Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, deberá ser investigado por difundir datos de dos periodistas de El País

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la investigación contra Miguel Ángel Rodríguez, actual jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su presunta implicación en un caso de revelación de secretos. El tribunal ha estimado los recursos de apelación presentados por el PSOE y los dos periodistas afectados, revocando así la decisión de archivo adoptada por la titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid hace casi un año.

Los hechos que motivan la investigación

Según consta en la denuncia interpuesta, el 19 de marzo de 2024, Rodríguez envió un mensaje a través de un chat de periodistas en el que incluía la foto, el nombre y los apellidos de dos reporteros de El País. En el texto, el alto cargo de la Comunidad de Madrid acusaba a los profesionales de haber estado «acosando a los vecinos de la presidenta, incluidas niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras».

Este mensaje se produjo solo unos días después de que se conociera que Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, había sido denunciado por la Fiscalía por un presunto fraude fiscal de aproximadamente 350.000 euros. Los periodistas afectados se encontraban realizando una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja cuando un agente de paisano les solicitó su identificación.

La decisión de la Audiencia Provincial

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Madrid ha considerado que existen indicios suficientes para reabrir la investigación y ha instado a la jueza de instrucción a determinar si en la difusión de los datos de los periodistas se produjo una infracción penal. En su auto, los magistrados subrayan la necesidad de «averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente divulgó los mismos».

El tribunal enfatiza que la ley establece que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado deben «guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones». Por tanto, los datos de los periodistas que un agente de policía recibió en un primer momento tenían un «indudable carácter reservado», y por ello mismo, se debe investigar si en la divulgación de los mismos existió infracción penal.

El criterio discrepante de la jueza de instrucción

Al estudiar el caso inicialmente, la titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid rechazó abrir una investigación contra el criterio de la Fiscalía, que sí consideraba que los hechos denunciados «podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos».

La magistrada consideró que la identificación de estos dos periodistas con nombre y apellido, así como su foto, tenía una «intrascendencia penal» y una «escasa o nula relevancia» en la afectación de la intimidad o esfera privada de quien ejerce su trabajo, dado que no incorpora «referencias añadidas a ámbitos íntimos, personales o confidenciales».

Al analizar el delito de revelación de secretos, que debe ser cometido por autoridad o funcionario público sobre secretos conocidos por razón de su cargo, la jueza afirmó que la «simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales» no puede «estar comprendido en el concepto de ‘secreto, dato o información reservada’, pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal».

El papel de la Fiscalía y las partes afectadas

La Fiscalía mantuvo su postura inicial y consideró que los hechos denunciados eran constitutivos de un delito de revelación de secretos. El PSOE, por su parte, presentó una denuncia ante la posible vulneración de derechos fundamentales y el uso indebido de información confidencial.

Los dos periodistas de El País afectados también presentaron una querella, argumentando que la difusión de sus datos personales sin su consentimiento y en un contexto de acusaciones graves constituye una vulneración de su derecho a la intimidad y podría poner en riesgo su seguridad personal.

Siguiente fase de la investigación

Ahora, la jueza de instrucción deberá practicar las diligencias pertinentes «a los efectos de la investigación de un posible delito de revelación de secretos por el querellado». Esto implica que deberá recabar toda la información necesaria para determinar si Miguel Ángel Rodríguez incurrió en un delito al difundir los datos de los periodistas, cómo obtuvo esa información y con qué finalidad lo hizo.

La resolución de la Audiencia Provincial establece que es «pertinente averiguar» toda la cadena de sucesos que condujo a la divulgación de la identidad de los profesionales, desde el momento en que el agente de policía les solicitó la identificación hasta la publicación de sus datos en el chat de periodistas.

Contexto político y mediático

Este caso se produce en un contexto de tensión creciente entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y ciertos medios de comunicación, especialmente tras las informaciones sobre la situación patrimonial de la pareja de la presidenta autonómica. La difusión de datos personales de periodistas por parte de un alto cargo político ha generado un debate sobre los límites entre la defensa de la imagen institucional y el respeto a la libertad de prensa.

Organizaciones de periodistas y colectivos de defensa de la libertad de información han mostrado su preocupación por este tipo de prácticas, advirtiendo sobre el riesgo que supone para el ejercicio del periodismo de investigación y la seguridad de los profesionales.

Tags virales: Miguel Ángel Rodríguez, Isabel Díaz Ayuso, revelación de secretos, periodistas El País, Audiencia Provincial Madrid, PSOE, libertad de prensa, acoso a periodistas, fraude fiscal Alberto González Amador, investigación periodística, datos personales, intimidad, Fiscalía, Juzgado de Instrucción 25 Madrid, chat de periodistas, agente de paisano, Comunidad de Madrid, polémica política, seguridad de periodistas, delito de revelación de secretos, debate sobre libertad de información, investigación sobre vivienda Ayuso, alta tensión política, derechos fundamentales, vulneración de intimidad, polémica mediática, escándalo político, presión a la prensa, periodismo de investigación, conflicto institucional, denuncia penal, auto de la Audiencia, reabrir investigación, contexto político tenso, protección de datos, periodismo amenazado, debate sobre límites, uso indebido de información, controversia institucional, presión política sobre medios, seguridad de profesionales, límites de la crítica, protección de fuentes, libertad de expresión, periodismo amenazado, debate sobre límites, uso indebido de información, controversia institucional, presión política sobre medios, seguridad de profesionales, límites de la crítica, protección de fuentes, libertad de expresión.

,