La Fiscalía revela graves irregularidades en parque solar de Iberdrola en Cáceres: la jefa de Calidad Medioambiental y un exfuncionario acusado de tratos de favor, bajo la lupa

Un informe de la Fiscalía ha puesto de manifiesto que un parque fotovoltaico de Iberdrola, ubicado en el municipio cacereño de Talaván, fue autorizado por la actual jefa de Calidad Medioambiental de la Junta de Extremadura y por Eugenio Domínguez, funcionario que se encuentra en el centro de una investigación por presuntos tratos de favor en la concesión de licencias ambientales. La conclusión más alarmante del documento es que la instalación incumple de forma flagrante tanto la normativa española como la europea, lo que ha desatado una tormenta política y judicial en la región.

El expediente, al que ha tenido acceso EL MUNDO, señala que la autorización se otorgó a pesar de que el proyecto no cumplía con los requisitos legales exigibles en materia de protección ambiental y paisajística. La Fiscalía subraya que se obviaron informes técnicos que alertaban sobre el impacto negativo en la biodiversidad local y en el valor ecológico del entorno, catalogado como zona de especial interés para la conservación de especies protegidas.

La actual jefa de Calidad Medioambiental, que en su momento era la responsable de la Dirección General de Medio Ambiente, firmó el visto bueno al proyecto en 2021, pese a las advertencias de su propio equipo técnico. Por su parte, Eugenio Domínguez, quien entonces ocupaba un cargo clave en la tramitación de expedientes ambientales, también avaló la instalación. Domínguez se encuentra actualmente en el punto de mira de la Justicia por supuestas irregularidades en la concesión de autorizaciones a empresas del sector energético, lo que ha llevado a varios funcionarios a acusarle de practicar «tratos de favor» en beneficio de grandes corporaciones.

El informe de la Fiscalía no solo cuestiona la legalidad de la autorización, sino que también apunta a posibles responsabilidades penales por prevaricación ambiental. Según el documento, se habrían falseado informes y se habrían minimizado los impactos reales del parque solar, que ocupa una extensión considerable de terreno en una zona de alto valor ecológico. Además, se habría incumplido la obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental exhaustiva, tal y como exige la normativa europea.

La noticia ha provocado una reacción inmediata en el ámbito político. La oposición en la Asamblea de Extremadura ha exigido explicaciones urgentes al Gobierno regional y ha solicitado la comparecencia de la jefa de Calidad Medioambiental para que aclare su papel en la autorización. También se ha pedido la apertura de una investigación interna para determinar si existió presión política o intereses empresariales detrás de la decisión.

Desde Iberdrola, por su parte, se ha emitido un comunicado en el que la compañía asegura que el parque fotovoltaico cumple con toda la normativa vigente y que la autorización fue otorgada por las autoridades competentes tras un riguroso proceso de evaluación. La empresa ha defendido su compromiso con el desarrollo sostenible y ha anunciado que colaborará plenamente con las autoridades para esclarecer los hechos.

Este caso ha reavivado el debate sobre el modelo energético en España y la necesidad de conciliar la transición ecológica con la protección del medio ambiente. Los ecologistas han alertado sobre el riesgo de que la prisa por instalar infraestructuras renovables lleve a saltarse los controles ambientales, poniendo en peligro ecosistemas sensibles y la biodiversidad.

La investigación de la Fiscalía sigue su curso y se espera que en las próximas semanas se produzcan nuevos avances que podrían tener consecuencias tanto para los responsables políticos implicados como para la propia empresa energética. Mientras tanto, el parque solar de Talaván sigue operativo, en medio de la polémica y la incertidumbre sobre su futuro legal.

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