Adamuz, 4 de marzo de 2026 — La juez del Juzgado de Instancia número 2 de Montoro, que investiga el trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en esta localidad cordobesa, ha impuesto nuevas restricciones a las labores de mantenimiento en el tramo afectado. La medida, adoptada tras conocerse que Adif pretendía realizar trabajos en la zona apenas semanas después de la tragedia, busca preservar la integridad de la escena para la investigación judicial y evitar cualquier alteración que pueda afectar a la reconstrucción de los hechos.

En una providencia emitida este miércoles, la magistrada ordena a Adif que se abstenga de realizar «tareas de mantenimiento y otras que afecten a la red ferroviaria, tramo de Adamuz, sin preaviso a este órgano judicial con quince días de antelación a su fecha de realización y condicionada la realización de los trabajos a previa autorización judicial». Esta decisión responde a un correo electrónico enviado por Adif el pasado 2 de marzo, en el que se informaba de la intención de llevar a cabo trabajos de mantenimiento en la noche del 3 al 4 de marzo. El plan consistía en el cambio de una sección de carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2.

La juez considera que estos trabajos podrían alterar pruebas clave para determinar las causas del accidente, que se cobró la vida de 46 personas y dejó decenas de heridos. La investigación judicial, que ya ha autorizado el acceso y análisis de las cajas negras de ambos trenes involucrados —uno de Iryo y otro de Renfe— y de las cámaras de seguridad del convoy de Iryo, avanza ahora con el apoyo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que este jueves analiza el contenido de las grabaciones de las cajas negras.

La decisión de la juez ha sido bien recibida por familiares de las víctimas y asociaciones de afectados, que temían que la reapertura del tramo sin garantías pudiera entorpecer la investigación y retrasar la obtención de respuestas sobre las causas de la colisión. «Es fundamental que no se toque nada hasta que sepamos exactamente qué pasó», declaró un portavoz de las familias. «No queremos que se repita lo que ya hemos vivido».

Por su parte, Adif ha manifestado su disposición a colaborar con la justicia y ha asegurado que los trabajos de mantenimiento se realizarán siempre que sean autorizados por la juez y no interfieran con la investigación. La empresa argumenta que el mantenimiento es esencial para garantizar la seguridad en la red ferroviaria, pero ha aceptado la imposición de la medida cautelar para evitar cualquier suspicacia.

El accidente, ocurrido en la madrugada del 18 de enero, ha generado un intenso debate sobre la seguridad ferroviaria en España. Diversas voces, incluidas las de expertos en infraestructuras, han reclamado una auditoría exhaustiva de la gestión de la red y de los protocolos de mantenimiento. La tragedia de Adamuz es la más grave en la historia reciente del ferrocarril español y ha puesto de relieve la necesidad de reforzar la supervisión y la transparencia en la gestión de las infraestructuras críticas.

Mientras la investigación sigue su curso, la comunidad de Adamuz y toda la provincia de Córdoba guardan luto y exigen justicia. La juez ha dejado claro que no habrá margen para la precipitación y que toda intervención en el tramo siniestrado estará sujeta a su control directo. El objetivo es garantizar que la verdad sobre lo ocurrido no quede sepultada bajo nuevas obras o intervenciones que puedan alterar el escenario del accidente.

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