Una escuela de Madrid recibe una multa millonaria por «tratar datos de menores sin límite académico»

Madrid, 20 de marzo de 2026 — La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una sanción de 1,2 millones de euros a un centro educativo privado de la Comunidad de Madrid por tratar información personal de menores de edad que, según la investigación, «no se limitaba a la mera gestión académica o administrativa».

La resolución, a la que ha tenido acceso este diario, detalla que el colegio recopiló y procesó datos sensibles —incluyendo diagnósticos médicos, orientación psicológica y comportamientos sociales— sin consentimiento paterno o sin la base legal que exige la normativa europea. La AEPD considera que el tratamiento «excedió el ámbito estrictamente educativo» y vulneró los principios de limitación de finalidad, minimización de datos y transparencia recogidos en el RGPD.

Según fuentes del expediente, el centro utilizaba plataformas digitales externas para registrar «observaciones conductuales» y «valoraciones psicoeducativas» que no se compartían únicamente con el claustro docente, sino también con terceros no autorizados. Además, la AEPD detectó que los menores no fueron informados sobre cómo se usarían esos datos ni sobre su posible transferencia internacional, lo que elevó la gravedad de la infracción.

El centro, que ha recurrido la sanción, argumenta que la información se empleaba para diseñar planes de apoyo individualizados y que los protocolos de seguridad eran «estrictos». Sin embargo, el regulador rechazó esa justificación al entender que no se acreditó la base jurídica para un tratamiento tan amplio y que no se ofreció a los padres una información clara sobre el alcance de la recogida de datos.

Esta multa es una de las más elevadas impuestas hasta ahora en el ámbito educativo y se inscribe en una tendencia creciente de la AEPD por vigilar el uso de tecnologías en colegios, institutos y universidades. En los últimos meses, se han sancionado también a empresas de software educativo y a administraciones públicas por prácticas similares.

El caso ha reavivado el debate sobre el «capitalismo de la vigilancia» en el entorno escolar: expertos en privacidad advierten que el aumento de herramientas digitales en las aulas puede derivar en una recogida masiva de datos de menores sin garantías suficientes. Asociaciones de padres y colectivos de derechos digitales han pedido a las autoridades educativas que exijan auditorías de seguridad y que se informe de forma sencilla y accesible sobre qué se recoge y con qué fin.

La AEPD ha recordado que el tratamiento de datos de menores requiere «especial diligencia» y que la responsabilidad recae no solo en las empresas tecnológicas, sino también en los centros educativos que deciden incorporar esos sistemas. En paralelo, el Ministerio de Educación estudia la posibilidad de aprobar un protocolo específico para el uso de plataformas digitales en el ámbito escolar.

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