El Gobierno busca desesperadamente un acuerdo para salvar el decreto social, pero Junts y la izquierda siguen sin ponerse de acuerdo
El Gobierno español se encuentra en una situación de bloqueo político tras el fracaso del llamado «decreto social» en el Congreso de los Diputados. La medida, que incluía la prohibición de desahuciar a familias vulnerables que no pudieran asumir el pago del alquiler, no logró reunir los apoyos necesarios para su convalidación, dejando al Ejecutivo en una encrucijada sin aparente salida.
Un escollo que bloquea cualquier entendimiento
Las razones del rechazo de Junts y del Partido Popular son claras: la inclusión de la medida que prohíbe los desahucios a familias vulnerables. Sin embargo, la retirada de esta medida tampoco garantiza una salida, ya que su mantenimiento constituye una línea roja para los socios de izquierdas del Ejecutivo.
En este contexto, fuentes de Moncloa admiten que el Gobierno «sigue buscando consensos», por lo que descartan llevar el decreto —o parte de su articulado— al Consejo de Ministros previsto para este martes.
La geometría variable es compleja
En el Gobierno asumen que Junts podría facilitar la aprobación del decreto si se excluye dicha medida, pero reconocen que ese movimiento les dejaría sin el respaldo de los grupos de izquierdas. «La geometría variable es compleja», resumen en el entorno del presidente.
El pasado viernes, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que se estudiaría «en el interior del Gobierno» cómo recomponer la aritmética parlamentaria necesaria para sacar adelante «la mayor parte de las medidas» incluidas en el decreto. Subrayó, no obstante, que «absolutamente todas» son, a su juicio, necesarias.
Diálogo como principal herramienta
Respecto a los apoyos parlamentarios, la vicepresidenta primera insistió en reivindicar el diálogo como principal herramienta para «concitar la capacidad de que el bienestar llegue a los ciudadanos». «Hay que pulsar el sentir de los grupos y, a partir de ahí, ver cuáles son las posibilidades», afirmó.
Moncloa asegura que ese diálogo con los socios está abierto desde que decayó el decreto el pasado jueves, pero que no solo deben buscar consensos con los grupos de la izquierda, también con Junts, cuyos votos son imprescindibles para cualquier convalidación.
Junts y las izquierdas, posturas contrapuestas
No obstante, por el momento esa cesión parece lejana, dado que Junts y los socios de izquierdas de la Moncloa están tirando del Gobierno en direcciones opuestas. La formación que lidera Carles Puigdemont solo se muestra dispuesta a apoyar el decreto de escudo social si se excluye cualquier medida de protección contra los desahucios, mientras formaciones como ERC, EH Bildu, BNG o Podemos rechazan de plano esta posibilidad.
Junts dejó claro la semana pasada que no le tiembla el pulso a la hora de tumbar la prohibición de los desalojos de familias vulnerables, pese a que es una medida que apoyaba hasta hace apenas unos meses. Y no le valen medias tintas: el jueves pasado, los de Puigdemont derribaron por segunda vez el decreto de escudo social en el Congreso pese a que el Ejecutivo había intentado ganarse su apoyo rebajando la protección antidesahucios para que no pudieran beneficiarse de ella los inquilinos cuyos caseros tuvieran uno o dos pisos.
El Gobierno busca una salida
El Gobierno español se encuentra en una situación de bloqueo político tras el fracaso del llamado «decreto social» en el Congreso de los Diputados. La medida, que incluía la prohibición de desahuciar a familias vulnerables que no pudieran asumir el pago del alquiler, no logró reunir los apoyos necesarios para su convalidación, dejando al Ejecutivo en una encrucijada sin aparente salida.
En este contexto, fuentes de Moncloa admiten que el Gobierno «sigue buscando consensos», por lo que descartan llevar el decreto —o parte de su articulado— al Consejo de Ministros previsto para este martes.
La geometría variable es compleja
En el Gobierno asumen que Junts podría facilitar la aprobación del decreto si se excluye dicha medida, pero reconocen que ese movimiento les dejaría sin el respaldo de los grupos de izquierdas. «La geometría variable es compleja», resumen en el entorno del presidente.
El pasado viernes, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que se estudiaría «en el interior del Gobierno» cómo recomponer la aritmética parlamentaria necesaria para sacar adelante «la mayor parte de las medidas» incluidas en el decreto. Subrayó, no obstante, que «absolutamente todas» son, a su juicio, necesarias.
