Fiscalía descarta sancionar a García Ortiz tras su condena del Supremo, pero abre expediente a la jefa de la Fiscalía de Madrid

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha tomado una decisión que cierra un capítulo judicial de alto voltaje político: descarta abrir la vía disciplinaria contra su antecesor, Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por revelar secretos sobre Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En un movimiento que sorprendió a muchos, Peramato optó por reincorporar a García Ortiz como fiscal en la Fiscalía de lo Social del Supremo, aplicando una doctrina que protege a los fiscales de ser considerados «de peor condición» que los jueces, para quienes solo se contempla la expulsión de la carrera con pena de cárcel.

El dilema jurídico que dividió a la Fiscalía

La decisión de Peramato no fue sencilla. García Ortiz, como máximo responsable del ministerio público, se encontraba en situación de «servicios especiales», lo que técnicamente lo sitúa fuera de la carrera fiscal y, por tanto, fuera del alcance del régimen disciplinario. Esta interpretación, respaldada por fuentes fiscales consultadas por EL PAÍS, cierra la puerta a cualquier sanción administrativa contra el ex fiscal general.

Sin embargo, la fiscal general sí ha acordado abrir un expediente gubernativo contra Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid. La investigación se centrará en determinar si Rodríguez debió abstenerse cuando estalló el caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Rodríguez llegó a ser imputada por este tribunal y mantuvo esta condición hasta que, a las puertas del juicio, la Sala de Apelación la exoneró al considerar que se limitó a cumplir órdenes de su superior.

El último frente: las costas millonarias

Aún queda un último fleco por cerrar. García Ortiz y la Fiscalía han presentado un recurso contra el cálculo de las costas que el Supremo le impuso: 79.942,70 euros, una cifra que ambas partes consideran «abiertamente desproporcionada». Sus estimaciones apuntan a que deberían fijarse en 4.240 euros.

Una vez resuelto este extremo, se espera que García Ortiz solicite amparo al Tribunal Constitucional, mientras que la Fiscalía también planea acudir a la corte de garantías para anular la condena.

El escándalo que sacudió los cimientos del poder

El caso, que enfrentó al poder judicial con el ejecutivo autonómico madrileño, reveló tensiones profundas dentro de la Fiscalía y planteó preguntas incómodas sobre la independencia del ministerio público. La condena de García Ortiz no solo marcó un precedente jurídico, sino que también evidenció cómo la política puede filtrarse incluso en los estamentos más técnicos del Estado.

Con la decisión de Peramato, se cierra un capítulo que mantuvo en vilo a la opinión pública durante meses, aunque las consecuencias de este terremoto institucional seguirán resonando en los pasillos del poder durante mucho tiempo.

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