El Gobierno de España aprueba dos decretos ley para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este viernes la aprobación de dos decretos leyes con medidas urgentes para proteger a los ciudadanos y la economía de los efectos de la crisis generada por el conflicto entre Israel y Hamás. Se trata de un paquete de 80 medidas que supondrán un coste de unos 5.000 millones de euros.

El Consejo de Ministros ha tenido que alargar su reunión tres horas por las discrepancias entre el PSOE y Sumar, las dos formaciones que sustentan el Ejecutivo. El partido de Yolanda Díaz ha exigido incluir una prórroga de los alquileres y un mecanismo para limitar los beneficios empresariales, algo que no ha sido aceptado por los socialistas. Finalmente, se han aprobado dos decretos diferentes, uno con medidas de carácter económico y otro con medidas de vivienda.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, Sánchez ha puesto en valor «la capacidad de diálogo y de acuerdo» del Gobierno en situación de discrepancia. «Eso da más legitimidad a las decisiones que se toman desde el poder Ejecutivo. No lo veo un problema, es un activo de este Gobierno», ha dicho.

El líder socialista ha lamentado que ese dinero no se destine a educación, sanidad o dependencia, y ha mostrado su enfado con la situación que hay en el mundo. «Cuando hay responsables políticos que se ponen de perfil y no dicen claro su rechazo a la guerra, tienen que explicar que ya 5.000 millones de euros es lo que vamos a tener que poner sobre la mesa», ha afirmado.

Sánchez ha señalado que el Gobierno «va a movilizar todos los recursos necesarios para proteger a los ciudadanos y ayudar a la economía». Y se podrían aprobar nuevas medidas si la evolución de la guerra es negativa.

En todo caso, el presidente del Gobierno ha dicho que España «está mejor preparada para hacer frente a esta crisis» con respecto a la situación que se dio tras la invasión de Rusia en Ucrania. «El fuerte crecimiento económico, el rigor fiscal y nuestra apuesta energética por un modelo diferente al de 2018 hacen que hoy España esté mejor preparado que casi ningún otro país de nuestro entorno para hacer frente a este shock energético», ha dicho. Y ha considerado que, tras la aprobación de estos decretos, España contará con «el mayor escudo social y económico de la UE». «Pero ningún plan, por ambicioso que sea, podrá neutralizar todas las miserias de esta guerra ilegal», ha concluido.

Entre las medidas aprobadas, destacan las siguientes:

– Una reducción de entre un 5% y un 20% del impuesto especial sobre la electricidad, lo que supondrá un ahorro de unos 1.200 millones de euros para los consumidores.
– Una rebaja del 20% del impuesto especial sobre los carburantes, que se traducirá en una disminución de unos 10 céntimos por litro en el precio de la gasolina y el diésel.
– Una prórroga de los contratos de alquiler por seis meses más, con el objetivo de evitar desahucios y garantizar la estabilidad de las familias.
– Un mecanismo para limitar los beneficios empresariales en sectores estratégicos, como la energía, la banca o la distribución, para evitar subidas abusivas de precios.
– Un plan de choque para impulsar el autoconsumo y las energías renovables, con ayudas y bonificaciones fiscales para los hogares y las empresas que apuesten por estas alternativas.
– Un fondo de emergencia social para atender a las personas más vulnerables, con un aumento de las becas comedor, las ayudas al alquiler o las prestaciones por desempleo.

El Gobierno ha justificado la aprobación de estos decretos ley por la urgencia y la excepcionalidad de la situación, y ha asegurado que se trata de medidas temporales y proporcionales. Sin embargo, la oposición ha criticado la falta de consenso y de transparencia en el proceso, y ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional si considera que se han vulnerado los derechos de los ciudadanos o las competencias de las comunidades autónomas.

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