Francisco González, expresidente del BBVA, se enfrenta a una petición de 173 años de prisión por contratar a José Manuel Villarejo para espiar ilegalmente a empresarios, políticos y periodistas durante 12 años. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación en el que solicita además una multa de 181,1 millones de euros para el banco, acusado de cohecho y revelación de secretos. El caso, que estalló tras destaparse la trama de espionaje ilegal de Villarejo, se centra en la supuesta participación de González en la contratación de la empresa Cenyt, propiedad del comisario, para realizar labores de inteligencia y vigilancia al margen de la ley. Según la investigación, González, que presidió el BBVA hasta 2018, conocía y autorizaba las actividades ilegales ejecutadas por la trama, incluyendo el espionaje a rivales empresariales y personalidades de la vida pública.
La Audiencia Nacional confirmó en febrero que existen indicios suficientes para llevar a juicio a González y al BBVA junto a otros 11 acusados, entre ellos, altos cargos del banco y exmandos de la Policía Nacional. El juez instructor Manuel García-Castellón concluyó que los audios intervenidos demuestran la implicación directa de González en la trama, y que el sistema de prevención de delitos del BBVA era ineficaz, permitiendo que la alta dirección cometiera los delitos sin control.
Para González, la Fiscalía pide cinco años por cohecho activo y 168 años por 42 delitos de revelación de secretos (cuatro años por cada uno). Aunque la suma total es elevada, la ley limita el tiempo efectivo de prisión a un máximo de 15 años. El BBVA, como persona jurídica, se enfrenta a una multa de nueve millones de euros por cohecho y 172,8 millones por los delitos de revelación de secretos.
Entre los otros acusados, destaca Julio Corrochano, exjefe de Seguridad del BBVA, al que se reclaman 243 años de prisión, y Villarejo y su socio Rafael Redondo, ambos con 174 años. Los antiguos directivos del banco también afrontan penas elevadas, como Eduardo Arbizu (29 años y medio) y Óscar Santos (43 años). Ángel Cano, exconsejero delegado, no es acusado por la Fiscalía al haber prescrito los delitos que se le imputaban, aunque otras acusaciones sí piden penas para él.
El caso, conocido como la «trama Villarejo-BBVA», es uno de los mayores escándalos de espionaje corporativo en España y ha sacudido al sector financiero y político. El juicio promete ser uno de los más mediáticos de los últimos años, con la posibilidad de que testigos clave y víctimas de los espionajes declaren ante el tribunal.
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