Los socialistas mantienen su apuesta por ayudas «quirúrgicas» pese a la presión de Sumar, ERC y Bildu

El Gobierno español, liderado por el PSOE, ha reafirmado este martes su estrategia de focalizar las ayudas económicas en «sectores más expuestos» ante la crisis inflacionaria, desoyendo las peticiones de socios parlamentarios como Sumar, ERC y Bildu, que reclaman medidas más amplias y generalizadas.

En una comparecencia en el Congreso, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha defendido que la política de «precisión» es la más eficiente para amortiguar el impacto de la escalada de precios sin distorsionar el mercado ni disparar el déficit público. «No podemos lanzar paraguas a diestro y siniestro; hay que identificar dónde llueve con más fuerza», ha subrayado.

El Ejecutivo ha recordado que, desde 2022, ha destinado más de 35.000 millones de euros en bonos energéticos, bonificaciones en el transporte público, prórrogas de la moratoria hipotecaria y ayudas directas a autónomos y pymes. En los próximos meses, según fuentes del Ministerio de Hacienda, se aprobarán nuevas líneas de crédito blandas para sectores como la hostelería, el comercio minorista y el transporte por carretera, que registran los mayores sobrecostes por combustible y suministros.

Sin embargo, esta hoja de ruta ha generado roces crecientes dentro de la coalición y el arco parlamentario. Yolanda Díaz, líder de Sumar y titular de Trabajo, ha reclamado públicamente un «escudo social universal» que incluya una renta mínima de emergencia y una congelación de alquileres en zonas tensionadas. «No podemos dejar a nadie atrás», ha advertido en un mitin en Valencia, donde ha acusado al PSOE de «insensibilidad» ante el aumento de la pobreza energética.

Por su parte, los republicanos de ERC han amenazado con retirar su apoyo a la Ley de Presupuestos Generales si no se incluyen partidas para ayudas a familias numerosas y medidas de protección de los derechos lingüísticos en las comunidades catalanas. «O hay un compromiso real o no habrá ley de presupuestos», ha afirmado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en una entrevista en RAC 1.

Bildu, por su parte, ha pedido que se destinen recursos específicos a Euskal Herria y Navarra, incluyendo un plan de rehabilitación de viviendas para reducir el consumo energético. Su portavoz, Mertxe Aizpurua, ha advertido de que «sin equidad territorial no hay estabilidad política».

El debate se ha recrudecido en las últimas semanas, cuando el INE confirmó que el IPC se ha situado en el 6,2 % interanual, con picos del 12 % en alimentos y del 18 % en electricidad. La patronal CEOE ha celebrado la prudencia del Gobierno, pero UGT y CCOO han convocado una huelga sectorial para el próximo 12 de abril si no se acuerdan subidas salariales acordes con la inflación.

Ante este escenario, fuentes del Palacio de la Moncloa han asegurado que el presidente Pedro Sánchez mantendrá «la línea de rigor» y no cederá a «presiones populistas». «Nuestro modelo es sostenible; el de otros es una montaña rusa de deuda», han señalado.

En paralelo, el Banco de España ha alertado de que una expansión descontrolada de las ayudas podría disparar el déficit por encima del 4,5 % del PIB, comprometiendo la estabilidad macroeconómica. La OCDE, en su último informe, ha recomendado a España «focalizar la política fiscal en los colectivos más vulnerables y evitar distorsiones en el mercado laboral».

El pulso entre los socialistas y sus socios se trasladará a la Comisión de Economía del Congreso, donde se debatirá el próximo 25 de marzo un paquete de enmiendas presentadas por Sumar, ERC y Bildu. La aprobación de estas enmiendas dependerá del voto de la bancada de Junts per Catalunya, que aún no ha desvelado su postura.

Mientras, en las redes sociales, el hashtag #AyudasQuirúrgicas se ha convertido en trending topic, con críticas de asociaciones de consumidores y defensores de la renta básica, que acusan al Gobierno de «dejar fuera a la clase media». También han surgido memes comparando la estrategia del Ejecutivo con un «tiro al blanco con los más necesitados».

En resumen, el Gobierno socialista mantiene su apuesta por una política de ayudas focalizadas, pese a la presión creciente de sus socios parlamentarios. La tensión interna amenaza con desestabilizar la coalición y complicar la aprobación de las próximas leyes presupuestarias. El debate sobre la eficacia y la equidad de estas medidas continuará en los próximos meses, en un contexto de inflación persistente y creciente descontento social.

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