Fiscalía de Barcelona archiva investigación por torturas en comisaría franquista tras no identificar a autores

En un giro judicial que ha generado controversia en el ámbito de la memoria histórica, la Fiscalía de Barcelona ha decidido sobreseer la primera denuncia penal por torturas cometidas en el contexto de crímenes contra la humanidad en la emblemática comisaría de la Via Laietana durante la dictadura franquista y los primeros años de la Transición.

El caso, que había sido impulsado por la activista Blanca Serra y apoyado por organizaciones de derechos humanos como Irídia-Centre per la Defensa dels Drets Humans, Òmnium Cultural y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), ha sido archivado por la imposibilidad de identificar a los autores materiales de los delitos, según informó la propia Fiscalía en un comunicado remitido este jueves.

Según el relato detallado en el informe fiscal, Serra relató haber sido detenida junto a su hermana Eva, ya fallecida, por agentes de la Brigada Político Social en 1977. La única motivación de su detención, según la denunciante, era su actividad política de oposición a la dictadura. Durante su estancia en la Comisaría de la Jefatura de Policía, Serra asegura haber sido sometida a violencia física y psíquica con el fin de obtener información y una confesión forzada, lo que le provocó secuelas traumáticas de carácter permanente.

La Fiscalía reconoce en su informe que aquellos maltratos se produjeron «en el contexto de la persecución y represión política instaurada por el franquismo y en el marco de un régimen institucionalizado de opresión sistemática y generalizada». Además, el organismo confirma que Blanca Serra ostenta la condición de «víctima del franquismo, de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática».

La investigación, que se inició en abril del año pasado, se amparaba en el contenido de la Ley de Memoria Democrática, que obliga a «realizar una investigación efectiva que satisfaga el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición». La Fiscalía consideraba que el caso de Serra cumplía dos elementos clave: se trataba de violaciones graves de los derechos humanos y estos se habían producido entre el 18 de julio de 1936, con la rebelión militar franquista, y el 29 de diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución vigente.

La activista, que ha declarado que «ser mujer implica un tipo de tortura muy específica», está previsto que valore esta tarde la decisión de la Fiscalía. La noticia ha generado reacciones en el ámbito de la memoria histórica, donde se debate la dificultad de llevar a cabo investigaciones sobre crímenes del pasado cuando los autores ya han fallecido o no pueden ser identificados.

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