Ciudad Real, España — Un empresario de 61 años se enfrenta a 15 años de prisión tras ser acusado de mantener relaciones sexuales con una empleada con discapacidad reconocida del 65%, en un caso que ha conmocionado a la provincia y reavivado el debate sobre la vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual en el ámbito laboral y personal.

El juicio, celebrado a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Ciudad Real para proteger la intimidad de la víctima, ha puesto de manifiesto una relación sentimental y sexual que, según la Fiscalía, se prolongó entre 2019 y 2023, con encuentros sexuales explícitos desde julio de 2022 hasta febrero de 2023. El acusado, propietario de una empresa de limpieza donde la denunciante trabajaba desde 2004, ha defendido ante el juez que la relación fue «consentida y deseada por ambos», mientras que la acusación sostiene que se aprovechó de la vulnerabilidad de la mujer para someterla a prácticas sexuales no consentidas.

Los hechos según la Fiscalía

El escrito del ministerio público describe con detalle cómo el acusado, «con pleno conocimiento de la minusvalía y discapacidad de la víctima», habría aprovechado su posición de superioridad laboral para «quebrar la voluntad y conciencia» de la empleada. Según la acusación, el empresario mantenía encuentros sexuales en los distintos centros de trabajo donde la víctima prestaba sus servicios como personal de limpieza, obligándola a practicarle sexo oral en múltiples ocasiones, con eyaculaciones sobre su rostro y cuerpo.

La Fiscalía enfatiza que la relación no se limitó a encuentros esporádicos, sino que fue «frecuente y continuada», siempre en contextos laborales donde el acusado acudía expresamente para verla. El relato judicial subraya que el empresario conocía perfectamente la situación de vulnerabilidad de la trabajadora, lo que convierte los hechos en un delito de agresión sexual continuada con aprovechamiento de la situación de indefensión.

La defensa y su argumentación

La defensa, representada por el abogado Víctor Francisco, ha solicitado la absolución libre del acusado, argumentando que los hechos se enmarcaron en «una relación afectiva plenamente consentida». El letrado ha presentado informes médicos forenses de 2016 que, según su interpretación, demuestran que la discapacidad declarada se limitaba al ámbito económico y a la firma de contratos complejos, sin afectar a la capacidad de la denunciante para dirigir su vida personal o mantener relaciones íntimas.

Francisco ha advertido sobre las implicaciones de asumir que una persona con retraso mental leve carece automáticamente de capacidad para consentir, sosteniendo que esta interpretación podría criminalizar cualquier relación íntima con personas que presenten este tipo de discapacidad. «Si aceptamos esta premisa, cualquier relación podría convertirse en una acusa

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