Madrid Desafía al Gobierno Central: «No Más Traslados de Menas Sin Base Legal»

La tensión entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid alcanzó un nuevo pico en el conflicto migratorio, con la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, enviando una carta contundente al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la que advierte que no permitirá nuevos traslados de menores no acompañados (menas) sin cobertura legal.

Un Conflicto que Escala

La política migratoria vuelve a enfrentar a la Comunidad de Madrid con el Gobierno de Sánchez. En una carta enviada al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la consejera de Asuntos Sociales madrileña, Ana Dávila, critica las decisiones unilaterales del Ejecutivo nacional y le envía una advertencia: no permitirá nuevos traslados de menores no acompañados (menas) sin cobertura legal, por lo que se reserva las acciones que correspondan para impedirlo.

«La situación de emergencia migratoria que han sufrido, de manera tan extraordinaria como injusta, Canarias, Ceuta y Melilla, así como Baleares, Andalucía, Murcia, Valencia y, por supuesto, la Comunidad de Madrid, no puede entenderse sin señalar a quien ostenta, y no ha ejercido, las competencias en materia de política exterior, control de fronteras e inmigración: el Gobierno de España», afirma la consejera en su carta.

Entre las críticas al Gobierno de Sánchez, la consejera de Ayuso señala que mientras las comunidades autónomas han movilizado todos sus recursos para atender situaciones personales dramáticas, sostener sistemas de protección al límite y frenar la actuación de las mafias, el Gobierno «ha pasado del silencio y la inacción a la imposición». «Ha sustituido la cooperación por decisiones unilaterales que han puesto en riesgo nuestras capacidades, invadido nuestras competencias y generado un efecto llamada difícil de revertir».

La Polémica de los Traslados de Menas

En concreto, la consejera denuncia la política de traslados de menores por parte del Ejecutivo, que ha ignorado, a su juicio, la coordinación con las entidades públicas de protección, la valoración individualizada de cada menor y, «lo que es más preocupante», su propia voluntad y su situación familiar.

«Se ha llegado a separar a grupos de hermanos y a trasladar a Madrid a menores que manifestaban tener familiares en otras comunidades de España. Incluso se ha hecho con jóvenes que contaban con trabajo y una familia de referencia en su lugar de origen y que estaban a punto de alcanzar la mayoría de edad, abocándolos a una situación de vulnerabilidad, cuando no de auténtica marginalidad».

Dávila acusa al Gobierno de actuar sin solidaridad y de cumplir con sus obligaciones solo cuando se lo ha exigido un tribunal. Frente a ellos, defiende que la Comunidad de Madrid ha cumplido «escrupulosamente con la legalidad y con sus obligaciones».

La Advertencia Final

Por eso, advierte de que la Comunidad «no puede ni va a asumir actuaciones que carezcan de amparo normativo». «Cualquier intento de promover nuevos traslados o reubicaciones al margen de los procedimientos previstos en los protocolos vigentes supondrá una actuación contraria a derecho».

La consejera insta al Gobierno a cesar «en el intento de impulsar cualquier iniciativa que pretenda mantener este sistema extraordinario fuera del marco legal». Y avisa: «De no ser así, la Comunidad de Madrid ejercerá todas las acciones legales que sean necesarias en defensa de sus competencias y de la legalidad vigente».

El Impacto en el Sistema de Protección

El conflicto se produce en un contexto de saturación de los recursos de protección de menores en la Comunidad de Madrid. Fuentes del Gobierno regional señalan que la capacidad de acogida está al límite, con más de 1.800 menas tutelados por la administración autonómica, un 40% más que hace dos años.

La consejera ha denunciado en varias ocasiones que los traslados masivos desde otras comunidades autónomas, especialmente desde Canarias, están colapsando el sistema y dificultando la atención individualizada que requieren estos menores.

La Respuesta del Gobierno Central

Por el momento, el Gobierno de Sánchez no ha respondido oficialmente a la carta de la consejera Dávila. Fuentes del Ministerio de Política Territorial señalan que están analizando el contenido de la misiva y que responderán en los próximos días.

Desde el Ejecutivo central se defiende que los traslados de menas responden a una obligación legal de distribuir equitativamente la carga entre todas las comunidades autónomas, y que se realizan siguiendo los protocolos establecidos.

Un Conflicto con Implicaciones Políticas

El enfrentamiento entre Madrid y el Gobierno central se produce en un momento de alta tensión política, con el debate sobre la amnistía y la investidura de Pedro Sánchez como telón de fondo. La postura de Isabel Díaz Ayuso, que ha criticado duramente la política migratoria del Ejecutivo, se alinea con la de otras comunidades gobernadas por el PP, como la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia.

Analistas políticos señalan que este conflicto podría tener repercusiones en el debate sobre la financiación autonómica y en la relación entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de competencias.

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