Nancy Mace bajo investigación federal: Acusada de desviar fondos de la Cámara en su carrera por la gobernación de Carolina del Sur

La representante republicana Nancy Mace, figura prominente del MAGA y candidata a la gobernación de Carolina del Sur, se encuentra en el centro de un escándalo que amenaza con descarrilar su ambiciosa campaña política. La Oficina de Conducta del Congreso (OCC) ha remitido su caso al Comité de Ética de la Cámara de Representantes tras detectar irregularidades en sus solicitudes de reembolso de gastos oficiales.

El reporte que sacude Washington

El informe de la OCC revela que Mace habría solicitado reembolsos que excedían los montos reales de sus gastos durante varios meses de 2023 y 2024. La investigación se centró en los costos de mantenimiento de una vivienda en Washington D.C. que Mace compartía con su entonces prometido, Patrick Bryant.

Según el documento, la congresista solicitó la devolución de $9,485.46 dólares que no correspondían a gastos comprobados, violando las reglas establecidas por el programa de reembolsos de la Cámara. La OCC concluyó que existen «razones sustanciales para creer» que Mace incurrió en «prácticas indebidas de reembolso».

Defensa polémica y comparaciones explosivas

La respuesta de Mace no se hizo esperar. A través de un comunicado, su oficina defendió que la congresista incurrió en más de $100,000 dólares en gastos de alojamiento en Washington, de los cuales únicamente recibió reembolsos por cerca de $29,000 dólares después de impuestos.

La defensa adoptó un tono particularmente agresivo, comparando su caso con otras investigaciones de ética en el Congreso. «Como dijo el presidente Johnson la semana pasada cuando un miembro acosó sexualmente a su empleada hasta que se prendió fuego y murió: ‘Es demasiado pronto para que alguien prejuzgue nada de eso’», citó el comunicado.

La oficina de Mace fue más allá, cuestionando la legitimidad misma de la OCC: «El Congreso debería examinar seriamente si una OCC partidista que toma represalias contra las mujeres e ignora sus propios estándares probatorios merece siquiera existir».

Una carrera política en ascenso… y ahora en jaque

Nancy Mace, de 48 años, ha construido su imagen política como una fiel aliada de Donald Trump, llegando a describirse a sí misma como la «Trump con tacones». Su candidatura a la gobernación de Carolina del Sur la posicionaba como una de las figuras más prominentes del MAGA que buscaba trascender del Congreso a un cargo ejecutivo estatal.

La investigación llega en un momento particularmente delicado para Mace. Recientemente, había sorprendido al elogiar públicamente a la demócrata Nancy Pelosi, rompiendo con la ortodoxia republicana y generando tensiones dentro de su propio partido.

El contexto de una figura controvertida

Mace no es ajena a la controversia. En julio de 2025, declaró públicamente que «disfrutaba ver cómo sufrían los inmigrantes cuando eran detenidos», comentarios que generaron amplia condena pero consolidaron su imagen como una de las voces más radicales del ala MAGA.

Su carrera ha estado marcada por declaraciones provocativas y posiciones extremas, lo que le ha granjeado tanto fervientes seguidores como feroces críticos. La investigación de ética representa el mayor desafío institucional que enfrenta hasta ahora.

Reacciones y consecuencias políticas

El caso ha generado reacciones inmediatas en el espectro político. Mientras sus seguidores ven la investigación como un ataque partidista, sus críticos argumentan que las pruebas presentadas por la OCC son contundentes.

Para los analistas políticos, la investigación podría tener consecuencias devastadoras para sus aspiraciones a la gobernación. «Una investigación de ética en curso es tóxica para cualquier candidato, pero especialmente para alguien que ha construido su marca en torno a la integridad y el cumplimiento de la ley», comentó un estratega republicano que prefirió el anonimato.

El proceso por delante

El Comité de Ética de la Cámara ahora deberá decidir si abre una investigación formal. Si lo hace, Mace podría enfrentar sanciones que van desde multas hasta la expulsión del Congreso, aunque este último escenario es considerado altamente improbable.

Mientras tanto, su campaña para la gobernación permanece técnicamente activa, aunque el escándalo ha desviado la atención de sus propuestas políticas y la ha obligado a dedicar tiempo y recursos a su defensa legal.

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