En el corazón de la política española, donde cada decisión parece estar marcada por la tinta roja de la crisis y la sombra alargada de la guerra, el Congreso de los Diputados se ha convertido en un campo de batalla ideológico que refleja las profundas fracturas de la sociedad. Con el conflicto en Irán desatando temblores económicos globales y los precios disparándose como cohetes sin control, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido tomar cartas en el asunto, pero no sin antes enfrentarse a una derecha parlamentaria que parece más interesada en frenar cualquier avance social que en buscar soluciones reales para la ciudadanía.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha iniciado una ronda de contactos telefónicos con todos los grupos parlamentarios —sí, incluso con Vox, aunque nadie espera una respuesta positiva— para sondear la posibilidad de construir un consenso en torno a medidas urgentes que palien los efectos de la guerra en el bolsillo de los españoles. Pero la desconfianza es palpable. Desde el PP hasta Junts, pasando por el PNV, todos parecen coincidir en una cosa: temen que Sánchez use estas reuniones como mero escaparate propagandístico. Y no les falta razón, si recordamos cómo el presidente ya anunció su comparecencia ante las Cortes para el 25 de marzo, tras el Consejo Europeo, para explicar la posición de España sobre Irán.

Mientras tanto, los socios de la coalición progresista no se andan con rodeos. Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar, ha sido clara: las medidas llegarán «más pronto que tarde», y entre ellas destacan la prórroga y congelación de los alquileres, así como un impulso decidido a las energías renovables. Alberto Ibáñez, de Compromís, va más allá y pide inspecciones en gasolineras para evitar abusos en el precio de los carburantes. Águeda Micó, ex de Compromís, defiende que si hacen falta dos, tres, cuatro o diez decretos, se harán. Y Ione Belarra, de Podemos, incluso habla de un «plan anti Trump», insistiendo en que el Gobierno tiene herramientas para hacer mucho más, especialmente en la protección contra los desahucios y la reducción de precios de alquiler.

Pero la derecha parlamentaria no cede ni un milímetro. El recuerdo de lo ocurrido hace dos semanas aún está fresco: PP, Vox, Junts y UPN tumbaron un decreto social que frenaba los desahucios y otro del Ministerio de Consumo para controlar los precios especulativos en situaciones de emergencia. El ministro Pablo Bustinduy ya advirtió entonces que ese «bofetón político» podría lamentarse algún día, y ahora apela a la memoria para interpelar a sus adversarios.

Ester Muñoz, portavoz del PP, no se da por aludida. Este martes, tras la Junta de Portavoces, rechazó los argumentos críticos y reiteró que no apoyarán ningún decreto «trágala» para tapar los escándalos que rodean a Sánchez o para «legalizar la ocupación». Y sobre los topes de precios, sentenció: «Controlar los precios a demanda es comunista». Una frase que resume a la perfección la brecha ideológica que divide al Congreso y, por extensión, al país.

Mientras tanto, la ciudadanía observa con creciente impaciencia cómo sus representantes se enzarzan en una batalla de trincheras que parece más propia de otra época. Con la inflación mordiendo los sueldos, los alquileres disparados y el precio de la gasolina alcanzando cotas insoportables, la urgencia de medidas reales es innegable. Pero en el Congreso, como en tantas otras instituciones, la política parece haberse convertido en un fin en sí mismo, relegando el bienestar de la gente a un segundo plano.

Y así, mientras Sánchez prepara su comparecencia y la derecha afila sus argumentos, el reloj sigue corriendo. Porque, al final, no son los discursos ni las etiquetas ideológicas los que llenan la nevera o pagan el alquiler. Son las decisiones concretas, las que se toman o se dejan de tomar, las que marcan la diferencia entre la esperanza y la desesperación.

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