Diálogo como principal herramienta
Respecto a los apoyos parlamentarios, la vicepresidenta primera insistió en reivindicar el diálogo como principal herramienta para «concitar la capacidad de que el bienestar llegue a los ciudadanos». «Hay que pulsar el sentir de los grupos y, a partir de ahí, ver cuáles son las posibilidades», afirmó.
Moncloa asegura que ese diálogo con los socios está abierto desde que decayó el decreto el pasado jueves, pero que no solo deben buscar consensos con los grupos de la izquierda, también con Junts, cuyos votos son imprescindibles para cualquier convalidación.
Junts y las izquierdas, posturas contrapuestas
No obstante, por el momento esa cesión parece lejana, dado que Junts y los socios de izquierdas de la Moncloa están tirando del Gobierno en direcciones opuestas. La formación que lidera Carles Puigdemont solo se muestra dispuesta a apoyar el decreto de escudo social si se excluye cualquier medida de protección contra los desahucios, mientras formaciones como ERC, EH Bildu, BNG o Podemos rechazan de plano esta posibilidad.
Junts dejó claro la semana pasada que no le tiembla el pulso a la hora de tumbar la prohibición de los desalojos de familias vulnerables, pese a que es una medida que apoyaba hasta hace apenas unos meses. Y no le valen medias tintas: el jueves pasado, los de Puigdemont derribaron por segunda vez el decreto de escudo social en el Congreso pese a que el Ejecutivo había intentado ganarse su apoyo rebajando la protección antidesahucios para que no pudieran beneficiarse de ella los inquilinos cuyos caseros tuvieran uno o dos pisos.
El Gobierno busca una salida
El Gobierno español se encuentra en una situación de bloqueo político tras el fracaso del llamado «decreto social» en el Congreso de los Diputados. La medida, que incluía la prohibición de desahuciar a familias vulnerables que no pudieran asumir el pago del alquiler, no logró reunir los apoyos necesarios para su convalidación, dejando al Ejecutivo en una encrucijada sin aparente salida.
En este contexto, fuentes de Moncloa admiten que el Gobierno «sigue buscando consensos», por lo que descartan llevar el decreto —o parte de su articulado— al Consejo de Ministros previsto para este martes.
La geometría variable es compleja
En el Gobierno asumen que Junts podría facilitar la aprobación del decreto si se excluye dicha medida, pero reconocen que ese movimiento les dejaría sin el respaldo de los grupos de izquierdas. «La geometría variable es compleja», resumen en el entorno del presidente.
El pasado viernes, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que se estudiaría «en el interior del Gobierno» cómo recomponer la aritmética parlamentaria necesaria para sacar adelante «la mayor parte de las medidas» incluidas en el decreto. Subrayó, no obstante, que «absolutamente todas» son, a su juicio, necesarias.
Diálogo como principal herramienta
Respecto a los apoyos parlamentarios, la vicepresidenta primera insistió en reivindicar el diálogo como principal herramienta para «concitar la capacidad de que el bienestar llegue a los ciudadanos». «Hay que pulsar el sentir de los grupos y, a partir de ahí, ver cuáles son las posibilidades», afirmó.
Moncloa asegura que ese diálogo con los socios está abierto desde que decayó el decreto el pasado jueves, pero que no solo deben buscar consensos con los grupos de la izquierda, también con Junts, cuyos votos son imprescindibles para cualquier convalidación.
Junts y las izquierdas, posturas contrapuestas
No obstante, por el momento esa cesión parece lejana, dado que Junts y los socios de izquierdas de la Moncloa están tirando del Gobierno en direcciones opuestas. La formación que lidera Carles Puigdemont solo se muestra dispuesta a apoyar el decreto de escudo social si se excluye cualquier medida de protección contra los desahucios, mientras formaciones como ERC, EH Bildu, BNG o Podemos rechazan de plano esta posibilidad.
Junts dejó claro la semana pasada que no le tiembla el pulso a la hora de tumbar la prohibición de los desalojos de familias vulnerables, pese a que es una medida que apoyaba hasta hace apenas unos meses. Y no le valen medias tintas: el jueves pasado, los de Puigdemont derribaron por segunda vez el decreto de escudo social en el Congreso pese a que el Ejecutivo había intentado ganarse su apoyo rebajando la protección antidesahucios para que no pudieran beneficiarse de ella los inquilinos cuyos caseros tuvieran uno o dos pisos.
