En una escalada que ha reavivado la tensión en Oriente Medio, el Gobierno israelí ha anunciado una serie de medidas que facilitarán la compra de terrenos en Cisjordania ocupada por parte de colonos israelíes, así como la posibilidad de declarar como «tierras israelíes» zonas de los Territorios Palestinos en las que no se pueda demostrar la propiedad. La decisión, tomada por el Ejecutivo del primer ministro Benjamín Netanyahu, ha sido recibida con rechazo unánime por parte de países árabes, la Autoridad Palestina y numerosas organizaciones no gubernamentales, que la han calificado de «colonizadora» y han alertado sobre una posible «anexión total» de Cisjordania.

La medida, que entra en vigor de forma inmediata, otorga a las autoridades israelíes la potestad de registrar como propiedad del Estado aquellas tierras en las que los habitantes no puedan demostrar documentalmente su titularidad. Esta decisión se produce en un contexto de creciente presión de los sectores más ultranacionalistas de la coalición gubernamental, que abogan por la anexión de facto de amplias zonas de Cisjordania. La nueva normativa, además, facilitará a los colonos la adquisición de terrenos en zonas consideradas estratégicas por Israel, lo que supone un nuevo obstáculo para la creación de un Estado palestino viable y contíguo.

Desde Jerusalén, nuestra corresponsal Janira Gómez Muñoz ha podido constatar el impacto inmediato de estas decisiones en el terreno. «Las calles de Ramala y Hebrón están convulsionadas», explica. «Los palestinos temen que esta medida sea el primer paso hacia una anexión total de Cisjordania, lo que dejaría sin futuro la solución de los dos Estados». Gómez Muñoz destaca que la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, han expresado su «profunda preocupación» y han instado a Israel a reconsiderar la medida.

La Autoridad Palestina ha convocado de forma urgente al Consejo de Seguridad de la ONU y ha anunciado una serie de medidas de protesta, incluyendo la suspensión de contactos con el Gobierno israelí. Por su parte, países como Jordania, Egipto y Arabia Saudí han condenado la decisión, advirtiendo de que podría desencadenar una nueva ola de violencia en la región. Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y B’Tselem han denunciado que la medida viola el derecho internacional y perpetúa la ocupación de facto de los Territorios Palestinos.

Desde el punto de vista legal, la nueva normativa israelí se basa en la reinterpretación de leyes de la era otomana y británica, que permiten registrar como propiedad estatal aquellas tierras que no hayan sido explícitamente reclamadas por particulares. Sin embargo, críticos de la medida señalan que la mayoría de los palestinos no disponen de títulos de propiedad formales, lo que facilita la aplicación de esta norma en su contra. Además, la decisión se produce en paralelo a un aumento significativo de la actividad de los colonos en Cisjordania, con la construcción de nuevos asentamientos y la expansión de los ya existentes.

La comunidad internacional teme que estas medidas, sumadas a la política de hechos consumados, hagan cada vez más difícil la creación de un Estado palestino viable. La solución de los dos Estados, que durante décadas ha sido el marco de referencia de la comunidad internacional, parece ahora más lejana que nunca. La nueva legislación israelí, junto con el reciente reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán sirio ocupado y el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, han llevado a muchos analistas a hablar de un cambio de paradigma en la política de Israel hacia los territorios ocupados.

Desde el Gobierno israelí, se argumenta que la medida es necesaria para regularizar la situación de miles de hectáreas de tierra que, según afirman, han estado abandonadas o sin dueño claro durante décadas. Sin embargo, la oposición interna y la comunidad internacional no han tardado en reaccionar. La Knesset (Parlamento israelí) ha visto cómo diputados de la oposición acusan al Ejecutivo de Netanyahu de «pisotear los derechos palestinos» y de «poner en riesgo la seguridad de Israel a largo plazo».

En las calles de Cisjordania, la tensión es palpable. Los palestinos temen que la nueva legislación sea el preludio de una oleada de desalojos y confiscaciones de tierras, lo que agravaría aún más su situación. Organizaciones de la sociedad civil han convocado manifestaciones y actos de protesta, mientras que la comunidad internacional observa con creciente preocupación la evolución de la situación.

En resumen, la decisión del Gobierno israelí de facilitar la compra de terrenos a los colonos y registrar como «tierras israelíes» zonas de Cisjordania sin títulos de propiedad claros ha desatado una nueva crisis en Oriente Medio. La medida, rechazada por la comunidad internacional y la Autoridad Palestina, complica aún más las perspectivas de paz y la creación de un Estado palestino viable. La región, una vez más, se encuentra al borde de un nuevo estallido de violencia, mientras la comunidad internacional busca fórmulas para evitar una mayor escalada.

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