La UE aprueba endurecer los centros de deportación fuera de sus fronteras: familias con menores podrían ser enviadas

El Parlamento Europeo ha dado este lunes un paso decisivo para materializar una de las medidas más controvertidas del pacto migratorio: la creación de centros de deportación de migrantes irregulares en terceros países. La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos (Libe) ha aprobado el mandato negociador que no solo ratifica la posibilidad de establecer estos hubs fuera de la UE, sino que endurece las condiciones inicialmente planteadas por la Comisión Europea y el Consejo.

La votación, que contó con el respaldo de conservadores y formaciones de ultraderecha, permite incluso enviar a estos centros a familias con menores, siempre que no se trate de menores no acompañados. Así, si un grupo familiar recibe una orden de retorno, los niños también podrían ser incluidos en el traslado a un país en el que nunca han estado, con los riesgos de detención y limbo jurídico que ello conlleva.

El texto elimina además causas como enfermedades que requieran tratamiento o lazos familiares como motivos para aplazar una orden de deportación, endureciendo las sanciones por incumplimiento, que pueden incluir prohibiciones de entrada en territorio europeo de por vida. Todo ello, pese a las advertencias de organizaciones de derechos humanos y del comisario del Consejo de Europa, que reclamaban excluir a los menores y garantizar salvaguardas efectivas.

La votación se produce en un contexto de endurecimiento generalizado de la política migratoria europea, impulsada por países como Dinamarca y con el respaldo de la Eurocámara, donde las fuerzas de derecha y ultraderecha son mayoritarias. El siguiente paso será la negociación formal entre Parlamento y Consejo para cerrar un texto final, que se prevé rápido dada la coincidencia de posturas.

Para la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (Picum), el mandato aprobado «pone en riesgo a cientos de miles de personas, incluidos niños», y abre la puerta a medidas «igualmente violentas» a las de Estados Unidos. Fuerzas socialdemócratas y progresistas han alertado de que el texto traiciona los valores europeos de dignidad humana, igualdad y Estado de derecho.

El debate, sin embargo, está lejos de cerrarse. Mientras la mayoría considera imprescindible garantizar el retorno efectivo de quienes no obtienen protección internacional, la minoría que se opone advierte del riesgo de violaciones masivas de derechos fundamentales en un sistema que, a su juicio, criminaliza la migración y desatiende las obligaciones internacionales de la UE.

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