El Gobierno busca una salida
El Gobierno español se encuentra en una situación de bloqueo político tras el fracaso del llamado «decreto social» en el Congreso de los Diputados. La medida, que incluía la prohibición de desahuciar a familias vulnerables que no pudieran asumir el pago del alquiler, no logró reunir los apoyos necesarios para su convalidación, dejando al Ejecutivo en una encrucijada sin aparente salida.
En este contexto, fuentes de Moncloa admiten que el Gobierno «sigue buscando consensos», por lo que descartan llevar el decreto —o parte de su articulado— al Consejo de Ministros previsto para este martes.
La geometría variable es compleja
En el Gobierno asumen que Junts podría facilitar la aprobación del decreto si se excluye dicha medida, pero reconocen que ese movimiento les dejaría sin el respaldo de los grupos de izquierdas. «La geometría variable es compleja», resumen en el entorno del presidente.
El pasado viernes, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que se estudiaría «en el interior del Gobierno» cómo recomponer la aritmética parlamentaria necesaria para sacar adelante «la mayor parte de las medidas» incluidas en el decreto. Subrayó, no obstante, que «absolutamente todas» son, a su juicio, necesarias.
Diálogo como principal herramienta
Respecto a los apoyos parlamentarios, la vicepresidenta primera insistió en reivindicar el diálogo como principal herramienta para «concitar la capacidad de que el bienestar llegue a los ciudadanos». «Hay que pulsar el sentir de los grupos y, a partir de ahí, ver cuáles son las posibilidades», afirmó.
Moncloa asegura que ese diálogo con los socios está abierto desde que decayó el decreto el pasado jueves, pero que no solo deben buscar consensos con los grupos de la izquierda, también con Junts, cuyos votos son imprescindibles para cualquier convalidación.
Junts y las izquierdas, posturas contrapuestas
No obstante, por el momento esa cesión parece lejana, dado que Junts y los socios de izquierdas de la Moncloa están tirando del Gobierno en direcciones opuestas. La formación que lidera Carles Puigdemont solo se muestra dispuesta a apoyar el decreto de escudo social si se excluye cualquier medida de protección contra los desahucios, mientras formaciones como ERC, EH Bildu, BNG o Podemos rechazan de plano esta posibilidad.
Junts dejó claro la semana pasada que no le tiembla el pulso a la hora de tumbar la prohibición de los desalojos de familias vulnerables, pese a que es una medida que apoyaba hasta hace apenas unos meses. Y no le valen medias tintas: el jueves pasado, los de Puigdemont derribaron por segunda vez el decreto de escudo social en el Congreso pese a que el Ejecutivo había intentado ganarse su apoyo rebajando la protección antidesahucios para que no pudieran beneficiarse de ella los inquilinos cuyos caseros tuvieran uno o dos pisos.
El Gobierno busca una salida
El Gobierno español se encuentra en una situación de bloqueo político tras el fracaso del llamado «decreto social» en el Congreso de los Diputados. La medida, que incluía la prohibición de desahuciar a familias vulnerables que no pudieran asumir el pago del alquiler, no logró reunir los apoyos necesarios para su convalidación, dejando al Ejecutivo en una encrucijada sin aparente salida.
En este contexto, fuentes de Moncloa admiten que el Gobierno «sigue buscando consensos», por lo que descartan llevar el decreto —o parte de su articulado— al Consejo de Ministros previsto para este martes.
La geometría variable es compleja
En el Gobierno asumen que Junts podría facilitar la aprobación del decreto si se excluye dicha medida, pero reconocen que ese movimiento les dejaría sin el respaldo de los grupos de izquierdas. «La geometría variable es compleja», resumen en el entorno del presidente.
El pasado viernes, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que se estudiaría «en el interior del Gobierno» cómo recomponer la aritmética parlamentaria necesaria para sacar adelante «la mayor parte de las medidas» incluidas en el decreto. Subrayó, no obstante, que «absolutamente todas» son, a su juicio, necesarias.
