El Ministerio de Transportes fracasa por tercera vez en su intento por frenar la huelga ferroviaria
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sufrido su tercer fracaso consecutivo en su intento de convencer a los maquinistas para que cancelen los tres días de huelga previstos para los próximos 9, 10 y 11 de febrero, sumiendo al sector ferroviario español en una crisis sin precedentes.
«No tenemos suficientes garantías para desconvocar», afirma a ABC el sindicato Semaf, que junto a UGT y CC.OO. -los mayoritarios en el sector- habían sido convocados a una reunión hoy con el titular del ramo, que sigue a las que ya se produjeron el jueves y el miércoles.
La degradación del sector ferroviario español
Así las cosas, se mantiene un paro que será la puntilla para la degradación del sector ferroviario en España, que ya enfrenta graves problemas de saturación después de que Adif impusiera limitaciones de velocidad en varios tramos del trazado de alta velocidad y suspendiera los servicios de primera y última hora en la línea Madrid-Barcelona.
Fuentes sindicales explican a ABC que ha habido «algún pequeño avance» en las discusiones con respecto a la cita del jueves, a la que el ministro se presentó -aseguran los que estuvieron en el encuentro- con una batería de mejoras laborales, cuando a todos era evidente que el problema que ha llevado a esta crisis es la seguridad de los empleados de las compañías y de los pasajeros, no otra cosa.
Tras este fiasco, hoy Puente «ha traído alguna propuesta más enfocada», apuntan los sindicatos, para tratar de satisfacer el listado de exigencias que pusieron encima de la mesa el miércoles.
El accidente de Adamuz: el detonante de la crisis
Los maquinistas quieren una mejora «estructural» -dicen- de las condiciones de seguridad y mantenimiento de la infraestructura, que están en entredicho desde el fatal accidente acaecido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero. En un esfuerzo conciliador, los representantes de los trabajadores aseguran que «comprenden» que los cambios que el Ministerio ha deslizado «conllevan un tiempo», pero aun así consideran que aún no se ha comprometido a nada lo suficientemente claro.
El siniestro de Adamuz, que muy posiblemente se debió a la rotura de una soldadura -según apunta la investigación- fue algo así como el canario en la mina que evidenció un problema de mayor envergadura, uno que si bien permanecía oculto al gran público, para los maquinistas era de sobra conocido. Tras el descarrilamiento y posterior choque que acabaron con la vida de 45 personas hace ahora tres semanas, empezaron a salir a la luz las quejas que los sindicatos venían presentando desde hacía meses por la «vibración» de los trenes en varios puntos del trazado de alta velocidad a lo largo y ancho de la Península, entre otros defectos derivados de la falta de mantenimiento.
La muerte de un maquinista en Barcelona: el golpe final
A esto se sumó la muerte de un maquinista de Rodalies el pasado 20 de enero -apenas dos días después de la tragedia en Córdoba- por la caída de un muro de contención cuando el convoy discurría por el tramo entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), un suceso que agudizó la crisis de prestigio que atraviesa el servicio ferroviario catalán desde hace años.
Entre una cosa y la otra, la paciencia de los profesionales del sector se agotó, y decidieron pasar a la acción al exigir una reducción de la velocidad para los convoyes de AVE, Ouigo e Iryo, una medida que Adif terminó aceptando a pesar de que en un primer momento el ministro del ramo achacó las quejas de los maquinistas a motivos que nada tienen que ver con los aspectos técnicos, sino a su estado «anímico» tras el siniestro de Adamuz.
La huelga ferroviaria que paralizará España
Luego llegó la convocatoria de huelga en Renfe, Iryo y Ouigo, que promete complicar la movilidad en España durante la primera mitad de la semana próxima. Los servicios mínimos se han fijado en el 50% en Cercanías (65% en hora punta), el 65% en Media Distancia y el 73% en Larga Distancia y Alta Velocidad. A su vez, en el caso del transporte de mercancías, los sindicatos garantizan apenas un 21% del tráfico habitual, priorizando bienes perecederos y peligrosos.
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