La justicia ha puesto punto final a una de las tramas judiciales más largas y mediáticas de la escena política madrileña. La jueza Marta Hernández Lafuente, recién nombrada magistrada de la sección civil e instrucción del Tribunal de Instancia de Navalcarnero, ha decidido archivar la causa que investigaba a Ana Millán, vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y ‘número tres’ del PP regional. El fallo llega tras años de investigaciones y después de que la Fiscalía ya solicitara en marzo el sobreseimiento provisional, al no encontrar indicios racionales de delitos como prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias o fraude contra la Administración Pública.

El archivo de la causa ha sido recibido con alivio por Millán, quien no ha dudado en acusar al PSOE y a Más Madrid de haber convertido el proceso en un arma política. «Reconocer que, efectivamente, esto ha terminado sería hacer el ridículo más absoluto», ha afirmado, convencida de que ambas formaciones recurrirán la decisión. «Que hagan lo que consideren, porque lo único que van a conseguir es seguir haciendo perder el tiempo a los jueces, que seguro que tienen cosas más importantes que hacer», ha declarado ante los medios antes de entrar en el pleno de la Asamblea, donde fue recibida entre aplausos por sus compañeros de bancada.

El dictamen judicial no solo certifica la inocencia de Millán, sino que también pone de relieve el largo recorrido de este caso: en diez años, han pasado por la causa más de siete jueces, un dato que la ‘número tres’ del PP de Madrid ha utilizado para denunciar que el proceso se ha dilatado artificialmente. «A lo largo de diez años han pasado más de siete jueces por el procedimiento», ha recordado, insistiendo en que «varias instituciones se han manifestado al respecto».

Millán no ha ocultado su satisfacción por el desenlace: «El tiempo pone a todos y a todo en su sitio, y esto ha terminado. Han intentado acabar conmigo y, por extensión, con el proyecto del PP de Madrid, y no lo han conseguido». La dirigente popular ha cargado contra los «ataques», «difamaciones» e «injurias» sufridos, que, en su opinión, tenían como objetivo final golpear a la presidenta de la Comunidad de Madrid e Isabel Díaz Ayuso.

El PSOE y Más Madrid, que se habían personado como acusación popular en la causa, han confirmado que recurrirán el archivo, una decisión que Millán ya esperaba. Ambas formaciones consideran que el proceso no ha sido suficientemente exhaustivo y que el archivo es precipitado. Sin embargo, para la dirigente del PP, se trata de una estrategia para mantener viva una polémica que, a su juicio, solo ha servido para perjudicarla políticamente.

El caso ha sido uno de los más seguidos en la escena política madrileña, no solo por la relevancia de los implicados, sino también por el tiempo que ha estado en el candelero. Ahora, con el archivo de la causa, se cierra un capítulo que, según Millán, estaba destinado a terminar así desde el principio. La justicia, según ella, ha demostrado que no hay base para sostener las acusaciones que durante años han marcado su trayectoria.

El desenlace ha sido celebrado por sus compañeros de partido, que han aplaudido su entrada en el pleno de la Asamblea. Para Millán, no solo es una victoria personal, sino también una reivindicación de la gestión de Ayuso y del PP de Madrid, a los que considera víctimas de una campaña de desprestigio orquestada desde la oposición.

Con este archivo, la justicia deja claro que no hay indicios de delito en la actuación de Millán, poniendo fin a una trama que, según la propia implicada, solo buscaba desestabilizar al Gobierno regional y a la líder del PP madrileño. Ahora, solo queda esperar a ver si los recursos anunciados por la izquierda logran reabrir el debate o si, finalmente, el caso queda definitivamente cerrado.

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