Iustitia Europa denuncia a Trump y Netanyahu ante la CPI por crímenes de guerra y agresión

En un movimiento legal sin precedentes que sacude los cimientos del derecho internacional, la organización política española Iustitia Europa ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitando investigar al presidente estadounidense Donald Trump y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión.

El escrito, de 23 páginas meticulosamente argumentadas y al que ha tenido acceso este medio, señala dos episodios concretos que, según los denunciantes, constituyen «una grave afrenta a la conciencia de la humanidad y un desafío a los principios fundamentales que sustentan el orden jurídico internacional».

El ataque a la escuela femenina de Irán: «Al menos 165 niñas asesinadas»

El primero de los hechos denunciados es el bombardeo a una escuela femenina en Irán, un ataque que según la denuncia «provocó la muerte de al menos 165 niñas» y dejó decenas de heridos. El documento presenta testimonios y evidencias que apuntan a una operación militar coordinada que impactó directamente en instalaciones educativas, violando el principio fundamental de distinción entre objetivos civiles y militares establecido en el derecho internacional humanitario.

«La deliberada elección de un objetivo conformado mayoritariamente por menores de edad, en un contexto de vulnerabilidad extrema, evidencia una conducta que trasciende la mera negligencia operacional y apunta a una violación flagrante de las normas más elementales de protección a la población civil», argumenta el letrado Luis María Pardo, representante legal de Iustitia Europa.

El asesinato del sacerdote maronita en Líbano

El segundo episodio detallado en la denuncia es la muerte de un sacerdote maronita mientras asistía a civiles en Líbano, tras un ataque militar. Según el escrito, el religioso estaba realizando labores humanitarias cuando fue alcanzado por fuego cruzado o ataque directo, convirtiéndose en una víctima protegida por la Convención de Ginebra.

«La muerte de este sacerdote mientras realizaba labores humanitarias constituye una violación grave de las normas que protegen a las personas civiles y a quienes prestan asistencia en zonas de conflicto», señala la denuncia. «Se trata de un ataque contra un símbolo de la neutralidad humanitaria y contra la propia idea de protección a los más vulnerables».

Crímenes de lesa humanidad: un ataque sistemático contra la población civil

Iustitia Europa sostiene que los hechos podrían constituir «un ataque generalizado o sistemático contra la población civil de Irán y Líbano», lo que abriría la puerta a la calificación de crímenes de lesa humanidad. El escrito detalla la posible comisión de actos de «asesinato y exterminio», «persecución» de grupos identificados por motivos religiosos o nacionales, así como «otros actos inhumanos».

El abogado Luis María Pardo subraya especialmente los ataques a infraestructuras críticas para la supervivencia de la población, argumentando que «la destrucción de instalaciones esenciales para la vida cotidiana de los civiles, en un contexto de conflicto armado, constituye una forma particularmente grave de persecución colectiva».

Crímenes de guerra: objetivos civiles y protegidos internacionales

En cuanto a los posibles crímenes de guerra, la denuncia señala los «ataques a objetivos civiles», a «edificios dedicados a la educación» y a personas «protegidas por la Convención de Ginebra, como es el cura que llevaba a cabo labores humanitarias».

El escrito detalla cómo estos ataques violan principios fundamentales del derecho internacional humanitario, como el de distinción, el de proporcionalidad y el de precaución en el ataque. «La deliberada elección de objetivos que no tienen carácter militar, o cuya naturaleza civil es evidente, constituye una violación grave de las normas que rigen los conflictos armados», argumenta la denuncia.

Crimen de agresión: la campaña militar contra Irán

Iustitia Europa también se refiere a la posibilidad de que Trump y Netanyahu sean responsables de un crimen de agresión. El escrito insta a la Fiscalía de la CPI a «examinar si la planificación, preparación, inicio o ejecución de la campaña militar contra la República Islámica de Irán, que comenzó el 28 de febrero de 2026, constituye un crimen de agresión».

Este punto es particularmente relevante, ya que el crimen de agresión implica la planificación, preparación, iniciación o ejecución de un acto de agresión por parte de una persona que pueda ejercer el control efectivo sobre la acción política o militar de un Estado. La denuncia sugiere que las decisiones de iniciar y conducir la campaña militar podrían atribuirse directamente a Trump y Netanyahu en su calidad de máximas autoridades políticas y militares de sus respectivos países.

Responsabilidad jerárquica y el artículo 28 del Estatuto de Roma

El escrito invoca el artículo 28 del Estatuto de Roma sobre la responsabilidad atribuida a «los jefes y otros superiores». Esta norma establece que los altos cargos militares al mando de fuerzas que hayan cometido los delitos que competen a La Haya pueden ser considerados penalmente responsables, así como aquellos que no hayan adoptado «las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión».

«La responsabilidad de mando no es meramente teórica, sino que implica una obligación concreta de supervisión y control sobre las fuerzas subordinadas», explica el abogado Pardo. «Cuando un superior conoce o debiera conocer la comisión de crímenes por parte de sus subordinados y no adopta las medidas necesarias para prevenirlos o reprimirlos, asume una responsabilidad penal directa».

Un llamado a la valentía de la Corte Penal Internacional

En un pasaje particularmente contundente, la denuncia urge a la Corte Penal Internacional a «ejercer su mandato con la valentía e independencia que la historia le exige». «Le pedimos que vea en los sucesos de [la escuela en] Minab y Qlayaa —donde falleció el sacerdote— no solo tragedias humanas, sino flagrantes violaciones de la ley que deben investigarse», expresa el abogado Luis María Pardo.

El escrito concluye solicitando a la Fiscalía de La Haya que examine si estos actos son atribuibles de forma directa a Trump y Netanyahu, «en su capacidad como las más altas autoridades políticas y militares», y que determine si «participaron al planear, ordenar, autorizar o contribuir en la comisión de los crímenes descritos».

La respuesta internacional y las implicaciones geopolíticas

La presentación de esta denuncia ha generado una oleada de reacciones en la comunidad internacional. Mientras algunos Estados han guardado silencio, otros han expresado su apoyo a la iniciativa de Iustitia Europa, argumentando que «ninguna persona, por poderosa que sea, está por encima del derecho internacional».

Sin embargo, la denuncia también enfrenta obstáculos significativos. La CPI depende de la cooperación de los Estados para ejecutar sus decisiones, y tanto Estados Unidos como Israel no son parte del Estatuto de Roma, lo que complica la jurisdicción de la Corte sobre estos casos.

El precedente histórico y el principio de justicia universal

Esta denuncia representa un intento de aplicar el principio de justicia universal a líderes de potencias mundiales, algo que ha sido excepcionalmente raro en la historia de la Corte Penal Internacional. El precedente más cercano podría ser la investigación sobre presuntos crímenes cometidos en Afganistán, que incluía la posibilidad de investigar a personal militar estadounidense.

«El derecho internacional no puede convertirse en un instrumento selectivo que solo se aplica a los débiles mientras los poderosos actúan con impunidad», argumenta Iustitia Europa en su escrito. «La credibilidad de la Corte Penal Internacional depende de su capacidad para investigar y, de ser necesario, procesar a cualquier individuo, sin importar su posición o nacionalidad».

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