Irán encabeza la lista mundial de ejecuciones per cápita, según ONG de derechos humanos

Un informe conjunto de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones de la sociedad civil revela que Irán mantiene la tasa más alta de ejecuciones por habitante del planeta, y es, además, el segundo país que más aplica la pena de muerte en cifras absolutas, solo por detrás de China, cuya opacidad estadística impide una comparación precisa.

Según los datos recopilados en 2023, Irán ejecutó al menos a 853 personas, cifra que, ajustada por su población de poco más de 85 millones de habitantes, arroja una tasa de casi 10 ejecuciones por millón de habitantes. Esta proporción duplica la de Arabia Saudita (5,2 por millón) y multiplica por más de diez la de Estados Unidos (0,9 por millón). «El uso sistemático de la pena capital en Irán no solo es desproporcionado, sino que viola el derecho internacional, que prohíbe las ejecuciones por delitos como el tráfico de drogas o los cargos vagos de ‘corrupción en la tierra’», señala Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

La organización documenta que, en muchos casos, los juicios carecen de garantías mínimas: los acusados no tienen acceso a abogados independientes, se basan en «confesiones» obtenidas bajo tortura y, en ocasiones, se aplica la pena incluso a menores de edad en el momento de la presunta comisión del delito. En 2023, al menos siete personas fueron ejecutadas por delitos cometidos siendo menores de 18 años, pese a que Irán es signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño.

El informe también destaca el uso político de la pena de muerte como herramienta de intimidación: durante las protestas del «Movimiento Mujer, Vida, Libertad» tras la muerte de Mahsa Amini, al menos siete manifestantes fueron condenados a muerte y ejecutados en juicios sumarísimos. «Es un mensaje claro al resto de la población: la disidencia se paga con la vida», afirma Hana Ghashghaei, investigadora de HRW para Oriente Medio.

El gobierno iraní, por su parte, justifica las ejecuciones como un mecanismo disuasorio y un mandato religioso. El fiscal general Mohammad Jafar Montazeri declaró en octubre de 2023 que «la sharía exige el castigo ejemplar para quienes amenazan el orden público». Sin embargo, expertos legales internacionales rechazan esta interpretación: «Ningún texto religioso puede estar por encima de las obligaciones contraídas en tratados de derechos humanos», apunta el profesor Payam Akhavan, de la Universidad de McGill.

El contexto geopolítico complica aún más el panorama. Las sanciones internacionales limitan la capacidad de las ONG para acceder a información fiable desde el interior del país, y las autoridades iraníes han endurecido la censura en internet, dificultando la documentación de casos. Aun así, redes de activistas locales y exiliados logran recabar testimonios que confirman la continuidad de la práctica, incluso en delitos no violentos como el consumo de alcohol o la apostasía.

Ante esta situación, las organizaciones firmantes del informe exigen a la comunidad internacional que:

• Refuerce la presión diplomática sobre Teherán para que declare una moratoria inmediata.
• Incluya la pena de muerte en las negociaciones sobre el acuerdo nuclear y otros acuerdos bilaterales.
• Apoye a la sociedad civil iraní con herramientas digitales seguras para documentar violaciones.

«La pena de muerte en Irán no es solo una cuestión de justicia interna, es un problema de derechos humanos global que requiere una respuesta coordinada», concluye Callamard. Mientras tanto, familias enteras viven en la incertidumbre de que un ser querido pueda ser ejecutado de un día para otro, sin previo aviso, en una horca instalada en un parque público o en los patios de las prisiones, como forma de escarmiento colectivo.

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