La Sala de lo Penal confirma el juicio contra los exministros Ábalos y Montón por cohecho y revelación de secretos

En una decisión que ha sacudido el panorama político español, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado de forma unánime todos los recursos presentados por el exministro José Luis Ábalos y la exministra de Sanidad Carmen Montón contra la decisión del juez instructor Santiago Pedraz de enviarles a juicio por los presuntos delitos de cohecho continuado y revelación de secretos.

La resolución, que consta de más de 200 páginas y ha sido redactada por el magistrado Javier Martínez, pone fin a una batalla judicial que se prolongaba desde hace meses y que tenía en vilo a la clase política española. La Sala ha considerado que existen indicios racionales suficientes para mantener la decisión del juez Manuel García Castellón de enjuiciar a los dos exministros del gobierno de Pedro Sánchez.

El origen de la trama: el caso Koldo

La causa se remonta a la investigación sobre la adjudicación irregular de contratos públicos durante la pandemia de COVID-19, popularmente conocida como el «caso Koldo», en referencia a Koldo García, asesor del exministro Ábalos que se convirtió en pieza clave de la trama de corrupción.

Según el auto del juez García Castellón, Ábalos y Montón habrían participado en una trama que se dedicaba a favorecer a empresas amigas en la adjudicación de contratos millonarios para la compra de material sanitario durante los peores momentos de la pandemia. La trama, según la investigación, operaba a través de una compleja red de empresas pantalla y testaferros que permitían el desvío de fondos públicos.

Los argumentos de la Sala de lo Penal

La Sala de lo Penal ha rechazado rotundamente los argumentos de la defensa, que sostenía que el juez instructor había incurrido en indefensión procesal y que no existían pruebas suficientes para llevar a los exministros a juicio.

«La instrucción ha sido exhaustiva y se han respetado todos los derechos de la defensa», señala el fallo. «Existen indicios racionales de criminalidad que justifican el enjuiciamiento de los acusados por los delitos que se les imputan».

La Sala ha destacado especialmente el testimonio de varios testigos protegidos que habrían revelado cómo funcionaba la trama y el papel que desempeñaban Ábalos y Montón en la misma. También se han tenido en cuenta las comunicaciones telefónicas intervenidas y los movimientos financieros detectados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Las reacciones políticas

La noticia ha provocado reacciones inmediatas en el ámbito político. Desde el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fuentes próximas a Pedro Sánchez han manifestado su «total confianza en la justicia» y han recordado que «todos los ciudadanos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario».

Por su parte, Pablo Casado, líder del Partido Popular, ha exigido la «inmediata dimisión» de los dos exministros y ha pedido al gobierno de coalición que «dé explicaciones sobre lo que sabía y cuándo lo sabía».

«Esto es un escándalo sin precedentes», ha declarado Casado en una rueda de prensa improvisada. «Dos exministros del gobierno de Sánchez van a sentarse en el banquillo de los acusados por corrupción. Esto es intolerable y demuestra la degradación moral del PSOE».

Vox, por su parte, ha anunciado que presentará una moción de censura contra el gobierno y ha pedido la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

El futuro procesal de Ábalos y Montón

Con la confirmación de la Sala de lo Penal, Ábalos y Montón deberán ahora enfrentarse a un juicio que se prevé largo y complejo. La Audiencia Nacional aún no ha fijado fecha para el inicio del proceso, pero todo apunta a que podría celebrarse a lo largo del próximo año.

Los abogados de la defensa ya han anunciado que estudian recurrir al Tribunal Constitucional, aunque las posibilidades de éxito son escasas dada la firmeza de la decisión de la Sala de lo Penal.

Mientras tanto, Ábalos y Montón mantienen su presunción de inocencia y han reiterado en múltiples ocasiones que se trata de una «caza de brujas política» orquestada por sus adversarios.

«Estoy tranquilo porque sé que no he hecho nada malo», declaró Ábalos a su salida del tribunal. «Esto es una persecución política sin precedentes y confío en que la verdad saldrá a la luz en el juicio».

El impacto en el gobierno de coalición

El caso ha supuesto un duro golpe para el gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, que ya venía arrastrando tensiones internas y una popularidad en caída libre.

Fuentes gubernamentales han reconocido «off the record» que el caso ha creado una situación de «gran preocupación» en Moncloa, especialmente porque coincide con la inminente celebración de las elecciones municipales y autonómicas.

«Esto nos complica mucho las cosas», reconoce un alto cargo del PSOE. «Tenemos que trabajar el doble para que el mensaje de corrupción no cala entre el electorado, pero es evidente que esto nos perjudica».

La opinión de los expertos

Los analistas políticos consultados por este diario coinciden en señalar que el caso Ábalos-Montón podría tener consecuencias imprevisibles para el futuro del gobierno.

«Estamos ante un caso de corrupción que involucra a dos exministros de un gobierno que llegó al poder precisamente acusando a la derecha de corrupta», explica el politólogo Carlos Cuesta. «El daño reputacional es enorme y podría tener consecuencias electorales significativas».

Por su parte, la abogada penalista Ana María Pérez considera que la decisión de la Sala de lo Penal es «coherente con la jurisprudencia vigente» y que los indicios presentados por la instrucción son «suficientemente sólidos» para justificar el enjuiciamiento.

El contexto internacional

El caso también ha trascendido las fronteras españolas, con numerosos medios internacionales haciéndose eco de la noticia. The New York Times lo ha calificado como «el mayor escándalo de corrupción del gobierno socialista español», mientras que Le Monde habla de una «crisis institucional» en España.

La Unión Europea ha seguido el caso con atención, especialmente porque coincide con la presidencia española rotatoria del Consejo de la UE, que asumió el pasado 1 de julio.


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