y García en la pieza principal del caso Koldo (por la trama de mascarillas), ha abierto ahora esta vía paralela centrada en la corrupción en contratación pública. Fuentes próximas al caso señalan que el informe de Hacienda no solo refuerza las sospechas iniciales, sino que aporta «pruebas documentales difíciles de refutar» sobre la existencia de un mecanismo organizado para beneficiar a empresas afines.

En los próximos días, el juez podría citar a declarar a responsables de las empresas investigadas y a exdirectivos de Adif y Carreteras que intervinieron en las adjudicaciones señaladas. Asimismo, no se descarta que el informe sirva de base para ampliar la imputación de cargos políticos que, según la trama, operaban como «facilitadores» de los amaños.

Reacciones y siguiente fase

Desde Adif se ha limitado a confirmar que «colabora con la justicia» y que «actuará en consecuencia si se confirman irregularidades». Por su parte, Acciona y OPR han declinado realizar valoraciones, limitándose a señalar que «defenderán su reputación en los tribunales». La oposición en el Congreso ya ha reclamado la comparecencia urgente del actual ministro de Transportes para dar explicaciones sobre lo ocurrido durante la etapa de Ábalos al frente de la cartera.

El caso Koldo, que comenzó como una trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, se expande ahora a uno de los mayores escándalos de contratación pública de los últimos años, con ramificaciones que podrían afectar a contratos por cientos de millones de euros.

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