El Gobierno Ajusta su Estrategia ante la Crisis Global: Sánchez Prioriza el Decreto Energético y Enfría la Agenda de Vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un giro estratégico en la gestión de la crisis internacional desencadenada por el conflicto con Irán, priorizando un decreto centrado en la protección energética y económica y dejando en suspenso, al menos temporalmente, la aprobación de nuevas medidas de vivienda en el marco del llamado «escudo social».

En una comparecencia institucional marcada por la gravedad del momento, Sánchez advirtió que España se enfrenta a «una de las mayores crisis de mi mandato», con un impacto socioeconómico directo sobre los hogares españoles. «No avalamos esta guerra, pero vamos a proteger a nuestra gente», subrayó el jefe del Ejecutivo, que insistió en que el Ejecutivo está inmerso en la gestión de una situación de «extrema complejidad» que requiere «respuestas rápidas y contundentes».

El Consejo de Ministros extraordinario convocado para este viernes aprobará un paquete de medidas destinadas a paliar los efectos del conflicto en Oriente Próximo. Sin embargo, el presidente ha dejado claro que el eje central de estas políticas será el sector energético, en línea con la apuesta del Gobierno por la transición ecológica y la autonomía estratégica de España. «Esta guerra vuelve a validar nuestra política energética», afirmó Sánchez, que recordó que el país ha crecido gracias a «planes que han hecho que España sea más resiliente».

No obstante, la inclusión de medidas de vivienda en el decreto ha generado una agria controversia entre los socios de la coalición. Mientras formaciones como EH Bildu, ERC, Podemos o Sumar consideran «inconcebible» que no se aborde la crisis habitacional —el principal problema para millones de familias—, otros como el PNV o Junts han mostrado una oposición frontal. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado que el sector socialista no incluirá medidas de vivienda en el decreto, alegando que se busca el «máximo consenso» y que no se pueden «diluir» las prioridades energéticas.

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha exigido la prórroga de contratos de alquiler y otras políticas de protección habitacional, advirtiendo de que su grupo confía en que el Gobierno «obre en consecuencia». Por el contrario, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha acusado al Ejecutivo de «jugar a la ruleta rusa» si insiste en incluir estas medidas, y Junts ha ido más allá, advirtiendo de que el uso de «chantajes» en torno a los desahucios podría hacer «salir mal» todo el paquete.

En este contexto, Sánchez ha mantenido un tono de unidad institucional, pero también de firmeza: «No perdamos la perspectiva de la gravedad. Estamos acordando un paquete para proteger a empresas y trabajadores. Y reformas para un sistema energético que permita afrontar crisis como esta».

La polémica sobre la vivienda, sin embargo, amenaza con tensar aún más la frágil mayoría parlamentaria del Gobierno, que deberá sortear las reticencias de algunos socios sin perder el apoyo de otros. Fuentes gubernamentales admiten que, de no alcanzarse un acuerdo amplio, el decreto podría sufrir retrasos o sufrir recortes significativos.

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