El Consejo de Ministros aprueba el Estatuto del Becario: una ley esperada desde hace más de dos años que ahora enfrenta un futuro incierto en el Congreso

El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde al Estatuto del Becario, una norma largamente esperada que pretende regular la relación entre estudiantes en prácticas y empresas, evitar posibles abusos y garantizar la compensación de gastos a los jóvenes que realizan sus prácticas formativas. Sin embargo, la aprobación en el Ejecutivo no garantiza su entrada en vigor, ya que el proyecto ahora deberá superar un trámite parlamentario sin apoyos asegurados.

Una norma largamente negociada

El Estatuto del Becario, oficialmente denominado Ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, fue pactado hace más de dos años y medio entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, pero siempre con la oposición frontal de la patronal CEOE. Su aprobación en el Consejo de Ministros este martes supone un paso importante, pero no definitivo, en un camino que se presenta cuesta arriba.

Los objetivos principales de la norma

Desde el Ministerio de Trabajo, impulsor principal de la ley, se destacan dos objetivos fundamentales:

1. Regular la relación entre estudiantes y empresas, estableciendo un marco claro de derechos y obligaciones para ambas partes.
2. Evitar el fraude laboral que supone utilizar a estudiantes como mano de obra sustitutiva de trabajadores contratados, lo que desde el ministerio califican como «la figura ominosa del falso becario».

Límites claros a las prácticas extracurriculares

La norma establece una limitación clave: las prácticas extracurriculares no podrán superar el 15% de las horas correspondientes a los créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos) del plan de estudios. En ningún caso, el máximo permitido será de 480 horas, el doble de lo que actualmente está permitido. Este límite busca evitar que los estudiantes dediquen demasiado tiempo a prácticas no remuneradas que podrían estar sustituyendo puestos de trabajo reales.

Compensación de gastos para los estudiantes

Una de las novedades más destacadas es la obligación de las empresas de compensar los gastos de los becarios. La norma establece que se cubrirán los costes de desplazamiento, alojamiento y manutención, asegurando así que el desarrollo de las prácticas no suponga un coste adicional para los estudiantes. Este punto es crucial para garantizar que las oportunidades de formación práctica no estén limitadas por la situación económica de los jóvenes.

Sanciones para los incumplidores

La ley contempla un sistema de multas escalonado para las infracciones, con sanciones que van desde los 7.501 euros para las infracciones leves hasta los 225.000 euros en casos graves. Se consideran infracciones muy graves, entre otras:

• La discriminación por edad, discapacidad, sexo, origen, estado civil, religión, ideas políticas, retribuciones, jornada, formación o promoción.
• Cualquier otra condición de trabajo que vulnere los principios de igualdad.

Obligaciones de los becarios

Los estudiantes en prácticas también tendrán responsabilidades claras, entre las que se incluyen:

• Cumplir con la normativa vigente.
• Conocer y cumplir el proyecto formativo de las prácticas.
• Seguir las indicaciones del tutor asignado.
• Cumplir el horario establecido.
• Guardar confidencialidad sobre la información de la empresa.

Un futuro incierto en el Congreso

A pesar de la aprobación en el Consejo de Ministros, el futuro de la ley es incierto. El proyecto ahora deberá superar el trámite parlamentario, y por el momento el Gobierno no cuenta con votos asegurados para su aprobación. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado esta norma como «la reforma laboral para los jóvenes», pero reconoce que su tramitación será compleja.

La CEOE mantiene su oposición frontal

La postura de la CEOE ha sido clara desde el inicio. La patronal no firmó el acuerdo inicial y mantiene su rechazo a la norma. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha vuelto a criticar duramente el proyecto, acusando a Yolanda Díaz de priorizar «el anuncio sobre la funcionalidad real» de la norma. Esta oposición de la principal organización empresarial española complica significativamente la aprobación de la ley en el Congreso.

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