Un YouTuber saudita ganador de millones de dólares tras ser espiado por su propio gobierno

En una sentencia histórica que ha conmocionado a la comunidad internacional, el Tribunal Superior de Londres determinó que el gobierno de Arabia Saudita fue responsable de espiar al popular YouTuber Ghanem al-Masarir, ordenando el pago de más de 4,1 millones de dólares en concepto de indemnización. Este caso, que combina tecnología, censura, y persecución política, ha puesto de manifiesto el alcance y los peligros del espionaje digital patrocinado por Estados.

El ascenso y la caída de una voz crítica

Ghanem al-Masarir, un comediante saudita de 45 años radicado en Londres, se había convertido en una de las voces más críticas y populares contra la familia real saudita. Su canal de YouTube, «The Ghanem Show», acumulaba cientos de millones de visitas con contenido humorístico y satírico que desafiaba abiertamente al régimen de Riad. Sin embargo, este éxito también le granjeó poderosos enemigos.

La pesadilla del espionaje

Todo comenzó en 2018, cuando al-Masarir notó comportamientos extraños en sus iPhones: lentitud extrema, baterías que se agotaban rápidamente y una sensación persistente de estar siendo vigilado. Pronto descubrió que personas que parecían simpatizantes del régimen saudita lo acosaban en las calles de Londres, filmándolo y siguiéndolo.

«Podían ver mi ubicación, encender mi cámara, activar mi micrófono y escucharme», relató al-Masarir a la BBC. «Tenían acceso a todos mis datos, fotos, todo. Sentí que me habían violado».

El arma del espionaje: Pegasus

Expertos del Citizen Lab de la Universidad de Toronto confirmaron que al-Masarir había sido víctima del software espía Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group. Este programa, que NSO Group asegura vender solo a gobiernos para combatir el terrorismo y el crimen, ha sido detectado en dispositivos de políticos, periodistas y disidentes en todo el mundo.

Al-Masarir fue infectado tras hacer clic en enlaces de mensajes de texto que aparentaban ser ofertas especiales de medios de comunicación. Este simple clic abrió las puertas a un monitoreo exhaustivo de su vida digital y física.

Acoso que traspasa fronteras

El espionaje digital fue acompañado de acoso físico. En agosto de 2018, dos desconocidos lo abordaron en el centro de Londres, le exigieron saber quién era y comenzaron a golpearlo mientras gritaban sobre la familia real saudita. El juez del Tribunal Superior calificó el ataque como premeditado, señalando que uno de los agresores llevaba un auricular.

El acoso continuó con incidentes como un niño que se le acercó en una cafetería de Kensington para cantarle alabanzas al rey Salman, un episodio que fue filmado, publicado en redes sociales y retransmitido por la televisión estatal saudita.

Una vida transformada

La sentencia del Tribunal Superior concluyó que «existen motivos convincentes» para creer que tanto el hackeo como el acoso físico «fueron dirigidos o autorizados por el Reino de Arabia Saudita o por agentes que actuaban en su nombre». El juez destacó que el reino saudita «tenía un claro interés y motivación para silenciar las críticas públicas del demandante».

Sin embargo, para al-Masarir, la victoria legal llegó demasiado tarde. «Ninguna cantidad de dinero puede compensar el daño que esto me ha causado», afirmó. «El hackeo me ha cambiado mucho. Ya no soy el mismo Ghanem que solía ser».

Desde los ataques, al-Masarir dejó de publicar videos hace tres años, vive con miedo y depresión, y apenas sale de su casa en Wembley. «Me siento deprimido porque se han salido con la suya en Londres, en Reino Unido», confesó.

Un precedente legal sin precedentes

La sentencia es significativa no solo por la compensación económica, sino porque superó la defensa de Arabia Saudita basada en la Ley de Inmunidad Estatal de 1978. En 2022, el tribunal dictaminó que el reino no tenía inmunidad en este caso, y desde entonces Arabia Saudita no ha estado representada en los procedimientos.

Aunque el monto total concedido asciende a 3.025.662,83 libras esterlinas (unos 4,1 millones de dólares), no está claro si Arabia Saudita pagará la indemnización. La BBC se puso en contacto con la embajada saudita en Londres, pero no ha recibido respuesta.

Un llamado de atención global

Este caso ha puesto de relieve los riesgos que enfrentan los críticos de regímenes autoritarios, incluso cuando viven en el extranjero. También ha expuesto cómo la tecnología de vigilancia, originalmente diseñada para combatir el crimen, puede ser utilizada para silenciar voces disidentes.

Para al-Masarir, la batalla continúa. A pesar de su victoria legal, afirma que está decidido a hacer cumplir la sentencia y está dispuesto a recurrir a tribunales internacionales si es necesario. Su historia sirve como un recordatorio sombrío de los costos personales de la libertad de expresión en la era digital.

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