La aventura internacional del Canal de Isabel II termina en fracaso: 100 millones en pérdidas y una crisis sin fin

El Canal de Isabel II, la joya de la corona de las empresas públicas madrileñas, se enfrenta a su mayor crisis de reputación y viabilidad económica. Lo que comenzó como una ambiciosa expansión internacional en pleno boom inmobiliario se ha convertido en un agujero negro de millones de euros, pleitos internacionales y una reputación empañada por la corrupción.

Un imperio construido sobre arenas movedizas

La historia se remonta a 2001, cuando Alberto Ruiz-Gallardón presidía la Comunidad de Madrid. En plena euforia económica, las empresas públicas regionales decidieron emular a las grandes corporaciones y expandirse más allá de las fronteras españolas. El Canal, que gestiona el agua de la región más poblada de España, no quiso quedarse atrás.

La compra de Inassa en Colombia en 2001 marcó el inicio de una expansión desmedida que llevó al Canal hasta Brasil, Ecuador, República Dominicana, México, Uruguay y hasta concesiones nacionales en Lanzarote y Cáceres. Pero detrás de esta fachada de multinacional del agua se escondía un entramado de irregularidades que terminarían estallando con estrépito.

El escándalo Lezo: mordidas y sobreprecios

El caso estalló en 2017 con la detención de Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid y máximo responsable del Canal durante años. La investigación judicial reveló que González y otros altos cargos se habían repartido más de cuatro millones de euros en mordidas a través del sobreprecio pagado por la compra de la compañía brasileña Emissão.

El proceso de adquisición, que se prolongó entre 2012 y 2014, se convirtió en el epicentro de la corrupción. González, que ahora espera juicio, habría utilizado su posición para inflar artificialmente el precio de la empresa brasileña, quedándose con una parte sustancial del sobrecoste.

Un agujero económico de dimensiones bíblicas

Según el informe de la Cámara de Cuentas consultado por EL PAÍS, las pérdidas acumuladas solo en la empresa brasileña Emissão ascienden a 90 millones de euros. Pero la realidad es aún más preocupante. La oposición calcula que el agujero supera fácilmente los 100 millones, sumando las pérdidas de Canal Extensia y la Triple A dominicana.

El Canal, sin embargo, se niega a dar una cifra exacta, remitiéndose a la información publicada en su página web. «Las operaciones en Brasil se mantienen fundamentalmente para agotar las reclamaciones judiciales contra entidades públicas brasileñas, con un valor total reclamado superior a 65,5 millones de euros aproximadamente», explica un portavoz de la compañía.

La empresa brasileña al borde de la quiebra

La situación de Emissão es particularmente preocupante. Dos auditorías de Ernst & Young entregadas al gobierno regional y adelantadas por EL PAÍS revelan que la empresa está al borde de la quiebra. Los informes advierten de «una incertidumbre material que podría generar una duda significativa acerca de la capacidad de la Compañía para continuar en operación».

Esta situación ha llevado al Canal a mantener operaciones en Brasil «fundamentalmente para agotar las reclamaciones judiciales», según la empresa. Pero la oposición ve esta estrategia como un parche que no resuelve el problema de fondo.

El fiasco de Lanzarote: 145 millones en deuda

La concesión de la gestión del agua en Lanzarote, vigente desde 2013 hasta 2043, se ha convertido en otro quebradero de cabeza. Lo que debía ser un negocio rentable desde 2020-2021 se ha transformado en una fuente de pérdidas recurrentes.

«Desde su inicio, se han venido poniendo de manifiesto las dificultades para el cumplimiento de la senda financiera prevista», reconoce la Cámara de Cuentas. La deuda con el Canal ascendía ya a 145 millones de euros a finales de 2024, y se ha firmado una nueva adenda que eleva el importe máximo del préstamo participativo a 184 millones.

Pleitos internacionales y expropiaciones

La expansión internacional del Canal ha dejado una estela de conflictos jurídicos. En Santo Domingo, la empresa perdió un contrato millonario por «lesionar los intereses estatales». En Colombia, el gobierno expropió una filial del Canal aplicando una ley antinarco, lo que ha llevado a la empresa a presentar una reclamación en la Corte de Arbitraje del Banco Mundial.

El laudo correspondiente no llegará, como pronto, hasta finales de 2027, según documentación de la propia empresa. Mientras tanto, los pleitos se acumulan en España, Uruguay, Brasil, Panamá y Perú.

El llamado a la responsabilidad política

La oposición no ha tardado en exigir responsabilidades políticas. «Ante lo que desnuda este informe cabe exigir la apertura de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para depurar responsabilidades políticas por el fracaso de las inversiones iberoamericanas», afirma Diego Cruz, diputado del PSOE especializado en esta empresa pública.

«¿Dónde estaban los consejeros del PP?», se pregunta Cruz. «Fue este partido quien modificó la ley en 2012 para eliminar la autorización previa del Consejo de Gobierno. Fue su desregulación la que permitió este desastre. El dinero que debía invertirse en mejorar el agua en Madrid se dilapidó en Brasil, Colombia, Perú, Panamá y República Dominicana».

Un imperio que debe volver a casa

El mensaje de la Cámara de Cuentas es claro: el Canal debe volver a concentrarse en su actividad principal, la gestión del agua en la Comunidad de Madrid. Las exigencias medioambientales de la Unión Europea requieren fuertes inversiones en la región, y el Canal no puede permitirse seguir manteniendo negocios deficitarios en el extranjero.

«En fin de 2024, la deuda con el Canal ascendía ya a 145 millones de euros. Por otra parte, en el ejercicio 2024, se firmó una nueva adenda al préstamo participativo por la que se elevó el importe máximo del mismo a 184 millones de euros, lo que (…) grava a la matriz con unas obligaciones financieras elevadas en un momento en el que la acentuación de las exigencias medioambientales de la Unión Europea exige fuertes inversiones en la Comunidad de Madrid», advierte el informe.

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Este caso representa uno de los mayores fiascos empresariales y políticos de la historia reciente de España, con implicaciones que van más allá de las simples pérdidas económicas y que cuestionan la gestión del dinero público y la ética en la política.

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