La Red de Justicia que Desafía a la Represión en Venezuela

En un modesto despacho de Caracas, dos abogados han tejido una red de resistencia que abarca todo el país. Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, fundadores de Foro Penal, han dedicado los últimos 20 años a defender a miles de venezolanos perseguidos por motivos políticos, convirtiendo su oficina en un archivo viviente de la memoria de la represión.

El Laberinto Kafkiano de la Represión

«¿De quién es este preso?» es la pregunta que inicia cada caso. Para Romero y Himiob, el sistema judicial venezolano se ha convertido en «un laberinto kafkiano de la represión» donde «la gente está sometida a un proceso que no sabe cuándo termina ni de qué se trata».

La degradación del sistema judicial comenzó lentamente tras el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, cuando aún existía cierto respeto por las formalidades judiciales. Pero todo cambió con el caso de la jueza María Lourdes Afiuni en 2009, a quien Hugo Chávez ordenó apresar por aplicar la ley. «Desde entonces, ningún juez volvió a tomar una decisión sin consultar al Poder Ejecutivo», explica Romero.

De 11 a 2.000: La Escalada de la Represión

En 2014, cuando Nicolás Maduro asumió el poder, apenas se contaban 11 presos políticos. Una década después, el número superó los 2.000. La degradación incluyó la negación de la defensa privada, la desaparición de detenidos y el ocultamiento de expedientes.

Foro Penal se ha convertido en una red de 400 abogados voluntarios y cinco mil defensores activos que rastrean información en tribunales y cárceles. Han documentado 19.000 personas detenidas por motivos políticos en casi dos décadas.

El Manual de Litigio Estratégico

Cuando las defensas privadas dejaron de ser permitidas, Foro Penal creó un manual de litigio estratégico para navegar en un sistema judicial viciado. «Que una persona salga en libertad no depende solo de que hagas bien tu trabajo como abogado», explica Himiob. «También influyen lo mediático, la protesta pacífica, el factor político y las acciones internacionales».

Desde 2024, cuando ya no les permitieron acceso a tribunales ni litigar, se propusieron dar asistencia a los familiares para que pudieran actuar ante distintas instancias: «qué decir, qué no decir y qué documentos debían llevar».

La Lógica del «Dueño» del Preso

Para estos abogados, lo más revelador es identificar quién ordenó la detención: «si fue el presidente, un ministro, un gobernador o un alcalde». Esta lógica evidencia la pérdida total de independencia judicial, algo que aseguran la ley de amnistía aún no ha cambiado.

Protesta y Vigilia: La Otra Cara de la Resistencia

Diego Casanova, uno de los coordinadores del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve), representa la otra cara de esta lucha. Detenido en 2014 cuando apenas comenzaba la universidad, se convirtió en una de las caras más visibles entre los familiares de presos políticos.

Desde una colchoneta frente a la Zona 7 de la PNB, donde pasó la noche, Casanova explica cómo su vida cambió cuando detuvieron a su hermano después de las elecciones de 2024. «Cuando llegué a los tribunales recuerdo que estaban llenos de gente. Ahí entendí que mi hermano era parte de la represión masiva de esos días».

El Dilema de la Denuncia

Cada denuncia que hace Casanova lo enfrenta a un dilema compartido por otros miembros del comité: «Yo denunciaba las condiciones de reclusión y luego recordaba que mi hermano seguía preso y que eso podía afectarlo».

Con cada liberación aparecen sentimientos encontrados: la alegría por quienes salen y el dolor por quienes siguen dentro. Su hermano estuvo siete meses preso, pero el activismo de Casanova no se detuvo.

Una Victoria Colectiva

«Creo que una gran victoria de nuestro trabajo es que logramos sacar esto del olvido y convertirlo en un tema de interés nacional e internacional», dice Casanova. «Tengo que seguir».

La liberación de 673 personas anunciada por el Gobierno a principios de enero, según el balance presentado por Foro Penal, representa un avance. Pero aún quedan 508 detenidos: 54 mujeres, 179 militares y 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad.

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