El Supremo de EE UU anula los aranceles de Trump: un golpe millonario a la Casa Blanca

En una decisión que sacude los cimientos de la política comercial de Estados Unidos, el Tribunal Supremo acaba de invalidar la mayoría de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, abriendo la puerta a devoluciones que podrían superar los 175,000 millones de dólares para empresas estadounidenses. Con un fallo de 6 a 3, los jueces determinaron que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), utilizada por la administración Trump para justificar gran parte de sus medidas proteccionistas, no otorga al presidente la autoridad para imponer aranceles, que constituyen una forma de impuesto sobre las importaciones.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump desplegó una estrategia comercial agresiva, imponiendo aranceles a casi todos los países del mundo. Entre las medidas más controvertidas se encuentran los llamados «aranceles recíprocos», anunciados en abril pasado, que incluso pretendían gravar importaciones de islas con poblaciones de solo pingüinos. Estos aranceles, junto con otros de alcance global, fueron justificados por la administración bajo la IEEPA a través de órdenes ejecutivas.

Sin embargo, desde el principio, expertos legales cuestionaron si esta ley realmente permitía al presidente imponer aranceles. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, fue enfático al respecto: «Es revelador que, en más de 50 años de existencia de la IEEPA, ningún presidente haya invocado esta ley para imponer aranceles, y mucho menos aranceles de esta magnitud y alcance». Roberts subrayó que, para aplicar la ley de esa manera, el presidente «debe contar con una autorización clara del Congreso».

Esta decisión representa un raro y significativo revés judicial contra las políticas volátiles de la administración Trump. Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh disintieron, mostrando una profunda división en el tribunal.

¿Qué dijo Trump tras el fallo?

Durante un desayuno en la Casa Blanca con gobernadores, Trump calificó el fallo de «desgracia» y aseguró que tenía un «plan de respaldo», según informó Kaitlan Collins de CNN. Sin embargo, la realidad es que la sentencia no afecta todos los aranceles anunciados en los últimos dos años. Los aranceles sectoriales sobre acero, aluminio y cobre, impuestos bajo diferentes autoridades presidenciales, permanecen intactos.

Preocupaciones en el sector empresarial

Las pequeñas empresas temen que la administración responda a esta derrota legal simplemente reimponiendo la misma política arancelaria por otros medios. «Los aranceles reimpuestos bajo diferentes enfoques legales tendrían el mismo efecto destructivo», advirtió Dan Anthony, director ejecutivo de la coalición de pequeñas empresas We Pay the Tariffs.

Reemplazar estos aranceles no será tarea fácil para la administración, ya que otras políticas relevantes suelen implicar procedimientos complejos y extensas investigaciones comerciales antes de que se puedan imponer nuevos aranceles.

Un proceso de devolución millonario

La sentencia pone en marcha el proceso de devolución de una enorme cantidad de aranceles cobrados el año pasado. Los economistas han calculado que desde febrero de 2025 se han recaudado más de 175,000 millones de dólares en virtud de las políticas arancelarias de la IEEPA. En enero, anticipándose a la decisión del Tribunal Supremo, Trump publicó en su red social Truth Social que el proceso de devolución «sería un completo desastre, y casi imposible de pagar para el país».

Grandes empresas se suman a la batalla legal

Varias grandes empresas, como Costco, Prada, BYD y Goodyear, han presentado demandas contra el gobierno federal para exigir la devolución de los aranceles. Incluso Cantor Fitzgerald, una empresa de servicios financieros dirigida por los hijos del secretario de Comercio de EE UU, Howard Lutnick, creó formas para que sus clientes apostaran a que los aranceles serían anulados, según informó por primera vez WIRED en julio de 2025.

Esta decisión del Tribunal Supremo no solo representa un golpe económico significativo para la administración Trump, sino que también plantea preguntas sobre los límites del poder presidencial en materia comercial y el futuro de las relaciones comerciales de Estados Unidos con el resto del mundo.

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