Gobierno aprueba plan anticrisis de 5.000 millones para contener el impacto de la guerra de Irán

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un paquete de medidas sin precedentes que supondrá un gasto y una reducción de ingresos para el Estado de 5.000 millones de euros con el objetivo de amortiguar el impacto económico de la guerra de Irán en el bolsillo de los españoles. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este escudo social como el más ambicioso de toda Europa, aunque ha lamentado que España tenga que destinar esta cantidad a paliar consecuencias de un conflicto sobre el que no tiene responsabilidad alguna.

«Rechazamos esta guerra ilegal, pero vamos a proteger a los ciudadanos de sus consecuencias», ha declarado Sánchez, visiblemente enfadado por el coste que la crisis energética y la inflación desatadas por el conflicto están teniendo en las arcas públicas españolas. El jefe del Ejecutivo ha sido especialmente crítico con quienes, según él, apoyan la guerra o se mantienen «de perfil» ante la situación, en una alusión directa al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

«Esos 5.000 millones que podríamos dedicar a becas, a sanidad, a dependencia, los vamos a dedicar a proteger a autónomos, al campo, a las pymes, a los trabajadores. Los que se ponen de perfil deben explicarlo», ha sentenciado Sánchez, subrayando que las guerras no solo cuestan vidas humanas y desplazamientos masivos -ha recordado que ya hay cuatro millones de personas refugiadas- sino también un impacto económico devastador que recae sobre países como España que no tienen ninguna implicación directa en el conflicto.

El plan, articulado a través de dos decretos ley, incluye una fuerte rebaja de impuestos y ayudas directas a sectores especialmente afectados. Entre las medidas más destacadas figura la prórroga de 90 días para la renovación de 600.000 contratos de alquiler que vencían en los próximos meses, lo que evitará subidas descomunales en plena crisis inflacionaria. Estos contratos, firmados a comienzos de 2021 cuando los precios estaban contenidos por los efectos de la pandemia, podrían haber experimentado incrementos de hasta el 40% sin esta intervención.

El Gobierno también ha establecido un sistema de control de la CNMC para garantizar que la reducción de impuestos a las empresas energéticas se traduzca efectivamente en una bajada de precios para los consumidores, aunque el resultado de este mecanismo aún es incierto. Además, se incluyen ayudas específicas para autónomos, agricultores, pymes y trabajadores, así como medidas para fomentar el ahorro energético y la transición ecológica.

Sánchez ha insistido en que España, gracias a las decisiones tomadas desde 2018 en materia de energías renovables y al crecimiento económico experimentado, resistirá mejor esta crisis que otros países europeos. «El precio de la energía en España ha subido un 15%. En Italia un 90%, en Alemania un 40%», ha explicado el presidente, ofreciendo datos concretos que ilustran la ventaja comparativa de la que goza España: el kilovatio se pagaba el sábado pasado 14 euros en España y más de 100 en Italia, Francia y Alemania.

El jefe del Ejecutivo ha recuperado el mantra de la pandemia -«saldremos más fuertes»- para dar épica al momento y ofrecer tranquilidad a los ciudadanos. «Nuestro país está mejor preparado que en crisis anteriores. El fuerte crecimiento económico, el rigor fiscal y nuestra apuesta por un modelo energético diferente hacen que hoy España esté mejor preparado para hacer frente a este shock», ha afirmado Sánchez, quien ha destacado que España concentró el 41% de la creación de empleo de toda la zona euro el año pasado.

El Consejo de Ministros, que estaba previsto que comenzara a las 9.30, se retrasó más de dos horas debido a un enfrentamiento interno entre los socios de coalición. Los ministros de Sumar coordinaron su estrategia y decidieron plantarse, exigiendo incorporar medidas adicionales en materia de vivienda y control de márgenes empresariales. Durante ese tiempo, los equipos negociadores de PSOE y Sumar, con Sánchez y Yolanda Díaz al frente, buscaron una salida política mientras los ministros esperaban en salas diferentes.

Finalmente, se llegó a un acuerdo para aprobar dos decretos separados: el principal, con las medidas estrella de rebaja fiscal y ayudas directas, y un segundo decreto específico sobre vivienda que incluye la congelación de alquileres. Sánchez ha dado por hecho que este segundo decreto será tumbado por Junts en el Congreso, aunque ha insistido en la importancia política de dejar clara la posición del Gobierno a favor de esta medida ante la circunstancia excepcional de la guerra.

La aprobación de estas medidas llega en un contexto de intensa presión por parte de Sumar, que llevaba meses pidiendo medidas más progresistas y veía con preocupación que un Gobierno de coalición aprobara solo reducciones de impuestos que podrían beneficiar principalmente a empresas sin garantizar una traslación efectiva a los consumidores. La discusión interna, lejos de debilitar la acción del Gobierno, ha sido presentada por Sánchez como un ejemplo de la «política del siglo XXI» que «le sienta muy bien a España».

El PP, por su parte, ha salido rápidamente a reivindicar como propias las principales medidas del plan, especialmente la fuerte reducción de impuestos. «Bienvenidos a la fachosfera», ha bromeado Miguel Tellado, secretario general de este partido, en una alusión irónica a la política económica que tradicionalmente defiende la derecha. Sin embargo, la disputa política sobre el origen y la autoría de estas medidas no ha impedido su aprobación, en un ejemplo más de cómo la crisis provocada por la guerra de Irán está obligando a todos los actores políticos a buscar consensos urgentes para proteger a los ciudadanos.

Con este plan de 5.000 millones, el Gobierno español se sitúa a la vanguardia de las respuestas europeas a la crisis energética y económica provocada por la guerra, demostrando una voluntad política de intervención masiva en la economía que recuerda a las medidas adoptadas durante la pandemia. Sánchez ha dejado claro que, aunque España rechace la guerra, no va a quedarse de brazos cruzados ante sus devastadoras consecuencias económicas, asumiendo un coste financiero sin precedentes para proteger a los más vulnerables y mantener la estabilidad social en un momento de máxima incertidumbre global.

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