Huawei, Hikvision y Dahua: La Audiencia Nacional se niega a investigar a las empresas chinas por la represión a los uigures

En un giro judicial que ha generado debate internacional, la Audiencia Nacional ha rechazado admitir a trámite una querella contra tres gigantes tecnológicos chinos—Huawei, Hikvision y Dahua Technology—acusadas de colaborar en la represión sistemática contra la minoría uigur en Xinjiang. La decisión, fundamentada en limitaciones legales y falta de jurisdicción directa, ha sido criticada por organizaciones defensoras de los derechos humanos, que ven en ella un obstáculo para la rendición de cuentas global.

El contexto: Una represión sin precedentes

Desde 2017, el gobierno chino ha llevado a cabo una campaña de vigilancia masiva y detención arbitraria en Xinjiang, región habitada mayoritariamente por uigures, una etnia de mayoría musulmana. Según informes de la ONU y organizaciones como Human Rights Watch, se estima que más de un millón de personas han sido internadas en campos de «reeducación», donde se les somete a adoctrinamiento político, trabajos forzados y violaciones de derechos fundamentales.

El régimen de Xi Jinping ha justificado estas medidas como necesarias para combatir el extremismo religioso y el separatismo. Sin embargo, la evidencia apunta a una estrategia de asimilación forzada, que incluye la supresión de la lengua y la cultura uigur, el control de nacimientos y la vigilancia tecnológica.

El papel de la tecnología en la represión

Las empresas chinas han sido señaladas como piezas clave en este entramado. Huawei, líder mundial en telecomunicaciones; Hikvision, especializada en sistemas de videovigilancia; y Dahua Technology, fabricante de cámaras de seguridad, habrían proporcionado la infraestructura tecnológica para el monitoreo masivo de la población uigur.

Según la querella presentada por el Congreso Mundial Uigur (WUC) y la organización Don’t Fund Russian Army (DFRA), estas compañías desarrollaron sistemas de reconocimiento facial y étnico-capaces de identificar a individuos por su apariencia racial. Estas herramientas, argumentan los denunciantes, se habrían integrado en una red de vigilancia que incluye cámaras en las calles, puntos de control policial y aplicaciones espía en teléfonos móviles.

La querella en España: Un intento de justicia universal

La decisión de presentar la querella en España se basó en el principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales de un país investigar crímenes internacionales graves, incluso si se cometen fuera de sus fronteras. Los denunciantes solicitaron a la Audiencia Nacional que investigara si las filiales españolas de estas empresas habían participado en la canalización de tecnología y financiación hacia Xinjiang.

Además, exigieron informes periciales de organismos públicos españoles, requerimientos de documentación al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la Agencia Tributaria, y la declaración de los representantes legales de las empresas como investigados.

La respuesta de la Fiscalía: Obstáculos legales insalvables

Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha concluido que la querella no puede ser admitida. En un informe detallado, el fiscal Carlos García-Berro argumenta que, tras la reforma de 2014, la jurisdicción universal en España se ha limitado considerablemente. Para que un tribunal español sea competente, se debe cumplir al menos uno de estos requisitos: que el autor o la víctima sean españoles, que el investigado se encuentre en España, o que exista previsión del delito en tratados internacionales ratificados por España.

En este caso, ninguna de las empresas tiene su sede central en España, y no se ha demostrado que sus filiales locales hayan tenido una participación «directa y autónoma» en los hechos denunciados. Además, el fiscal subraya que los delitos de lesa humanidad no prevén la responsabilidad de personas jurídicas, es decir, de empresas, según el derecho penal español.

Otro obstáculo fundamental es la «doble incriminación»: para que España pueda investigar, los hechos deben ser considerados delitos tanto en China como en España. Sin embargo, el fiscal señala que China no tipifica como delito de lesa humanidad las acciones descritas en la querella.

Reacciones y consecuencias

La decisión de la Audiencia Nacional ha sido recibida con decepción por las organizaciones denunciantes. «Es una oportunidad perdida para que España se posicione contra la impunidad y en defensa de los derechos humanos», afirmó un portavoz del WUC. Por su parte, expertos en derecho internacional han destacado que este caso pone de relieve las limitaciones de la jurisdicción universal en la era de la globalización y la tecnología.

En el ámbito diplomático, la negativa a investigar podría tensar aún más las relaciones entre España y China, especialmente en un momento en que la Unión Europea debate sanciones contra empresas implicadas en violaciones de derechos humanos.

El futuro de la lucha contra la impunidad tecnológica

Aunque la querella haya sido rechazada, el debate sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas en violaciones de derechos humanos está lejos de cerrarse. En los últimos años, han surgido iniciativas para regular el uso de tecnologías de vigilancia y para establecer mecanismos de rendición de cuentas a nivel global.

Organizaciones como Access Now y Amnesty International abogan por la creación de un marco legal internacional que permita sancionar a empresas que faciliten crímenes contra la humanidad, independientemente de dónde operen. Mientras tanto, la lucha de los uigures y sus aliados continúa, con la esperanza de que algún día se haga justicia.

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