Escándalo en el sector de la construcción: Descuadres millonarios y negocios turbios con empresario investigado

La constructora Gruconsa, una de las principales empresas del sector en el norte de España, ha admitido este miércoles la existencia de «descuadres» económicos en dos obras que actualmente se encuentran bajo investigación judicial. Estos hallazgos se producen en el marco de una trama más amplia que involucra al empresario Antxon Alonso, cuyo nombre ha saltado a la palestra tras destaparse una compleja red de presuntas irregularidades.

Según fuentes cercanas al caso, Alonso habría propuesto a la dirección de Gruconsa la participación en diversos proyectos empresariales de naturaleza eólica e inmobiliaria, articulados a través de alianzas con una importante compañía energética y con un sindicato de ámbito regional. La constructora, por su parte, ha confirmado que aceptó explorar estas propuestas, aunque mantiene que en todo momento las operaciones se llevaron a cabo bajo parámetros de legalidad y transparencia.

El detalle más controvertido, sin embargo, reside en la relación laboral que mantenía la empresa con el hijo del secretario general del citado sindicato. Según ha trascendido, el joven fue contratado por Gruconsa en un cargo de responsabilidad media, lo que ha despertado sospechas sobre un posible intercambio de favores o influencias. La compañía niega cualquier trato de favor y sostiene que el proceso de selección se ajustó a criterios profesionales, aunque reconoce que el vínculo familiar era conocido internamente.

Los «descuadres» detectados en las dos obras investigadas ascienden a varios millones de euros, según fuentes judiciales, y estarían relacionados con sobrecostes, facturaciones irregulares y desvíos de presupuesto. La Fiscalía ya ha solicitado ampliar la investigación para determinar si estos desajustes forman parte de un esquema mayor de corrupción empresarial y política.

Por su parte, Antxon Alonso, a través de sus abogados, ha rechazado cualquier acusación de ilícito y se ha declarado víctima de una «campaña de desprestigio». Su entorno asegura que los proyectos que propuso eran «innovadores y beneficiosos para la economía local», y que cualquier irregularidad detectada es fruto de «errores administrativos sin mayor trascendencia».

El sindicato involucrado ha emitido un comunicado en el que defiende la «honorabilidad» de su secretario general y rechaza cualquier sugerencia de que el empleo de su hijo estuviera vinculado a presiones o acuerdos extraprofesionales. No obstante, fuentes internas consultadas por este diario admiten que la situación genera «un clima de desconfianza» entre la militancia.

La constructora, por su parte, ha anunciado la contratación de un auditor externo para revisar toda su contabilidad de los últimos cinco años y ha prometido «máxima colaboración» con la Justicia. No obstante, analistas del sector advierten de que el escándalo podría tener consecuencias graves para su reputación y sus contratos futuros.

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