Portugal aprueba iniciar trámite para recortar ley trans: un retroceso que preocupa a la comunidad LGTBIQ+

Lisboa, 14 de marzo de 2025 – La Asamblea de la República de Portugal ha dado este viernes un paso que ha encendido las alarmas en el colectivo LGTBIQ+. Por 151 votos a favor y 79 en contra, el Parlamento ha aprobado el inicio de los trámites para modificar la ley trans de 2018, una norma pionera que garantizaba el derecho a la autodeterminación de género y la protección de las características sexuales de cada persona.

La decisión llega tras la presentación de tres propuestas distintas por parte de los partidos conservadores —el PSD (Partido Social Demócrata), el CDS-PP y Chega— que conforman la mayoría de derechas en la Cámara. Aunque las mociones han salido adelante con los votos de las tres formaciones de centroderecha y extrema derecha, su aprobación definitiva puede tardar meses, pues deberá pasar por la Comisión parlamentaria de derechos y libertades y volver al hemiciclo para su ratificación final.

El PSD, principal fuerza de la coalición gobernante liderada por el primer ministro Luís Montenegro, propone vetar cualquier tipo de terapia de género a menores y prohibirles el cambio registral. Además, acota a los adultos la posibilidad de iniciar su transición si carecen de la nacionalidad portuguesa y obliga a mayores de 18 años a presentar un diagnóstico previo de «incongruencia de género». Desde el partido, defienden estos cambios como «una propuesta basada en la responsabilidad y el equilibrio», alegando la «protección de los niños y jóvenes a la luz de las últimas evidencias científicas».

Por su parte, Chega, la formación de extrema derecha que se ha consolidado como segunda fuerza parlamentaria, ha replicado los argumentos de la ultraderecha global en su moción. Entre sus propuestas más polémicas se encuentran la prohibición de que las personas trans usen baños públicos acordes a su identidad, la exclusión de mujeres trans de competiciones deportivas femeninas y su ingreso en prisiones de mujeres. «La ciencia afirma que el sexo biológico viene determinado por características inmutables», defendió la diputada ultra Madalena Cordeiro durante el debate.

Las fuerzas progresistas —PS (Partido Socialista), Bloco de Esquerda, PCP (Partido Comunista Portugués) y PAN— han denunciado «un ataque a los derechos y libertades, sobre todo de los jóvenes». Iniciativa Liberal, formación de centroderecha liberal, también se ha unido a la oposición, mostrando las fisuras dentro del bloque conservador.

Desde la Sociedad Portuguesa de Sexología Clínica han emitido un comunicado en el que consideran que las propuestas de recorte «ignoran la evidencia empírica y amenazan gravemente la salud mental de una población vulnerable». La organización insiste en que «las decisiones legislativas deben proteger la vida y el bienestar de todos los ciudadanos, basándose en la ciencia y no en prejuicios», y alerta de que «las barreras legales y las restricciones médicas agravan el riesgo de suicidio» en personas trans.

Un estudio publicado en febrero en The Journal of Pediatrics parece respaldar estas preocupaciones. La investigación, titulada «Cambios en las tendencias e ideaciones suicidas entre adolescentes trans tras la terapia hormonal: un estudio ampliado», concluyó que la terapia hormonal está vinculada con una reducción clínicamente significativa de las tendencias e ideaciones suicidas a lo largo del tiempo. El trabajo monitorizó a 432 personas de entre 12 y 20 años durante casi dos años (679 días).

Portugal se convirtió en 2018 en uno de los países pioneros en aprobar normativa para proteger «el derecho a la autodeterminación de la identidad de género y la expresión de género». Con esa ley, cualquier persona mayor de 18 años podía cambiar de nombre y de género en el registro sin mayores trámites. Para menores entre 16 y 18 años, se requería el consentimiento de progenitores o tutores, además de un informe médico que constatase la libre elección de la persona y la ausencia de impedimentos.

El actual contexto político es clave para entender este retroceso. Tras las elecciones legislativas de mayo de 2024, la Asamblea de la República cuenta con un 70% de los escaños en manos de partidos de derechas. La izquierda, que se presentó fragmentada en seis formaciones, sufrió mucho la división.

Ahora, el proceso legislativo continuará con el debate en la Comisión parlamentaria de derechos y libertades, que puede prolongarse durante meses. Una vez concluida esta fase, la propuesta volverá al hemiciclo para su aprobación definitiva. Después, el Presidente de la República, el socialista Marcelo Rebelo de Sousa, podrá promulgar el cambio, vetarlo o, si tiene dudas sobre su constitucionalidad, enviarlo al Tribunal Constitucional.

Este debate en Portugal se produce apenas una semana después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalara el derecho de las personas trans a que su género sea reconocido en sus documentos oficiales en todos los Estados miembro. En una sentencia publicada el 12 de marzo, el máximo órgano de justicia europeo dio la razón a una mujer trans que había pedido, sin éxito, a Bulgaria, su país natal, que actualizara sus datos en el registro civil. Para el TJUE «el Derecho de la Unión se opone a que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro pueda interpretar una norma que acabe constituyendo un obstáculo jurídico para la inscripción en el registro civil de ese Estado de un cambio de los datos relativos al género».

La decisión del Parlamento portugués ha generado una ola de reacciones en todo el espectro político y social. Mientras las organizaciones LGTBIQ+ convocan movilizaciones y alertan sobre un «peligroso retroceso en derechos humanos», los grupos conservadores celebran lo que consideran una «victoria de la protección a la infancia y la defensa de la realidad biológica».

Con este escenario, Portugal se enfrenta a un momento decisivo en el reconocimiento de los derechos de las personas trans, en un contexto europeo donde países como España, Alemania o Bélgica avanzan en protecciones mientras otros, como Hungría o Polonia, retroceden en políticas de reconocimiento de género.

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