Los Seis Magistrados de la Sección Segunda Ratifican la Decisión de la Jueza ante el Recurso de Hazte Oír

En un fallo que ha generado un fuerte revuelo jurídico y social, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha ratificado por unanimidad la decisión de la jueza que rechazó el recurso interpuesto por la organización Hazte Oír contra una resolución municipal relacionada con la exhibición de mensajes en espacios públicos.

El caso, que ya había captado la atención de medios y activistas, se centraba en un recurso con «tintes prospectivos», es decir, que no se limitaba a cuestionar un hecho concreto y acaecido, sino que buscaba anticiparse a posibles futuras actuaciones del consistorio, algo que la jueza de instancia consideró como un exceso de generalidad jurídicamente improcedente. Ahora, el pleno de seis magistrados ha avalado íntegramente ese criterio, rechazando así la pretensión de Hazte Oír de que se declarara nula la política municipal en materia de mensajes en mobiliario urbano.

La sentencia, de más de cuarenta folios, insiste en que el recurso carecía de un objeto concreto y actual, lo que lo convertía en una mera «advertencia genérica» sin capacidad de generar efectos jurídicos inmediatos. Los magistrados subrayan que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede utilizarse para plantear escenarios hipotéticos sin conexión directa con un perjuicio real o inminente.

Desde Hazte Oír, conocida por su activismo en temas de identidad cultural y libertad de expresión, han calificado la decisión como «una muestra más de la judicialización de la política» y han anunciado que estudian la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo. En un comunicado, la organización lamentó que «la justicia no permita defender la neutralidad ideológica de lo público».

Por su parte, fuentes municipales celebraron el fallo como un espaldarazo a la autonomía local y a la capacidad de los ayuntamientos de regular sus espacios públicos sin injerencias externas. «No se trata de censura, sino de criterio municipal», afirmaron desde el consistorio.

Este caso se inscribe en una tendencia más amplia de litigios estratégicos por parte de colectivos conservadores que buscan, a través de recursos judiciales, limitar políticas municipales que consideran «ideologizadas». La decisión de la Sala valenciana podría sentar un precedente en la delimitación de los límites procesales de este tipo de acciones.

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