Andalucía se enfrenta a una nueva reclamación de 16,4 millones por la expropiación de terrenos en el entorno de Doñana

Un nuevo frente judicial amenaza las finanzas de la Junta de Andalucía y vuelve a poner en el punto de mira la gestión ambiental en el entorno del Parque Nacional de Doñana. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible acaba de recibir una reclamación de 16,4 millones de euros por la expropiación de terrenos que se produjo hace años con el objetivo de frenar la expansión de regadíos ilegales en la comarca del Aljarafe.

La reclamación, presentada por un grupo de propietarios afectados, se enmarca en un procedimiento iniciado en 2023, es decir, antes de que el Gobierno central y la Junta alcanzaran un acuerdo para reducir los regadíos en el entorno de Doñana. Este pacto, que pretendía ser un punto de inflexión en la lucha contra la despoblación hídrica del parque, no ha logrado frenar las tensiones legales y económicas que arrastran estos casos desde hace décadas.

Los terrenos en cuestión fueron expropiados en su momento por la administración andaluza como parte de un plan de protección del acuífero que alimenta Doñana, uno de los humedales más importantes de Europa y declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Sin embargo, los afectados argumentan que las indemnizaciones ofrecidas en su momento no se ajustan al valor real de mercado y que la operación vulneró derechos de propiedad sin una justificación ambiental suficiente.

Fuentes de la Consejería admiten que el procedimiento se encuentra en una fase preliminar y que aún no hay sentencia firme, pero advierten del impacto que podría tener en las arcas públicas andaluzas si la reclamación prospera. «Se trata de una cuantía muy elevada que podría comprometer inversiones previstas en otros ámbitos», señalan fuentes internas.

El caso revive el debate sobre la política de expropiaciones en zonas de especial protección medioambiental. Críticos con la gestión anterior recuerdan que, en su momento, la Junta actuó con celeridad para evitar la proliferación de cultivos intensivos que agotaban el acuífero, pero que no supo prever las consecuencias económicas y judiciales de esas decisiones. Por su parte, defensores de la expropiación subrayan que sin esas medidas la degradación de Doñana habría sido mucho mayor.

El momento elegido por los demandantes no es casual. En pleno debate sobre la futura Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica de Andalucía, este litigio vuelve a poner de relieve la tensión entre desarrollo económico y conservación ambiental. Además, el acuerdo entre el Gobierno y la Junta para reducir los regadíos en el entorno de Doñana, que incluía compensaciones económicas a los agricultores, no ha logrado cerrar todos los frentes abiertos.

La reclamación de 16,4 millones se suma a otras demandas similares que la Junta mantiene pendientes, lo que podría suponer un golpe adicional a las cuentas andaluzas en un momento de ajuste presupuestario. Desde la oposición, se pide transparencia sobre el alcance de estas reclamaciones y se insta a la administración a buscar fórmulas extrajudiciales de acuerdo para evitar el pago de costas y el desgaste político.

En el entorno de la consejería se insiste en que el procedimiento sigue su curso y que, de momento, no hay sentencia firme. Sin embargo, la cifra ya ha despertado alarma entre los responsables de hacienda de la Junta, que temen que se trate solo de la punta del iceberg de una serie de reclamaciones que podrían superar los 50 millones en los próximos años.

El caso también reactiva el debate sobre la necesidad de una política más proactiva en la compra de terrenos para conservación, evitando así futuros litigios. Expertos en derecho ambiental apuntan que, en ocasiones, la falta de negociación previa y la aplicación rígida de la expropiación han generado conflictos que se podrían haber evitado con un diálogo más fluido con los propietarios.

Mientras tanto, la Junta estudia su estrategia legal y prepara alegaciones para defender su posición. La sentencia, si llega, podría tardar años, pero su impacto ya es evidente: una nueva muestra de que la protección de Doñana sigue siendo un asunto complejo, costoso y políticamente sensible.

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