Título: España bajo la lupa: críticas por violaciones de derechos de solicitantes de asilo y muertes en el Mediterráneo

Subtítulo: HRW denuncia falta de acceso a protección en Ceuta y Melilla, aumento de fallecimientos infantiles en el mar y externalización de fronteras a países con violaciones de derechos humanos.

Madrid, 7 de febrero de 2026 – España continúa enfrentando críticas internacionales por su gestión migratoria, según el informe anual de Human Rights Watch (HRW) publicado este miércoles. La organización señala que los solicitantes de asilo que llegan a Ceuta y Melilla —los únicos puntos de entrada terrestre a la Unión Europea desde África— se encuentran con «barreras burocráticas excesivas» que les impiden acceder a la protección internacional.

«Es una realidad dolorosa», afirma Virginia Álvarez, responsable de Investigación de Amnistía Internacional. «En los primeros cinco meses de 2025, de las 800 personas que llegaron irregularmente a Ceuta y Melilla, solo una pudo presentar una solicitud de asilo. Esto demuestra que en las fronteras españolas no se está respetando el derecho fundamental a pedir protección».

El informe también destaca un «aumento considerable de muertes infantiles en el mar» durante 2025, citando datos de la ONG Caminando Fronteras que registraron 144 fallecidos en el Estrecho de Gibraltar, el 24% de ellos menores de edad —un incremento del 4% respecto al año anterior.

La burocracia como principal obstáculo

Kartik Raj, investigador principal para Europa en HRW, identifica la «excesiva burocracia» como el principal obstáculo para los recién llegados. «Para presentar una solicitud de asilo, hay que pedir citas con un móvil que tenga un número español, algo a lo que muy pocos tienen acceso», explica.

La tragedia del 6 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal, Ceuta, donde 14 migrantes murieron mientras intentaban llegar a España, sigue siendo un símbolo de la «errónea gestión migratoria» que, según Álvarez, «persiste desde hace muchos años».

Externalización de fronteras: cooperación con países que violan derechos

HRW critica duramente la política española de externalización del control migratorio. «España continúa cooperando con autoridades mauritanas y marroquíes a pesar de las continuas violaciones de los derechos de los migrantes por parte de estos países», señala el informe.

España inyecta 30 millones de euros anuales a Marruecos en concepto de cooperación policial desde al menos 2018, mientras que junto a la Comisión Europea ha comprometido más de 500 millones de euros para Mauritania con el mismo fin. «No es una solución sostenible a largo plazo, no es racional y tampoco es humana», afirma Raj. «No se va a frenar poniendo más policías, sino resolviendo las crisis que obligan a las personas a desplazarse».

Medidas positivas y desafíos pendientes

El informe reconoce algunas «medidas positivas» por parte de las autoridades españolas, específicamente la regularización masiva de migrantes aprobada el 26 de enero, que según Funcas beneficiará a más de 800.000 personas.

Sin embargo, las organizaciones exigen cambios urgentes: «Es necesario acabar con las devoluciones en caliente y garantizar investigaciones profundas independientes cuando haya pruebas documentales de que estas han tenido lugar», insiste Raj. Álvarez añade: «Hay que detener ya la deshumanización de las personas migrantes y refugiadas, facilitar más vías de acceso legal y garantizar el derecho de asilo a quienes lo necesitan».

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