El Gobierno apuesta por la fiscalidad para frenar el encarecimiento de los alquileres: menos deducción para quien suba los precios

En un intento por contener la escalada de precios en el mercado del alquiler, el Ministerio de Hacienda ha presentado a los grupos parlamentarios una propuesta que modificaría la tributación de los propietarios en el IRPF. El objetivo: desincentivar las subidas abusivas de renta mediante una rebaja en las bonificaciones fiscales.

Según fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero, la iniciativa consistiría en modular la deducción del 50% de las rentas del alquiler en la declaración de la renta. Quienes decidan incrementar voluntariamente el precio del alquiler al renovar contratos verían reducida esa bonificación. El Gobierno insiste en que no se trata de eliminar la deducción, sino de aplicar un trato diferenciado entre quienes mantienen precios estables y quienes los elevan.

La medida se inspira en experiencias ya aplicadas en comunidades autónomas como Catalunya, donde se han declarado zonas de mercado tensionado y se ofrecen deducciones del 100% a quienes, de forma voluntaria, congelan el precio del alquiler. Sin embargo, la propuesta inicial de extender esta bonificación a nivel estatal fue rechazada por Sumar, que la calificó de «regalo» a los propietarios.

Hacienda defiende que la fiscalidad es una herramienta eficaz para orientar el comportamiento de los caseros y contribuir a la estabilidad del mercado residencial. La medida se enmarca en un paquete más amplio de medidas fiscales relacionadas con la vivienda, que también busca diferenciar los alquileres de larga duración (cinco años) de los de temporada y turísticos, que carecen de deducción.

De momento, la iniciativa está en fase de negociación y requiere el apoyo de los socios de investidura. Consensuar una reforma de estas características con formaciones como Sumar, Podemos, PNV o Junts no es tarea fácil, como ha quedado de manifiesto en los debates sobre el segundo decreto ómnibus del Gobierno, cuya convalidación vuelve a estar en el aire.

Con la vivienda convertida en uno de los principales problemas sociales y económicos del país, el Ejecutivo apuesta por la vía fiscal para intentar equilibrar el mercado y proteger a los inquilinos de subidas desmedidas.

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