Juez declara ilegal política de deportaciones a «terceros países» sin notificación previa

En una decisión que podría cambiar el rumbo de la política migratoria estadounidense, el juez de distrito Brian Murphy en Massachusetts ha declarado ilegal una controvertida política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que permitía deportar a migrantes a «terceros países» sin notificación previa ni oportunidad real de impugnar la decisión.

La sentencia, emitida el pasado viernes, representa una victoria significativa para un grupo de extranjeros que presentó una demanda colectiva contra el gobierno federal el año pasado, argumentando que la política implementada durante la administración Trump viola tanto la ley federal de inmigración como el derecho constitucional al debido proceso.

Una política envuelta en polémica

La medida, que fue emitida inicialmente en marzo y reafirmada en julio, otorgaba a las autoridades migratorias la facultad de deportar a personas a países distintos al señalado originalmente en su orden de deportación, sin necesidad de avisarles previamente ni ofrecerles la oportunidad de objetar. Esta posibilidad solo se activaba si el gobierno recibía garantías diplomáticas de que los deportados no serían perseguidos o torturados en los países de destino.

Sin embargo, la política contenía una laguna significativa: aunque en teoría los migrantes podían manifestar temor, no obligaba a los oficiales a preguntar si la persona temía ser enviada a ese país. Solo si el migrante expresaba abiertamente ese miedo, se activaba una posible revisión del caso.

La estrategia diplomática de la administración Trump

Como parte de su agenda de deportaciones masivas, la administración Trump emprendió una intensa labor diplomática para establecer acuerdos con países dispuestos a recibir a migrantes no ciudadanos. Entre los países contactados se encontraban Costa Rica, Panamá y Ruanda, mientras que se alcanzó un acuerdo específico con El Salvador para detener a venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Esta estrategia formaba parte de un esfuerzo más amplio por expandir las opciones de deportación más allá de los países de origen de los migrantes, especialmente en casos donde los gobiernos de origen se negaban a recibirlos o donde las condiciones políticas hacían impracticable la repatriación directa.

El cuestionamiento judicial a las «garantías» diplomáticas

En su fallo, el juez Murphy cuestionó duramente la transparencia y legalidad de las supuestas «garantías» diplomáticas en las que se basaba el gobierno para justificar estas deportaciones. El magistrado, designado por el presidente Joe Biden, escribió: «Estas son preguntas básicas que la Constitución permite que una persona se haga antes de que el Gobierno le quite su último y único recurso vital».

Murphy sostuvo que nadie puede ser privado de su vida o libertad sin el debido proceso legal, y afirmó que la política permitía que migrantes fueran enviados a «lugares desconocidos» siempre que el gobierno no tuviera evidencia directa de que enfrentarían violencia.

Acusaciones de información falsa y violación de órdenes

El juez también acusó a la administración Trump de proporcionar información falsa en el caso de un ciudadano guatemalteco identificado como OCG. Según el fallo, pese a contar con protección legal contra su deportación a Guatemala, el migrante fue enviado primero a México, donde había sido víctima de violencia, y luego devuelto a su país de origen, donde un juez de inmigración ya había determinado que probablemente sería perseguido.

Murphy afirmó que el gobierno «violó repetidamente, o intentó violar» órdenes judiciales previas, demostrando un patrón de desobediencia a las decisiones de los tribunales.

Precedentes judiciales y violaciones documentadas

En meses anteriores, el tribunal ya había ordenado al gobierno notificar por escrito a los migrantes el país al que serían enviados y brindarles una «oportunidad significativa» para expresar temores de persecución, tortura o muerte.

Sin embargo, el juez determinó que en marzo el Departamento de Defensa deportó al menos a seis migrantes a El Salvador y México sin cumplir con ese proceso, y que en mayo la Casa Blanca intentó expulsar a un grupo de hombres hacia Sudán del Sur con menos de 24 horas de aviso.

La disputa llega a la Corte Suprema

La controversia llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, que en junio permitió temporalmente que las deportaciones a terceros países se reanudaran mientras continuaban los litigios en tribunales inferiores. Días después, el máximo tribunal dio luz verde para que varios migrantes retenidos en una base naval en Yibuti fueran enviados a Sudán del Sur.

Esta intervención de la Corte Suprema demuestra la complejidad y la importancia nacional de la disputa, así como las tensiones entre los diferentes niveles del sistema judicial sobre cómo interpretar y aplicar las protecciones constitucionales en el contexto de la política migratoria.

Implicaciones de la decisión

Con este nuevo fallo, el tribunal de Massachusetts vuelve a poner en pausa una de las herramientas clave de la política migratoria de la administración Trump, al considerar que las garantías diplomáticas no pueden sustituir el derecho constitucional al debido proceso.

La decisión tiene implicaciones significativas no solo para los migrantes que podrían haber sido afectados por esta política, sino también para futuras administraciones que podrían intentar implementar estrategias similares para expandir sus opciones de deportación.

Reacciones y próximos pasos

Aunque el juez Murphy suspendió su decisión durante 15 días para dar tiempo al gobierno a presentar una apelación, la sentencia representa un golpe significativo a una de las estrategias más controvertidas de la administración Trump en materia migratoria.

Organizaciones de derechos humanos y defensores de los migrantes han celebrado la decisión, argumentando que protege derechos fundamentales y evita que personas sean enviadas a situaciones potencialmente peligrosas sin las debidas salvaguardias.

Por su parte, el gobierno probablemente apelará la decisión, lo que podría llevar el caso de vuelta a la Corte Suprema y prolongar la incertidumbre sobre el futuro de esta política.

El contexto más amplio de la política migratoria

Esta decisión se produce en un momento de intenso debate sobre la política migratoria en Estados Unidos, con profundas divisiones entre quienes abogan por un control más estricto de las fronteras y quienes defienden protecciones más robustas para los migrantes.

La política de deportaciones a terceros países representaba un intento innovador por parte de la administración Trump de sortear las limitaciones tradicionales de la política de deportación, pero también planteaba preguntas fundamentales sobre los derechos de los migrantes y las responsabilidades del gobierno en materia de protección internacional.

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