Diálogo como principal herramienta
Respecto a los apoyos parlamentarios, la vicepresidenta primera insistió en reivindicar el diálogo como principal herramienta para «concitar la capacidad de que el bienestar llegue a los ciudadanos». «Hay que pulsar el sentir de los grupos y, a partir de ahí, ver cuáles son las posibilidades», afirmó.
Moncloa asegura que ese diálogo con los socios está abierto desde que decayó el decreto el pasado jueves, pero que no solo deben buscar consensos con los grupos de la izquierda, también con Junts, cuyos votos son imprescindibles para cualquier convalidación.
Junts y las izquierdas, posturas contrapuestas
No obstante, por el momento esa cesión parece lejana, dado que Junts y los socios de izquierdas de la Moncloa están tirando del Gobierno en direcciones opuestas. La formación que lidera Carles Puigdemont solo se muestra dispuesta a apoyar el decreto de escudo social si se excluye cualquier medida de protección contra los desahucios, mientras formaciones como ERC, EH Bildu, BNG o Podemos rechazan de plano esta posibilidad.
Junts dejó claro la semana pasada que no le tiembla el pulso a la hora de tumbar la prohibición de los desalojos de familias vulnerables, pese a que es una medida que apoyaba hasta hace apenas unos meses. Y no le valen medias tintas: el jueves pasado, los de Puigdemont derribaron por segunda vez el decreto de escudo social en el Congreso pese a que el Ejecutivo había intentado ganarse su apoyo rebajando la protección antidesahucios para que no pudieran beneficiarse de ella los inquilinos cuyos caseros tuvieran uno o dos pisos.
El Gobierno busca una salida
El Gobierno español se encuentra en una situación de bloqueo político tras el fracaso del llamado «decreto social» en el Congreso de los Diputados. La medida, que incluía la prohibición de desahuciar a familias vulnerables que no pudieran asumir el pago del alquiler, no logró reunir los apoyos necesarios para su convalidación, dejando al Ejecutivo en una encrucijada sin aparente salida.
En este contexto, fuentes de Moncloa admiten que el Gobierno «sigue buscando consensos», por lo que descartan llevar el decreto —o parte de su articulado— al Consejo de Ministros previsto para este martes.
La geometría variable es compleja
En el Gobierno asumen que Junts podría facilitar la aprobación del decreto si se excluye dicha medida, pero reconocen que ese movimiento les dejaría sin el respaldo de los grupos de izquierdas. «La geometría variable es compleja», resumen en el entorno del presidente.
El pasado viernes, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que se estudiaría «en el interior del Gobierno» cómo recomponer la aritmética parlamentaria necesaria para sacar adelante «la mayor parte de las medidas» incluidas en el decreto. Subrayó, no obstante, que «absolutamente todas» son, a su juicio, necesarias.
Diálogo como principal herramienta
Respecto a los apoyos parlamentarios, la vicepresidenta primera insistió en reivindicar el diálogo como principal herramienta para «concitar la capacidad de que el bienestar llegue a los ciudadanos». «Hay que pulsar el sentir de los grupos y, a partir de ahí, ver cuáles son las posibilidades», afirmó.
Moncloa asegura que ese diálogo con los socios está abierto desde que decayó el decreto el pasado jueves, pero que no solo deben buscar consensos con los grupos de la izquierda, también con Junts, cuyos votos son imprescindibles para cualquier convalidación.
Junts y las izquierdas, posturas contrapuestas
No obstante, por el momento esa cesión parece lejana, dado que Junts y los socios de izquierdas de la Moncloa están tirando del Gobierno en direcciones opuestas. La formación que lidera Carles Puigdemont solo se muestra dispuesta a apoyar el decreto de escudo social si se excluye cualquier medida de protección contra los desahucios, mientras formaciones como ERC, EH Bildu, BNG o Podemos rechazan de plano esta posibilidad.
Junts dejó claro la semana pasada que no le tiembla el pulso a la hora de tumbar la prohibición de los desalojos de familias vulnerables, pese a que es una medida que apoyaba hasta hace apenas unos meses. Y no le valen medias tintas: el jueves pasado, los de Puigdemont derribaron por segunda vez el decreto de escudo social en el Congreso pese a que el Ejecutivo había intentado ganarse su apoyo rebajando la protección antidesahucios para que no pudieran beneficiarse de ella los inquilinos cuyos caseros tuvieran uno o dos pisos.
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